BREVE HISTORIA SOBRE EL SISTEMA PREVISIONAL ARGENTINO:

— Federico Glodowsky (@fede_glodo) 20 de diciembre de 2018

La reforma de la Ley de semillas. La privatización de la producción de alimentos

El martes 13/11, en el plenario de comisiones de agricultura, presupuesto y legislación de diputados, los legisladores que responden al gobierno firmaron el dictamen y avanzan hacia votar en el recinto una nueva Ley de Semillas.

¿Hasta dónde se puede extender el uso de patentes para obtener un rédito económico?

La reforma de la Ley N° 20.247 del 30 de marzo de 1973 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas busca introducir la figura del “Obtentor” al texto de ley. Así el productor que cree, descubra y/o desarrolle una variedad de semilla tendrá la exclusividad de disponer libremente del commodity, ya sea para comercializarlo directamente o cobrar regalías por la producción y comercialización realizada por terceros. La ley sancionada en el 73’ garantizaba el “uso propio” un mecanismo compensatorio que las empresas dejaron a los productores frente a la pseudo dependencia con las empresas comercializadoras que devendría de luego de implementada la norma.

El “derecho de obtentor” desplaza al otrora derecho de “uso propio” que tenían los productores, y que, de aprobarse la reforma de la ley se transferiría a las compañías agrotóxicas y grandes productores. Por medio de esa figura legal cualquier rasgo distintivo de una semilla es plausible de ser apropiado por las firmas. Cercenando la posibilidad a pequeños latifundistas y comunidades indígenas, de reservar parte de su cosecha para su reutilización en la próxima cosecha.

El Instituto Nacional de Semillas tendrá la “facultad exclusiva de fijar los umbrales mínimos de detección de tecnología que habilitarán la percepción de cargos por derechos de propiedad intelectual”, quedando exceptuados del pago: 1) Agricultores familiares que reúnen los requisitos previstos en la Ley N° 27.118 (Ley de reparación histórica, nunca reglamentada); 2) Pueblos originarios que en el contexto de prácticas de agricultura familiar o en un ámbito agrícola comunitario tradicional intercambien o vendan entre ellos semillas u otro material de propagación; 3) Agricultores que estén encuadrados en el ejercicio inmediato anterior en los parámetros de facturación que definen la categoría de Micropyme. Habilitando así, al titular del derecho de una variedad protegida a requerir el pago correspondiente a quien reserve y utilice semilla para su uso propio en cada posterior propagación o multiplicación.

En el artículo 10 prevé incorporar el inciso k) al artículo 87, lo que permitiría “Deducciones Especiales de la Tercera Categoría” de la Ley de Impuesto a las Ganancias, descontando los productores, una vez y media (1.5) los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Lo que implica que cuando un productor compre una bolsa de semillas, en importe correspondiente al “uso propio oneroso” va a poder descontarlo de lo que le corresponda pagar por Impuesto a las Ganancias. Si paga $1000 por regalías va a poder descontar $1500 de ganancias, desfinanciando al Estado y profundizando la regresividad de la estructura impositiva nacional.

                El sistema está basado en el incremento exponencial de las hectáreas cultivadas para el incremento a su vez, de ganancias empresarias que permitan justificar el presente sistema mercantil. No solo implica un modo productivo insustentable, sino que lo convierte esencialmente en un mecanismo frágil, vulnerable y autodestructivo. La constante superación del margen de renta extraordinaria que se puede obtener del suelo es el principal escollo que la ciencia biotecnológica patea año a año, burlando el curso natural del agotamiento del agua y de los suelos. La saturación de recursos aparentemente ilimitados o renovables, los transforma en extinguibles y por el desenfreno productivo, acaban como cualquier otro insumo subsumidos en la producción. Téngase por ejemplo el aire contaminado en las grandes metrópolis fabriles, cursos de agua, etc.

La reforma en la ley de semillas es un hecho transversal a todos los partidos políticos sin importar la procedencia ideológica. Ya que, basados en la visión positiva del crecimiento económico, los gobiernos encuentran muy atractiva la idea de aumentar las exportaciones con un mayor rinde, obtener ingentes ingresos del comercio internacional, aumentar las reservas internacionales de divisas en el Central, tener superávit externo y todas las promesas que las corporaciones enuncian a los partidos cuando buscan que les aprueben tales medidas. Medidas que, en última instancia, no hacen más que incrementar la brecha de poder que existe entre empresas y la política (y más aun las que se benefician de las necesidades básicas humanas).

El avance tecnológico también cimenta su razón de ser en una visión positiva, evocando la capacidad que tiene la ciencia de mejorar el bienestar humano. Pero como toda herramienta puede ser utilizada para crear o destruir. En 1973 los limitantes propios de las ciencias químicas y biológicas no hacían posible la mega diferenciación de las semillas que es posible hoy con los avanzados mecanismos técnicos.

Es el nacimiento de un mercado oligopólico desde su origen, ya que las 6 empresas que controlan el mercado de commodities son las que poseen a su vez los medios para investigar y desarrollar los mecanismos de diferenciación biológica que les permitan patentar una variedad particular de semilla. No se está en igualdad de condiciones y la competencia se tornaría inviable.

La soberanía alimentaria está lejos de ser una mera consigna de enfervorizados grupos de ultraizquierda que se oponen al avance del progreso social. Pese a la indiferencia ciudadana y al desconocimiento, el problema agroecológico afecta a todas las personas que consumen o alguna vez consumieron frutas y vegetales. No hace falta vivir cerca de las plantaciones de Maíz, girasol, algodón, soja, etc., para estar infectado con agrotóxicos. Los fertilizantes y pesticidas utilizados en la producción frutihortícola se impregnan en las cáscaras de las verduras y frutas que son ingeridas incluso en la pasiva ciudad.

No se trata de criminalizar a BASF, Bayer, Dupont, Dow Chemical Company, Monsanto, y Syngenta sino de balancear el poder apabullante que concentran, y que, sí busca criminalizar, perseguir y hostigar a pequeños productores y comunidades aborígenes que practican la agricultura de subsistencia y se sostienen gracias al desarrollo de sus propios medios de producción, mucho antes que la existencia del capitalismo.

La difusión de encuestas como modeladoras de la subjetividad

Argentina es un país que vive en permanente campaña electoral. Desde el 22 de noviembre de 2015, cuando se llevara a cabo el ballotage que dio como ganador a Mauricio Macri con el 51,34% de los votos, el país nunca dejó abandonó su condición proselitista. En parte por la necesidad oficial de construir y mantener legitimidad por medio de la propaganda y en parte por una historia de decepciones políticas que desacreditan el valor de la democracia, que, por su fragilidad y juventud, constantemente debe ser revalidada.

A poco más de un año para las próximas elecciones presidenciales de 2019, la difusión de encuestas que miden a precandidatos sin que ellos se hayan pronunciado al respecto, ya son moneda corriente. Algunas de esas encuestas dan como eventual ganador al mismo político que las contrata, pero otras dan como ganador o con buenas chances a sus adversarios. Ambas operan en el mismo sentido: sentar posición. Las positivas construyen una verdad que por lo general se termina validando en la opinión pública, mientras que las negativas buscan alertar a los votantes afines sobre la posibilidad de la vuelta de los que estaban antes y que “lo echaron todo a perder”.

Las encuestas del miedo parecen ser más que la contracara de la devaluada imagen del partido gobernante. Su difusión es acompañada por un relato que intenta modelar la intención de voto de los indecisos ante un escenario que aún puede ser peor de lo que es. No apelan a la razón, sino a las emociones y a la memoria del desagrado por lo anterior. Revivir viejos sentimientos de odio popular a antiguos gobernantes.

Todos son pasibles de medición. Desde el 9 de un equipo de fútbol de la B que se manifestó en contra del oficialismo, hasta funcionarios de primer rango que durante la semana descollaron por sus declaraciones de demagogia punitiva. Y luego, sobre esas mediciones, se operará mediáticamente.

Claro es que las encuestas no tienen como objetivo el convencimiento de los 2 tercios de votantes que ya tienen una posición política definida (polarizados entre sí), sino al tercio restante que, dada su volatilidad e indiferencia política, decide su voto a último momento en función de sus emociones, percerciones y prejucios y en ultima instancia termina definiendo elecciones.

El desafío de evitar el traslado a precios de la corrida cambiaria

La suba del dólar de la última semana dónde la divisa tocó $42 recuperó parte de la competitividad perdida por la aceleración inflacionaria del primer semestre. El gobierno puede capitalizar la situación actual, si sabe como administrarla en su favor.

Mientras los sectores más reaccionarios del liberalismo económico piden una profundización de los recortes estatales del gasto y eliminación de ministerios, para lograr la meta de déficit cero pautada para 2020 con el FMI, en 2019; algunos creemos que la salida es por izquierda.

Reimplantar los derechos a las exportaciones para todos los bienes primarios lograría generar hasta fin de año nuevos ingresos de divisas además de desacoplar los precios internos de los internacionales. Una medida win-win para el gobierno y para la sociedad. Si además se reestablecieran los acuerdos de precios con empresas petroleras el aumento de combustibles no se trasladaría a lo largo de la cadena de comercialización, puesto que la cerca del 90 por ciento del acarreo es por vía terrestre.

Los mayores ingresos en divisas no financieras traerían algo de tranquilidad para los convulsionados mercados que tuvieron bajas siderales en sus cotizaciones. El gobierno bien podría utilizar esas divisas para el pago de los intereses de la deuda, quitando presión al financiamiento externo que cada vez resulta más escaso.

Las fallas de mercado no se resuelven con soberbia y prepotencia o echándole la culpa de la carestía de dólares o la fuga a los 9 palos del corrupto de López, sino con voluntad política de cambio genuino. Tampoco se pueden resolver ineficientemente a costa del empobrecimiento de las mayorías, con un ajuste, que, además de ser procíclico reduce los ingresos de la gente y la recaudación (lo cual agravaría la preocupación desmesurada que tiene el Macrismo por el déficit fiscal).

Si bien es dudoso que se anuncien medidas heterodoxas para salvaguardar la competitividad actual del dólar en favor de la sociedad, la alternativa está en la mesa, depende de la muñeca política de Cambiemos tomarla o no. Si el gobierno fuese astuto desestimaría las acusaciones de filo Kirchnerismo y se aseguraría su continuidad en 2019.

La segunda financiarización. Los planes Económico-políticos del gobierno de Mauricio Macri.

           La primera financiarización de la economía tiene lugar con la aplicación del modelo rentístico-financiero durante la última dictadura cívico militar entre los años 1976 y 1983. Es dónde tiene su origen la liberalización de la economía nacional, el destrozo del aparato productivo y la especulación financiera que sentaron las bases de la inercia inflacionaria y la pobreza estructural que aquejan a nuestra sociedad.

Se puede vislumbrar que el modelo macrista se basa en 2 pilares fundamentales. Un plan económico basado en la especulación financiera y un plan político basado en la despolitización, directamente vinculado al primero.

            El plan económico tiene a su vez, 2 ramificaciones: el plan teórico y el plan real. El Teórico es el que se puede anunciar libremente y se publicita de manera abierta y desembozada en los medios afines. Consiste en sincerar las variables económicas mediante una actualización de los precios relativos de la economía nacional y bajar la inflación reduciendo el déficit fiscal, ya que, desde un punto de vista ortodoxo, el causal inflacionario se explica por la emisión monetaria que realiza el estado para financiar sus gastos. El problema es que la contrapartida de esos gastos son principalmente jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, sueldos de maestros, médicos, policías, obra pública, etcétera.

Cómo “la emisión genera inflación”, lo que el estado “debe hacer” es endeudarse en los mercados internacionales, esos dólares venderlos en el mercado de cambios (eso explica gran parte del atraso cambiario en la primera etapa del Macrismo) y ofrecer, además, una tasa de interés real positiva (que sea más alta que la inflación) para atraer capitales privados internos; para que no gasten provocando inflación y externos; para fortalecer el ingreso de divisas del exterior.

Está claro que la salida del cepo k (o el control cambiario impuesto en 2011, como quiera leerse) fue una salida obligada más que una gentileza económica de campaña, para dar lugar a un modelo de especulación financiera.

Las altas tasas garantizadas por las Letras del Banco Central impulsaron un traslado de capitales que se otrora se reinvertían en la producción real, hacia la economía financiera, como fondos que los bancos utilizaban para dar créditos productivos. Creando una bola de deuda que hoy supera la base monetaria (billetes y monedas en circulación). Ese endeudamiento interno de corto plazo (36 días) en pesos, hoy se está reconvirtiendo en otro instrumento financiero de mediano plazo (182 días) y en dólares: Letras del Tesoro. Muy inteligente por parte del mejor equipo económico en cambiar la denominación de la deuda a una moneda que argentina no produce, no controla y cada vez es más escaza.

A la vulnerabilidad que implica estar sobre endeudados, se le suma estar sobre endeudados en dólares. Una posible suba de la tasa de interés de la taza de los Estados Unidos provocaría una salida masiva de fondos hacia el país del norte en busca de mayor rentabilidad o menor riesgo.

                El real, es el que subyace en toda lógica de ajuste. La austeridad, el menor gasto y por ende menor consumo es lo que lleva a que los comerciantes no encuentren razonable aumentar los precios, así la inflación tendería a bajar ineluctablemente. Por lo cual, el salario real es el que tiene que bajar. Si se anunciara baja nominal en los sueldos sería un escándalo de proporciones, por lo que los gobiernos ajustadores dejan que sea la mismísima inflación la que erosione el poder adquisitivo.

Al dejar que los salarios pierdan ante la inflación el ajuste contractivo impacta en los niveles de actividad. Las empresas ya no necesitan tantos empleados porque venden menos y empiezan con el recorte en sus plantillas. La masa de desocupados hace que exista mayor gente que quiera trabajar por un sueldo menor, impactando también sobre los asalariados que se encuentran en actividad, que no van a poder aspirar como quisieran, a actualizaciones en sus ingresos, condicionados por un ejercito de reserva dispuesto a trabajar mas horas, con menos derechos laborales y a un precio más “competitivo”.

Estos menores salarios que los empresarios pagan por el trabajo son sinónimo de mayores ganancias. Es lo que se llama transferencia de ingresos o redistribución negativa. El plan real, es generar un negocio dónde antes no lo había. Hacer rentables los servicios, las tarifas y todos los aportes que el estado fijaba como salario indirecto mediante subvenciones.

                Lo político no es ajeno de lo económico y aunque a priori inconexo, el plan de despolitizar a la mayor parte de la población posible no hace más que dar cabida al plan económico y sus ramificaciones. El desencanto en los políticos, sentir que ningún político nos representa y que en la política son todos iguales busca liberar espacios de poder para que sean las corporaciones quienes los ocupen.

La corrupción del sistema público sea ésta cierta o parte de un relato mediático, es la que gesta el germen de la anti política. Al igual que ocurrió en los años 90’, el des-involucramiento ciudadano de la cosa pública allana el camino para que sea “el mercado” el que determine las políticas económicas.  

El éxito o no de los planes de gobierno estriba en la pasividad de estos afectados por el ajuste. Si al gobierno le va bien, el salario real de los trabajadores se verá reducido y las condiciones sociales empeoradas. Como dice Carlos Heller, el límite del ajuste es dado por la capacidad de resistencia de los ajustados. La segunda financiarización de la estructura económica argentina recién empieza y todavía estamos a tiempo de evitar la profundización y el desplome social.

El riesgo de la despolitización por desilusiones políticas

Si de discursos retrógrados y antagónicos hablamos, la discusión en el senado por la ley de interrupción voluntaria del embarazo estuvo plagada de ellos. No habiendo logrado la aprobación de la ley, algunos festejaron sobre la supresión del derecho de otros y no sobre la adjudicación para sí, de una nueva garantía civil que amplifica libertades. Hoy, lo que no tienen unos es sinónimo de algarabía de otros. Festejan y celebran la restricción de las libertades de otras tantas.

Las otras; las que a su vez ejercen la lucha de otras más que no pueden pelear por si mismas, no festejan. Apesadumbradas por el descontento que provoca la derrota política caminan al borde del descontento apolítico. Pero es así el juego de la democracia y ninguna lucha se gana de la noche a la mañana.

Aquellos argumentos anacrónicos y descontextualizados que tuvimos que escuchar democrática y republicanamente durante las sesiones parlamentarias son el fruto del corrimiento de la escena política de varias generaciones. El descreimiento político liberó el espacio para que sean los individuos con precaria formación intelectual sean los que se hicieran cargo de la representatividad de las mayorías. No quiere decir que aquellos representantes deban ser profesionales con un título de grado ni mucho menos, sino seres curiosos que investiguen o que al menos lean sobre lo que van a legislar y no voten como la senadora Cristina López Valverde alegando falta de tiempo para cumplir con su deber.

Los que piensan que una violación no ejerce violencia sobre la persona violada (Rodolfo Urtubey) o que el Estado no debiera hacerse cargo de la gratuidad por decisiones desacertadas de algunas (Maurice Closs), que sin maternidad no hay futuro (Esteban Bullrich) o anteriormente, que los bebés no buscados se pueden regalar cual perritos (Estela Mercedes Regidor Belledone), que se enterraba el futuro de la Argentina (Alfredo Olmedo) o que se iba a favorecer el tráfico de órganos de fetos (Ivana Bianchi), votaron defendiendo sus creencias y está bien que así sea, ya que por transitividad, debiera ser la creencia de sus representados.

El corolario del periplo abortivo es la victoria de los pacatos que apoyan la clandestinidad como alternativa a la anticoncepción. Deberemos aprender de ellos y entender que la solución también es estar a favor de la vida, estar a favor de la vida política, para no desilusionarse una vez que nuestros representantes voten restrictivamente y legislen nuestros derechos.

    

Las calles hay que ganarlas todos los días, no basta con salir una única vez. Hay batallas en cada espacio de nuestra vida ciudadana y es de imperiosa responsabilidad hacerse cargo políticamente de una realidad que nos interpela. Tomarla, entenderla y ver como podemos cambiarla para hacer una realidad mejor.

Si la discusión sobre el aborto sirvió para atraer a una multitud de chicas y chicos curiosos e inquietos a la vida política, bienvenida sea el rechazo a la ley para seguir militando por los ideales ya que tarde o temprano ley será.

El crédito del FMI y la guerra contra la inflación

El 18 de junio de 1971 el gobierno del republicano Richard Nixon en conferencia de prensa declaraba su “Guerra contra las Drogas”. El enemigo, inédito hasta entonces, una entelequia que apuntaba a los consumidores y no a los productores. El corolario fue la criminalización de los usuarios de drogas marginales y el consecuente aumento de los presos en las cárceles de todos los Estados. Política que fue luego profundizada durante la gestión de William Jefferson Clinton con nulos resultados en materia de consumo. 

Felipe Calderón inició en diciembre de 2006 la llamada “Guerra contra el narcotráfico” en México. Desde aquel entonces las víctimas ascienden a más de 150.000 y la cifra de desaparecidos superan las 30.000 personas. Quizá el caso más resonante y sorprendente haya sido el de los 45 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa. 

 La “Guerra contra el narcotráfico” en Colombia comenzó en los 60. Desde allí se ha librado una batalla descarnada entre los sucesivos gobiernos y las FARC que controlan el comercio de cocaína y marihuana a escala mundial. A pesar de los fondos destinados por Estados Unidos y Colombia en conjunto, Colombia sigue dominando el comercio por amplio margen, según un el Informe sobre estrategia internacional antidroga del departamento de estado de EE. UU. Las organizaciones colombianas de las drogas cultivan más de 70 por ciento de la coca del mundo y refinan, en términos generales, 90 por ciento de la cocaína del mercado internacional. 

La lucha contra la guerrilla colombiana se llevó la vida de numerosos civiles por parte del Ejercito, que hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate. Esto es lo que se conoce desde el 2006 con el nombre de Falsos Positivos. Se calcula que hasta ahora más de 5.265 vidas de jóvenes, hombres y mujeres de procedencia humilde fueron los “daños colaterales” de esta guerra sanguinaria. 

Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE. UU., George Bush hijo decide declarar su “Guerra contra el Terror” financiando económicamente la lucha armada contra células terroristas radicadas en medio oriente. 

 Los ataques a comunidades musulmanas en Irak y Afganistán no lograron desarticular a Al Qaeda y contribuyeron a la radicalización de la violencia generando nuevos grupos armados como el ISIS. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, del 2005 en Londres, contra la revista Charlie Hebdo en 2015 en Francia, en Niza, en el teatro Bataclan y Masacre de la discoteca Pulse de Orlando en 2016, son sólo algunos ejemplos de rebrotes terroristas que se llevaron vidas inocentes. 

En la gráfica se muestran los ataques terroristas a nivel mundial. Se puede observar la escalada de violencia desde la era Bush hubo poco más de 1,000 en 2004, pero casi 17,000 en 2014 alcanzando un pico histórico. Trágicamente, el terrorismo dejó de ser una entelequia para pasar a ser una amenaza cierta. 

“El método de lucha contra la inflación que es efectivo” sostuvo el ministro de finanzas Nicolás Dujovne en una entrevista concedida al diario El Tribuno de Salta en 2017. El discurso belicista fue repetido por el ministro en la conferencia que anunciaba el acuerdo con el FMI el pasado jueves 7 de junio. El gobierno viene librando una suerte de “Guerra contra la Inflación” en la que está dispuesto a reducir violentamente el gasto público en pos de reducir el déficit y la inflación. 

En la conferencia del acuerdo con el fondo, el saliente Federico Sturzenegger ratificaba su convencimiento en el diagnóstico del problema central de la economía argentina: “Creo que no es necesario explicarle a los argentinos por qué es importante bajar la inflación. Probablemente haya pocas cosas en la política económica que al mismo tiempo permitan bajar la pobreza y estimular el crecimiento como la baja de la inflación”. 

Severo en su afirmación, no se preguntaba el exministro por qué a pesar de 3 años de gobierno con una reducción sustantiva del déficit público no se ha logrado ni bajar la pobreza (29% para fines de 2018 según los analistas) ni generar el crecimiento prometido; anunciado en 0,5% para fin de año. Cabe preguntarse si el enemigo público declarado, es realmente el culpable de los males que aquejan a la economía nacional o hay que indagar en causas estructurales. 

El crédito del FMI viene sobre todo a consolidar una política monetaria implementada por Mauricio Macri desde el minuto cero. Va a resultar casi imposible salirse del esquema impuesto de reducción del déficit actual, ya que hacerlo, implicaría un cambio en la tasa variable del Stand By, encareciendo el préstamo o una suspensión en el giro de esos capitales. 

El préstamo que viene entre otras cosas, a salvar la política indiscriminada de emisión de LEBAC; demostrando no otra cosa, sino que el fracaso ineluctable de una política fallida desde el primer momento, al menos en términos inflacionarios. Se esperaba que la fabulosa tasa de las Letras generara la contracción necesaria en el consumo para que los precios abandonaran su escalada, pero eso nunca se materializó. El consumo se redujo, pero no así el nivel general de precios. 

El ajuste contractivo siempre ha sido la estrategia dominante en el pensamiento ortodoxo para “luchar” contra la inflación. Otra vez la entelequia en lugar de actores sociales. No son las empresas formadoras de precios que concentran la producción, la distribución y comercialización de los alimentos, las que originan los incrementos de precios. Sino una auto sustentada inflación que oficia como causa y efecto; cuando en realidad es sólo consecuencia. 

Teniendo en cuenta las políticas de enfoque en el efecto y no en las causas, es dudoso que la guerra contra la inflación que está librando el gobierno, logre reducir la pobreza como apuestan los funcionarios y no termine en cambio, engrosando las estadísticas de pobreza, empeorando la calidad de vida de millones de argentinos. 

Cárceles atiborradas de pobres, civiles muertos en ataques callejeros perpetrados por lobos solitarios y mayor inercia inflacionaria. Otra vez una política pública fallida, otra vez el error de un gobierno que no se permite trepidar en su diagnóstico, matando el perro para terminar con la rabia.

La dolarización encubierta

Federico Glodowsky, @fede_glodo.

El “Supermartes” significó un voto de confianza de los mercados hacia las políticas económicas del equipo económico. Con una renovación del total del stock de LEBAC y ingreso incluso de nuevos tenedores, el gobierno recibió un espaldarazo de fuste. Una suerte de victoria política similar a la de las PASO 2017, que ratifica el rumbo y los objetivos de fondo de las decisiones del ejecutivo.

El Supermartes marco un punto de inflexión en la política argentina. Las fuerzas de poder volvieron a invertirse y la economía volvió a determinar los destinos de las políticas públicas. Cuando se carece de planes de gobierno, se libera espacio para que sea el mercado el que se ocupe de la gestión.

En septiembre del año pasado se eliminaron los acuerdos de precios liberando el mercado de los combustibles, los precios pasaron a depender de la oferta y la demanda, no interna, sino la internacional. Dejaron de ser relevantes los automovilistas, los transportistas, los fleteros, los colectivos de larga distancia, todos los argentinos que utilizan combustible para calefaccionarse y cocinar y hasta los productores agropecuarios que utilizan combustible para sus maquinarias, quienes deberán pagarlo, ahora, a precio dólar.

Desde la desregulación, el precio de la nafta aumentó un 29%. En menos de un año el incremento superó a cualquier paritaria acordada y a cualquier índice de precios. Desde la Cámara de Empresarios del Combustible todavía prevén un aumento del 20% para lo que resta del 2018.

En noviembre de 2017, la secretaría de comercio del ministerio de Producción, mediante la Resolución 898-E/2017 el gobierno eliminó las licencias para la importación de artículos electrónicos. Si bien esto implicaría, a diferencia de la desregulación hidrocarburífera, una baja en los precios de los bienes importados, por el momento, poco se tradujo a precios y parece más haber ido a engrosar la rentabilidad empresaria. Por otro lado, con el último salto del dólar a $25, las listas de precios de las cadenas comercializadoras también debieron ajustarse.

Los electrónicos de producción nacional son los principales perjudicados con el combo devaluación, quita de subsidios y eliminación de barreras protectoras. Aquí el traslado a precios representa un aumento considerable en el precio final de los bienes.  Medidas que no encuentran demasiado justificativo económico cuando se analiza el costo social, el impacto en términos de empleos argentinos y aumento de la pobreza.

En el sector industrial sucede algo similar. En línea con los tratados de libre comercio que impone la OMC, Comercio decidió mediante la Resolución 5-E/2018  a principios de año, dar de baja 300 licencias no automáticas que protegían a los productores locales de la importación de productos como laminados de acero, aluminio semi elaborado, polipropileno, poliestireno, PVC e hilados de algodón. Ahora los sectores implicados producirán en desventaja en el mejor de los casos o deberán cerrar sus Pymes en pos de la eficiencia económica y la “desburocratización” del Estado.

Para cuando a fines del 2018 se elimine por completo la obligación de otorgar ">de “financiamiento para la producción e inclusión financiera” de acuerdo a la ">disposición del BCRA, muchas Pymes verán cercado el camino para continuar funcionando, debiendo competir con precios imposibles de países con costos insignificantes.

Las retenciones a las exportaciones cumplen la función de desacoplar los precios internos de los externos, cobrando un impuesto que hace menos rentable vender afuera y deja indiferentes a los empresarios acerca de dónde venden su producción. Con precios internacionales más altos y en dólares, resulta más que tentador colocar la mayor parte de la producción en el extranjero. El resultado es un mercado desabastecido y/o con precios al mismo nivel que se paga por el producto en el extranjero.

En diciembre de 2016, mediante el Decreto 1343/2016, el gobierno eliminó los derechos de exportación para casi todos los productos exportables y bajó 5 puntos el de la soja y sus derivados, del 35 al 30 por ciento.  Eliminó los derechos de exportación para bienes industriales mediante el Decreto 160 de 2015 y para la minería mediante el Decreto 349/2016.

Las economías que dolarizan parte de su excedente económico presentan una relación de largo plazo positiva entre fuga de capitales y su nivel de ingresos. Históricamente Argentina ahorró en dólares y dado que en la macroeconomía ahorro es igual a inversión, las rentas que devengan esas inversiones deben ser suplidas con un monto de pasivos externos creciente que asegure las divisas necesarias para, nuevamente, ser fugadas del sistema económico. Un bucle sin final. En tal sentido, 2018 va camino a convertirse en un año récord, en el que los argentinos más dolarizaron sus ahorros.

Llevar todos los precios al nivel del dólar implica relegar un grado de libertad en materia de independencia económica y constituye un factor adicional en materia de volatilidad interna. En 2008 no estar “integrados al mundo” nos preservó de los efectos devastadores de la crisis Subprime comparado con economías más integradas globalmente.

Hoy volvimos al mundo no solo comercial sino financieramente, pero de la peor manera; rematando espacios en el entramado económico nacional, que ya estaban ocupados, aunque con dificultad, por actores locales, que se encargaban de generar cientos de miles de puestos de trabajo.

Como resulta prácticamente imposible bajar salarios nominalmente, es decir, reducir el número en el recibo de sueldo, se ha venido dando una baja real, o sea, modificando los precios relativos al salario. En noviembre de 2015 el sueldo mínimo era de US$ 590, el más alto en Latinoamérica. En menos de tres años se redujo en un 35% a US$ 385, producto de la transferencia de ingresos del sinceramiento de la economía y la dolarización de los precios de su mercado interno.

El apuro del acuerdo con el FMI en la dinámica del ajuste

Históricamente Argentina recurrió a los mercados externos para justificar las decisiones de política interna. Desde la primera deuda de Rivadavia en 1822 para justificar el reparto de tierras hasta el reingreso del FMI 196 años más tarde.

El 18 de agosto de 1822 es aprobado un proyecto para la contratación de un empréstito que habría de colocarse en Londres, por un monto de 15 millones de pesos: La primera deuda patria. Pero recién el 27 de octubre de 1825 el gobernador Las Heras pudo llevar a cabo la operación. Estableciendo, en el artículo quinto:

“Como garantía, quedan especialmente hipotecadas al pago del capital e intereses de la deuda nacional, las tierras y demás bienes inmuebles de la propiedad pública, cuya enajenación se prohíbe en todo el territorio de la Nación, sin precedente autorización del Congreso”.

Mauricio Macri vuelve hoy a tomar un crédito con el Fondo Monetario Internacional entregando la soberanía política. No es la distribución de la tierra lo que sustenta el acuerdo, sino la distribución de la riqueza. La marcha del ajuste se vio estancada en el ultimo año, por decisiones judiciales, oposición en el congreso y manifestaciones masivas en la calle. El círculo rojo le pide al gobierno que abandone el gradualismo y aplique el ajuste necesario para bajar la inflación y reducir el déficit fiscal.

El apuro no está tanto en el próximo mega vencimiento de las LEBACS del 16 de mayo, pero está relacionado. Conforme vayan pasando los meses y los intereses de la deuda incrementen su peso como porcentaje de PIB, la desconfianza de los inversores irá, a su vez, en aumento, provocando eventuales bajas en la calificación de la deuda o mayores tasas de interés. Comprometiendo incluso, la aprobación de futuros créditos.

Si bien el gobierno tiene las reservas suficientes para afrontar el pago de las Letras del 16 de mayo en caso de que no renueven (aproximadamente la mitad del stock de reservas), es imprescindible lograr cuanto antes una fuente de dólares con mira a un 2019 con elecciones presidenciales.

La consecución de una redistribución regresiva del ingreso iniciada en 2015 no puede llevarse a cabo sin el apoyo de los organismos multilaterales de crédito. La credibilidad del gobierno en la sociedad se deteriora día a día y los justificativos para implementar el ajuste se agotan. La voluntad política no encuentra los vericuetos sociales para generar toda la transferencia de ingresos que le gustaría, por eso resulta imperioso generar un acuerdo que implique entregar la independencia económica que argentina supo conseguir después del 2005.

¿Por qué el gobierno no puede bajar la inflación?

El gobierno no puede bajar la inflación básicamente porque el gobierno no determina de forma directa el nivel de inflación. Ésta es una consecuencia de un fenómeno multicausal que requiere un abordaje similar para su reducción.

El equipo económico ha puesto el foco en la emisión monetaria como disparador de los aumentos de precios, argumentando que la expansión de los depósitos genera un mayor consumo que empuja los precios al alza. Esto es así y se verifica empíricamente, aunque el razonamiento explicado sólo desde el lado de la demanda es incompleto. Falta, en dicho argumento, una pata clave en la determinación de dichos aumentos: los formadores de precios en la cadena de comercialización. Es la oferta de bienes y servicios la que termina de explicar las causas reales de la inflación.

El gobierno peca de ingenuo o se encarga de obviar de forma deliberada en su relato, la cuestión de los formadores de precios. A decir verdad, la concentración en la cadena de comercialización ha ido aumentando indistintamente del color y signo del partido político de turno.

Es aquí donde reside la causa de la consecuencia que es la inflación y, por ende, donde debieran estar enfocadas las políticas económicas que buscaren amainarla. Pero dado que el gobierno de Mauricio Macri no es especialmente afectó a la desmonopolización de la cuestión empresaria, es poco probable que la puja distributiva entre salario y capital como base estructural de la inflación sea abordada y resuelta.

Una ley anti-cartelización, como la que aprobara Estados Unidos en 1914 sería esencial para combatir de raíz la inflación que tiene el país. La ley Clayton vino a complementar la ya aprobada ley Sherman de 1890. Regulando la discriminación por precios, conductas anticompetitivas y fusiones y adquisiciones que tendieran a la monopolización. De esta forma, EE. UU. logró balancear la asimetría de poder entre los sindicatos y las empresas a la hora de negociar salarios. Así, el salario, que es el precio del trabajo, no podía ser fijado de manera tan unilateral por las firmas, empoderando a los trabajadores en su determinación.

De manera similar, una ley anti-cartelización se podría implementar en Argentina para que consumidores y grandes cadenas de comercialización encuentren un equilibrio razonable sobre los precios que se establecen en las góndolas. Pero ello implica, como en Estados Unidos, la participación e involucramiento del Estado. No fue el mercado, en aquel entonces, quién mejoró las condiciones de los trabajadores, sino una decisión política económica decidida a terminar con una condición desfavorable para los asalariados.

La promesa de bajar la inflación se diluyó durante el último año del gobierno de Macri, ya que el peso de los intereses de la creciente deuda revirtió las prioridades económicas y la necesidad de evitar el colapso del sendero explosivo por el cual se está transitando pasó a encabezar la lista. Es por ello por lo que se autorizaron nuevos despidos en la administración pública y nuevos aumentos de luz, gas y transporte. Que implican la reducción de una gran masa de subsidios que compensaban la brecha entre el costo y la tarifa final de los servicios.

El consenso de la mayoría de los economistas y comunicadores sobre la gravedad de la dinámica del endeudamiento pone en alerta al gobierno, que vuelve a poner en marcha el ya conocido ajuste. Intentando resolver el déficit autogenerado, a costa de mayor inflación.

Fake News – Su propio límite. Memoria verdad y justicia

Es evidente que en el gobierno de “las formas” ningún detalle es librado al azar y menos cuando se refiere a lo comunicacional. Es falaz, que el gobierno de Mauricio Macri no sabe comunicar o no comunica bien, un caballito de batalla extendido y repetido por quienes justamente por aquellos comunicadores que sintonizan políticamente con la gestión.

Pero el sostenimiento de las noticias falsas encuentra un límite natural. Un límite que no tiene que ver con la capacidad comunicacional como se pregona, sino con un limite ideológico. Al gobierno se le dificulta y no puede mentir respecto de su pensamiento más profundo, de lo que hace a una concepción política y de su verdadero proyecto político y social. En éste punto, el gobierno busca ser determinante y rotundo: Su desprecio a la política de derechos humanos.

Su deliberada ridiculización a referentes y organismos que luchan por el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad se mezcla con una perversa política reivindicatoria y profundamente simbólica del genocidio de estado. No es casual que se de a conocer una lista con participes de la represión, candidatos a recuperar la libertad justo por estas fechas. Tampoco es aleatorio que se extienda la idea de que pueda ser liberado Alfredo Ignacio Astiz, que se le otorgue la domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz (pese a que la justicia diera marcha atrás) o que se recorte el financiamiento a los programas de memoria. En suma, todo ello busca “acercarnos” y achicar la grieta, busca que los argentinos de una vez por todas “perdonemos” y nos demos la mano los unos a los otros. Lo que no se nos comunica, es que, del otro lado de la grieta, algunos tienen las manos manchadas de sangre.

Fake News - ¿Hasta cuando se sostienen?

La incesante influencia mediática sobre las percepciones individuales de la economía genera un optimismo casi constante cuando el contexto apremia. Cuando son los grupos concentrados o dominantes, los que se benefician con determinadas políticas que favorecen la transferencia de ingresos de los asalariados, es común ver una defensa irrestricta a los funcionarios de turno. Pasó en los 90’ y pasa ahora. El aparato mediático no sólo no es ajeno a los intereses del sector financiero, sino que se inmiscuye hasta el punto en el que es difícil escindirlo del capital globalizado. ¿Qué empresas son argentinas y cuáles no?  ¿Cómo distinguir los límites de propiedad cuando las fronteras financieras son deliberadamente difusas?

En 2007, Néstor Kirchner permitió la adquisición de Multicanal por parte de Cablevisión, consolidando un multimedio con el 47% de la participación en el mercado[1]. Durante cierto tiempo, Cristina tuvo el visto bueno del grupo hasta que las rispideces con el campo le valieron de numerosas tapas en contra hasta culminar con la ley de medios en 2009.

En 2017, Macri aprueba la fusión de Cablevisión y Telecom, conformando un holding que concentra el 38% del mercado de TV por cable, 68% de los servicios de banda ancha fijos (Fibertel y Arnet), 39,5% de la banda ancha móvil, 40,9% de la telefonía fija y 30% de la móvil (Personal y Nextel).[2]

¿Se asegura así el gobierno, un apoyo incondicional a todas aquellas medidas impopulares que tiendan beneficiar a aquellos sectores concentrados de la economía?

¿Hasta cuándo se sostiene el ajuste, la información retaceada o las Noticias Falsas? Muchos coinciden en que eso depende de la capacidad de aguante del ajustado o del desinformado. Yo creo que está más en consonancia con el optimismo propendido desde los medios afines (económicamente hablando) al gobierno y del grado de satisfacción gubernamental, a sus requerimientos.

La inversión ideológica se realiza desde el discurso mediático, haciendo creer que “las cosas van a mejorar en el futuro” y que dicha situación social beneficiosa es inherente a la continuidad gubernamental. Cuando en verdad los asalariados están soportando el peso de una trasferencia de ingresos descomunal. Es el caso opuesto cuando el contexto social es el favorable, cuando el salario crece por encima de la inflación, cuando los jubilados conservan poder adquisitivo y cuando las tarifas de servicios no horadan la capacidad de compra de las familias.

Por eso cabe preguntarse: ¿Cuánto poder estará dispuesto a ceder Mauricio Macri en pos de asegurarse la gobernabilidad durante el resto de su gestión?

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[1] https://www.lanacion.com.ar/969301-el-gobierno-autorizo-la-fusion-de-multicanal-y-cablevision

[2] http://www.telam.com.ar/notas/201712/233091-fusion-telecom-cablevision-internet-cuadruple-play-que-significa.html

LA DESPOLITIZACIÓN EN LA ERA MACRISTA

A partir del 2010 con la muerte de Néstor Kirchner, se había despertado en la juventud argentina la curiosidad por la participación política. Un fenómeno similar al reverdecer democrático de los años 80, en los que un aluvión juvenil se había volcado a la militancia con la convicción de construir un mejor país.  

Horadado por el asedio mediático, el enamoramiento inicial empezó a esfumarse para, en 2015, darle paso a un gobierno de signo político opuesto.

La familia Macri siempre estuvo asociada con la construcción de obra pública que le otorgaba el estado y desde que asumió la primera magistratura, las empresas que le pertenecían él o las que eran propiedad de sus amigos, se vieron beneficiadas con licitaciones públicas para la construcción de obras.

Pero la administración Macrista no solo vino a hacer negocios a costa del estado, su objetivo ulterior sigue siendo reinstalar la despolitización que reinaba en los años 90, en los que un clima aparentemente aséptico de tintes partidarios era el garante del republicanismo argentino.

La anti política mediática batalla a capa y espada, como lo hacía entonces, para proteger a los funcionarios que otorgan negocios a privados. La movilización popular es demonizada y denigrada hasta el hartazgo y reprimida en caso de ser necesario. Los medios opositores son silenciados con la quita parcial o total de pauta oficial mientras los medios amigos son premiados con aumentos, cesiones de licencias o autorización de fusiones.

Esta vez, la despolitización va más allá de un mero rasgo o una consigna que caracteriza a la administración de turno, es un nuevo paradigma que busca censurar la politización permanente de la que el Kirchnerismo usufructuó por tanto tiempo. Néstor y cristina se sirvieron de la polarización que generaba la interpelación constante para construir poder y gobernar.

En el paradigma despolitizador, el hartazgo es la norma y la vuelta del “que se vayan todos”, la meta. Su objetivo final es cederle la gobernancia del país a las corporaciones (que a diferencia de los 90’, ésta vez llegaron al poder) y que quien gobierne sea la mano invisible del mercado.

La consolidación de una Plutocracia a la EEUU tiene graves efectos no solo redistributivos, sino de libertades individuales. Conforme sea su avance, veremos limitado el derecho de expresión, manifestación y acceso libre a la información.