El ajuste en los subsidios: más mercado y menos estado

El presupuesto de 2018 viene de la mano de un ajuste real del gasto de gobierno en casi todos los ministerios excepto en cuatro: Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social con un incremento del 22,3% en términos nominales; Ministerio de Desarrollo Social con un incremento del 21,2%, Educación 21,9% y los Servicios de la deuda pública, que se incrementan en un 28,2% respecto del 2017. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minería experimentará una reducción del 19,5% del total del gasto público.

El gobierno efectuará una erogación de $203.350 millones en términos de subsidios, un 13,2% menos que lo presupuestado en 2017. Como porcentaje del PIB, el gasto en subsidios pasará del 2,3% actual al 1,6% para el año que viene. La reducción se explica principalmente por un menor monto destinado a mantener las tarifas energéticas, con una reducción de 16%.

Si hay algo que el gobierno tiene claro, es que debe bajar el nivel de inflación para que ésta no licue las ganancias del carry trade que se obtienen por un dólar prácticamente fijo. Es el único Plan Económico del gobierno, por lo que se pivotea sobre el consumo que realizan los hogares como variable de ajuste. Si se espera una caída real de 36,7% del total de subsidios, teniendo el promedio de inflación presupuestado (15,7%), ¿cuánto debe ser el aumento en las tarifas para compensar la disminución de los ingresos de las empresas de servicios públicos? (incluso sin mencionar los aumentos de segunda ronda)

Ello suponiendo que hay un apego total en la ejecución de las partidas presupuestarias. Pero teniendo en cuenta que en el acumulado de los primeros 8 meses del 2017 el gobierno ya gastó lo presupuestado en 2016, es de esperar que los montos de las reducciones se incrementen, dado que se estará subestimando lo gastado en el corriente.

Los subsidios en tarifas de servicios públicos son a la vez un salario indirecto: aumentan la cantidad de ingreso disponible que las familias canalizan como consumo, motorizando la demanda. Una política que los Estados tienen para asistir a las familias en los gastos diarios. Por lo que la reducción de 35 mil millones de pesos en subsidios pautada para 2018, será una reducción directamente proporcional en el ingreso disponible de las familias.

Con esta medida, el gobierno del presidente Macri pone de manifiesto su inquina frente al intervencionismo (siempre que no implique directamente un negocio para grupos privados). Basado en la idea liberal de que el Estado genera distorsiones cuando interviene en la determinación de los precios relativos de la economía (y no que puede solucionar distorsiones preexistentes, posibilidad que no es siquiera considerada por el Gobierno).

Si tomamos por separado el caso del transporte, la reducción real del gasto público para dicha cartera es del 22% para el año 2018 y 20,7 en términos de subsidios. Teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad de los trabajadores registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires residen en el Conurbano bonaerense, teniendo que movilizarse grandes distancias para concurrir a sus puestos de trabajo, el impacto social de dicha reducción será un duro golpe al bolsillo. A diferencia de carecer de gas, luz o agua, que hacen a la reproducción privada (e invisibilizada) de la fuerza de trabajo en esos hogares; carecer de transporte implica la posibilidad de asistir o no a un empleo formal – la alternativa en caso de no poder pagar el transporte es, entonces, una changa o el desempleo -.

Breve repaso histórico de las tarifas

El gobierno recibió una carga importante en cuanto al rezago de los precios en las tarifas de los servicios públicos. Esto ahora le sirve como argumento de un relato anti estatista: si el estado intervino e hizo desajustes, dejando actuar al mercado libremente los desajustes van a volver a equilibrarse. 

El 6 de enero de 2002 Duhalde sancionó la ley de Emergencia pública y reforma del régimen cambiario, pesificando y congelando el precio de las tarifas. A medida que el crecimiento de la economía fue avanzando en 2003 luego de la crisis, de la mano del mercado interno las empresas solo cubrían los costos operativos - cuyo precio era menor al de los costos medios para brindar el servicio -. Para evitar tener que aumentar las tarifas y su impacto negativo sobre un consumo que recién comenzaba a recuperarse, se implementaron una serie de subsidios con la finalidad de garantizar la rentabilidad que el congelamiento tarifario no brindaba. Aquella decisión de política económica obedeció a la lógica distributiva del salario indirecto. Sin embargo, sus mecanismos de control fueron débiles (por no decir inexistentes).

En general, la tarifa debe permitir la recuperación económica de los costos y la remuneración de los activos esenciales (lo que se conoce como Base Tarifaria) más una tasa de beneficio “justa y razonable”. Al ser un servicio público, el Estado debe decidir si la autoriza o no.

En 2005 una de las mayores peleas del ministro de economía Roberto Lavagna con Néstor Kirchner fue la discusión en torno a la actualización de las tarifas estancadas. Roberto Lavagna sostenía que la no revisión de las tarifas sería un problema a futuro. Luego de tensiones, el funcionario salió eyectado del ministerio de Economía.

Si bien durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner hubo ‘sinceramientos’ tarifarios, resta saber cuál fue el mecanismo de actualización y la fórmula utilizada: pese a esos incrementos, el monto de los subsidios nunca dejó de crecer, permitiendo deducir que aún estaban rezagadas respecto del resto de los precios de la economía.

La realidad es que el Estado no obró mal al intervenir, sino que obró mal al intervenir mal. El gobierno de Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández de Kirchner después, utilizaron los subsidios para mantener planchadas las tarifas artificialmente y con el correr del tiempo la falta de actualización para no generar descontento social, volvió el rezago acuciante. 

La calidad del servicio como determinador de la cantidad de servicio

Como todos los bienes públicos, los servicios tienen la característica de tener “efectos en red”: es decir que su utilidad depende del número total de consumidores o usuarios que hacen uso del mismo. En otras palabras, cuanto mayor sea el número de personas que utilicen el servicio, mejor puede ser la calidad prestada por la empresa administradora. De modo tal que al incrementar su costo se restringe la demanda de usuarios, afectando la calidad del servicio indefectiblemente. Tal como argumentaba el leitmotiv de la fiesta privatizadora de los 90: “el servicio andaba mal, el Estado intervino y siguió funcionando mal, el estado dejó de intervenir y el servicio no mejoró. El Estado tomó la acertada decisión de vender su empresa de servicios públicos a inversores privados”.

El hecho central es que, durante la mayoría de (o todas) las privatizaciones, el servicio no mejoró por estar en manos privadas, sino que se redujo a su mínimo indispensable (léase rentable) y muchas empresas fueron vaciadas y sus activos liquidados. Ese fue el caso de Aerolíneas, YPF y los servicios de telefonía, gas, agua y ferrocarriles.

Hoy estamos muy lejos del panorama de aquel entonces. El consenso social ya no es tan fácilmente manipulable y el consenso político no es tan unilateralmente dominable. Pero no deja de ser una advertencia, en momentos en que es voluntad manifiesta del Poder Ejecutivo el desfinanciamiento de las políticas públicas. Las consecuencias de la desregulación de aquellas empresas que cumplen un rol social (más que un rol comercial), son bien conocidas por los argentinos. Por eso, no podemos perder de vista el avance de las prácticas de mercado sobre el patrimonio nacional.

Las reformas laborales en el mundo y en Argentina: la productividad como excusa para precarización. Por @fede_glodo https://t.co/f4kAD8Vukl

— El Caminante Quilmes (@ElCaminanteWeb) 2 de octubre de 2017

Las reformas laborales en el mundo y en Argentina: la productividad como excusa para la precarización

Un nuevo paradigma en materia de regulaciones del trabajo empieza a imponerse desde los organismos internacionales más ortodoxos, que pos crisis de 2008 vuelven a adquirir fuerza en la determinación de la política económica de los países miembro. La desregulación del mercado laboral se convierte en la norma para lograr aumentar las ganancias empresariales en detrimento de los derechos de los trabajadores.

La reforma laboral en Brasil

El 11 de julio de 2017 el gobierno de Michel Temer en Brasil logró aprobar una ley de reforma del mercado de trabajo - léase “de mega-flexibilización” -.

Sintéticamente, la ley elimina las convenciones colectivas de trabajo para que cada empresa negocie contratos directamente con los trabajadores. Esto supone un poder de negociación equivalente entre esas dos partes que no es tal en la realidad: permitirles negociar en desigualdad de condiciones podría implicar una precarización mayor en las condiciones de trabajo.

Además, en la ley se aprueban períodos de vacaciones más fragmentados, se amplía formalmente el plazo de la jornada hasta 12 horas diarias, se dispone que el tiempo de transporte no se computará como parte del día laboral, se reduce el tiempo de descanso, se incluye a las mujeres embarazadas como parte de la fuerza laboral activa y se avalan los despidos sin beneficios indemnizatorios. El riesgo en el trabajo es asumido por los trabajadores sin responsabilidades para los empleadores, con un marcado desamparo estatal en los reclamos laborales.

¿Es esto el prolegómeno de una eventual reforma en los derechos laborales de los trabajadores argentinos? ¿Cuál sería el grado de aplicabilidad de tal medida? ¿Qué traerían aparejado dichos cambios? Para no hacer futurología, lo más sensato es mirar cómo está el panorama global en la materia, ya que resultaría extraño que Brasil aplicara una medida tan anti-obrera unilateralmente.

Las reformas laborales en Francia y Chile

En Europa hay un cambio de paradigma radical en favor de las corporaciones. Contratos de cero horas, extensión de las jornadas, menos vacaciones y despidos baratos y sin obstáculos. Por ejemplo, en Francia la reforma de Emmanuel Macron es un tanto menos ambiciosa que la brasileña. Cuenta con 36 medidas a diferencia de las 100 aprobadas por el senado de Temer, aunque en el mismo sentido: por ejemplo, incluye negociaciones trabajador-empresa sin sindicatos, rebaja en las indemnizaciones y posibilidad de despido ante eventuales pérdidas de las corporativas o incluso menores ganancias. El presidente galo había conseguido “modernizar” el mercado laboral cuando era ministro de economía de Hollande, lo que le valió algunas marchas de la clase obrera en repudio. Ahora como primer mandatario, cuenta con una serie de súper-poderes que le fueron otorgados por el Congreso, de modo tal que podría aprobar su mega reforma por decreto sin impedimentos legales. 

Una reforma que no fue anunciada tan histriónicamente fue la que Chile convirtió en ley el 6 de abril del año pasado. Implica mayor poder de representatividad de los sindicatos en las negociaciones colectivas, inclusión de mujeres en las cúpulas sindicales, sistema 4x3 (es decir, 4 días de trabajo y 3 de descanso), flexibilidad hacia los y las trabajadores que tengan “responsabilidades familiares” en sus hogares, y la prohibición de reemplazo en huelga (incorporando servicios mínimos para aquellas actividades de interés general como la salud).

Queda claro por qué, a pasar de la proximidad del país hermano, la medida no fue anunciada con bombos y platillos. Poner en agenda otra agenda alternativa a la tecnócrata está penalizado desde los medios masivos de comunicación.

Las reformas laborales en España y Portugal y sus resultados

En el año 2012 España y Portugal aprobaron reformas laborales para favorecer la “empleabilidad” de los trabajadores fomentando la productividad. Los mandatarios Mariano Rajoy y Pedro Passos Coelho validaron así los planes de reforma impulsados por la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). 

Los lineamientos fundamentales en Portugal fueron 3 días menos de vacaciones, 4 feriados menos; discrecionalidad por parte de las empresas sobre los feriados puentes, recorte en las indemnizaciones y la posibilidad de despido “por inadaptación al puesto de trabajo” (es decir que bastará “una modificación sustancial de la prestación realizada por el trabajador que acarree una reducción continuada de la productividad o de la calidad o que conlleve averías repetidas en los medios de trabajo”, de acuerdo al texto de la ley). 

En el caso de España los puntos de la reforma fueron similares a la reforma de Portugal. Mediante el Real Decreto-ley 3/2012, Rajoy consiguió recortar los días de indemnización; dar mayor discrecionalidad en las causas de despido y cancelación de los contratos a las empresas sin la necesidad de que el estado apruebe regulaciones sobre el empleo. La reforma laboral pone fin a la ultra-actividad indefinida de los convenios, es decir su prórroga automática cuando vencen, y establece que las partes deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de dos años, tras la cual dejará de estar vigente. 

Hoy podemos ver en perspectiva, cuál fue el impacto de aquellas reformas sobre el empleo, tomando como parangón países como Alemania e Inglaterra que no aplicaron reformas de desintegración de sus regulaciones laborales:

Dinámica del desempleo luego de las reformas

El corolario no fue la mayor creación de puestos de trabajo prometida, sino todo lo contrario. El aumento del desempleo fue en aumento inmediatamente luego de la aprobación de sendas leyes, con un pico máximo histórico durante gran parte de 2013 de 26,3% para España y un pico también histórico en el nivel de desempleo de Portugal en 17,5% para enero de 2013, que luego de la reactivación de la demanda mundial pos crisis, volvió a estabilizarse en su tendencia.

El panorama en Argentina

Argentina tuvo su experimento flexibilizador cuando el 11 de mayo del año 2000, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de reforma laboral de Domingo Felipe Cavallo. La premura en aquel entonces estaba determinada por el acuciante peso de la deuda externa que había tomado el entonces presidente Fernando De la Rúa, lo que determinó que los organismos crediticios internacionales le impusieran la inmediata aprobación de planes de ajuste y precarización como condición para seguir financiando al Tesoro Nacional.

El eje de aquella reforma fue la ampliación de los periodos de prueba de un mes a un año, con posibilidad de despido sin aviso e indemnización; la descentralización de los convenios colectivos y la eliminación de los convenios de ultra-actividad de 1975 y 1988, que sumado al incremento fenomenal de la deuda externa para el sostenimiento de la Convertibilidad, derivaron en la mayor crisis económica de la historia Argentina.

Hoy, el peso de la deuda que financia gastos corrientes empieza a tornarse gravoso nuevamente, por lo que no sería raro que los vientos de  desregulación, que con tanta insistencia se impulsan desde los sectores económicos más ortodoxos, empiecen a hacerse sentir otra vez en nuestro país, con el apoyo de una parte del sector empresarial, clave en la determinación de la política económica nacional.

El uso de nombres propios como sinónimo de corrupción

El mayor éxito de los medios hegemónicos nacionales de los últimos años lo constituye la construcción de un discurso efectivo para argumentar cuestiones ideológicas. Han conseguido que, en el relato público, se sustituya el uso de datos para argumentar una idea, por el uso nombres propios, que meticulosamente se han puesto como sinónimos de corrupción. Ya sean apellidos o apodos, el mecanismo de instalar nombres propios como sinónimos de datos ha permeado hondo en la sociedad que no acompaña las ideas de los gobiernos anteriores.

Se dice: López, Rosadita, Lázaro Báez, Seychelles, De Vido, etc. En vez de qué fue lo que se robó tal o cuál, dónde están esos fondos, cuál fue su origen, quién le dio esos fondos o cuándo. Son argumentos que simplifican una postura ideológica y que sintetizan sus argumentaciones, por ello es fácilmente e impide ocupar espacio mental recordando cifras, fechas o datos objetivos incontrastables.

Se esperaría que aquel discurso subyacente y endeble, carente de sentido, se caiga con el pasar del tiempo. Sin embargo, a fuerza de repetición y gracias a la enorme capacidad de penetración de aquellos medios, el relato es comprado por los diletantes

Del asedio del Remington al asedio mediático

Cuestiones del pasado que parecían estar saldadas, vuelven a surgir, poniendo de manifiesto que la pretendida paz social evocada por los poderes establecidos nunca fue tal, sino que escondieron bajo la alfombra los conflictos de la tierra y los pueblos que desde el origen las habitaron. Un perdón unilateral y por parte de los victimarios. Así de descabellada es la historia que no se nos es enseñada en el colegio.

Nuestra democracia está plagada de deudas sociales, pocas generan tanta inquina como la expoliación del territorio a nuestros indios. Reabierto hoy el debate a raíz de la desaparición forzada de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería Nacional, no cuesta darse cuenta de que, para más de uno, la cuestión indígena sigue siendo tabú y despertando odio, no sólo en la oligarquía terrateniente y protagonista directo del genocidio sino de las clases medias y bajas que con la única tierra que cuentan, es la de alguna maseta.

Otra vez la cuestión mediática vuelve a permear transversalmente e influyendo sobre las decisiones electorales de la población. Increíblemente, se vuelve a plantear al indio como una amenaza que se adjudica linajes ancestrales para sacar ventaja del Estado. Son vagos, planeros y especuladores que lo único que quieren es que les regalen tierra sin hacer nada.

Obviamente la cuestión es mucho más profunda que lo que se plantea en la Tele y se lee en Twitter. Argentina se mal formó sobre las bases de una distribución del suelo profundamente inequitativa.

De Rosas a Roca, la tierra confluyó sobre escasísimas manos que sacaron una tajada de su renta extraordinaria. Para tal empresa, hubo de haberse exterminado previamente al indio impuro que la habitaba.

Se escucha fuerte, y bien, el repudio a la desaparición forzada de Santiago, pero nada se dice de la estigmatización que se hace del indio y del tema subyacente: la tierra que ocupan. Otra vez como en 2008, la clase media Argentina vuelve a apoyar al “Campo” en la cruzada mediática a pesar de estar auto infringiéndose, en definitiva, cierto perjuicio. No son los intereses de las mayorías, nada tiene que ver el pueblo con los grandes sojeros y ganaderos, que sin retenciones habrían de poner la producción nacional a precio dólar.

Si bien puede que sea cierta la proclama de que a todos nos corresponde una parte del suelo en el que nacimos, la única realidad es que la tierra está concentrada. Ayer lo hicieron con fusiles Remington. Hoy lo hacen con tanques mediáticos.

Los pasos para el fraude sistemático

Colegios enteros dignos de municipios completamente anti Kirchneristas, mesas irracionales que votan toda la lista excepto su cabeza, asimetrías de información, diferencias numéricas y carga diferenciada para torcer la tendencia y ganar en rating televisivo parecen explicar una operación sistemática planificada para generar un impacto directo en la opinión pública.

Reiteradas veces se ha dicho que las Elecciones Primarias son una “gran encuesta”. Una especie de plebiscito previo al resultado final de las elecciones definitivas. El caso es que, como toda encuesta, puede tener un doble propósito: Medir y marcar. Medir: el nivel de afinidad con tal o cual partido y/o candidato y marcar: influyendo sobre el voto los indecisos por la opinión de la mayoría.

En tiempos de obsesión por la rapidez y tecno-filia resulta seductora la idea de un sistema de votación electrónico que “agiliza” los tiempos del comicio. Lo pretendido “de avanzada” choca de bruces con la posibilidad de auditar todo el proceso, lo que ineluctablemente no pasa con el sistema “vetusto” de papel.

Luchas innumerables para generar una democracia cada vez más directa eliminando intermediarios habrían sido en vano. Delegando todas las facultades cívicas a una empresa privada que desarrolla un software y otra que desarrolla un hardware para su implementación. Un derecho vital de muchos en manos de unos pocos comerciantes electorales.

El mensaje es muy claro (y como no podía ser de otro modo, muy parecido al argumento privatista de los noventa): “Si el sistema que tenemos ya funciona mal; un sistema nuevo nunca puede ser peor”

No sólo renombradas voces como Natalia Zuazo en Argentina o Brad Friedman en Estados Unidos se oponen al voto electrónico, sino también, Estados como Alemania, Holanda y aquellos en los que frustradas experiencias pasadas dieron cuenta de su probada ineficacia. ¿Probada ineficacia para quién?

NUEVO MAPA DE MEDIOS: Cablevisión compra a Telecom Argentina

Empieza a materializarse aquello que intentaba impedir la ley de servicios de comunicación audiovisual

El pasado viernes 30 de junio Cablevisión y el Telecom Argentina acordaron su fusión, de esta manera se convierten en la primera empresa con capacidad operativa para brindar “cuádruple play” (telefonía fija, móvil, internet y televisión) a partir del 1 de enero de 2018, cuando entre en vigencia el nuevo marco normativo. Fintech tendrá el 41,27% y Cablevisión Holding el 33% de la telefónica y el remanente cotizará en bolsa. En suma, Cablevisión Holding S.A será quien designe la mayoría de miembros del Directorio, Comité Ejecutivo, Comité de Auditoría y Comisión Fiscalizadora del nuevo emporio mediático.

En efecto, el nuevo consocio controlará el 49% de la telefonía fija; el 32% de la telefonía móvil, el 55% de las conexiones a Internet por banda ancha fija, el 33% de conectividad móvil y el 53 de tv paga.

                Si bien resta la aprobación del otrora Ministerio de Comunicaciones, hoy reconvertido en Ministerio de Modernización, la fusión implica un control virtualmente monopólico de las comunicaciones de diversas zonas del país. Como por ejemplo en Córdoba, dónde Fibertel-Cablevisión ya controlan el 95% del mercado de banda ancha. 

Populismos de derecha. Conservadurismos de izquierda

“El primer presidente de Facebook”, le dijo el 21 de Enero de 2015 Sheryl Sandberg, directora operativa de la compañía, al flamante presidente argentino en una reunión en Davos

Habría que redefinir la palabra popular para poder comprender más de cerca los nuevos fenómenos democráticos surgidos en los últimos tiempos, en los que representantes del sector empresarial llegaron a la presidencia de sus países. Sebastián Piñera en Chile, Mauricio Macri en Argentina, Donald Trump en Estados Unidos, Emmanuel Macron en Francia, etc.

En el siglo pasado, en política, la palabra popular estaba directamente asociada a gobiernos con una mirada social inclusiva, un eje centrado en la redistribución de los recursos y soberanos desde el punto de vista de la determinación de sus políticas puertas adentro.

Popular era algo más que ser sometido a la voluntad popular, implicaba no solo los objetivos sino la forma en que serían llevados a cabo, una configuración más holística de lo que la palabra implica hoy día.

La palabra "popular" viene del latín popularis y significa "relativo al pueblo, que le gusta al pueblo". Su interpretación actual parece retornar a su definición etimológica. Dejando a un lado “lo que le conviene al pueblo” por “lo que le gusta al pueblo”. El trasfondo no es funcional sino meramente visual. Facil y vacio como un me gusta en Facebook e Instagram o un favorito en Twitter.

La popularidad hoy se mide en publicaciones compartidas o “me gusta” virtuales. Dichos gobiernos entendieron esto y montaron un mecanismo de propaganda vía redes sociales altamente penetrante y efectivo. Indistintamente del sector social de pertenencia, basta tener un dispositivo que se conecte online para ser inoculado con las directivas comunicacionales.

El grado de masividad convirtió a las otroras derechas reaccionarias y radicalizadas en fenómenos populares con amplio grado de aceptación. Supieron renovarse, agiornarse y reconvertirse gracias a las nuevas tecnologías. Lo que los gobiernos de izquierda que, estando en funciones, no supieron avizorar o no quisieron hacer. Se quedaron anclados a un modo comunicacional vetusto y anacrónico, ya sea por convicción o por omisión.

Al fin y al cabo, las izquierdas latinoamericanas conservaron sus modos originales de dirigirse hacia el pueblo perdiendo aquella popularidad original, de gustar y ser gustado. Pasaron a formar parte de lo establecido, que aburre más que enamora, encanta o ilusiona. Como reguero de pólvora, el desagrado culminó en vastos países, con la victoria de aquellos gobiernos liberales que no proponían una nueva forma de hacer política. No se diferenciaban por contar con un innovador plan económico. No proponían mejoras en el panorama social. Sino que, supieron implementar como denominador común, eficientemente, una novedosa estrategia comunicacional de saber gustar.

                El Statu quo venezolano ya es innegable y es un ejemplo paradigmático de la falta de voluntad o incapacidad de renovación. No se puede objetar que la campaña del Frente Para la Victoria de 2015 también tuvo parcialmente, algo de éste rasgo distintivo de la democracia venezolana. Teniendo en cuenta las elecciones de medio término de 2017 el ganador será quien mejor sepa interpretar los nuevos gustos de consumo político de los electores y mejor estructure su estrategia comunicacional.

Endurecer la posición para mostrar decisión

¿Es extremar una medida anti popular, la mejor manera de sumar adeptos frente a futuros comicios nacionales?

El común diría que no. Pero, ¿qué tal si el meta mensaje de tal posición extremada se asimilase por el inconsciente colectivo como sinónimo de fortaleza gubernativa, demostración de voluntad política o capacidad de resolución de conflictos?

Anti intuitivamente, la profundización de una medida imperativa puede suscitar, no el rechazo de los que ya son opositores, sino la adhesión de aquellos incautos que no definen aún el destino de su voto ya que no cuentan con filiación política o simpatías por precandidato alguno. Es justamente este indefinido colectivo despolitizado quién termina decidiendo los destinos de las elecciones las más de las veces, como se pudo ver en las últimas elecciones.

Un gobierno que no reprime una protesta que impide el transito puede ser visto como garante de los derechos sociales estatuidos en la constitución o como indiferente y pasivo ante la vulneración del derecho privado a la libre circulación, dependiendo del grado de simpatía del ciudadano.

Sea cual fuere el hecho social, desde la quita de medicamentos a jubilados “que no lo merecen”, pensiones que fueron “prebendas del gobierno anterior”, recortes en las partidas presupuestales de programas “destinados a mantener vagos” o “el desalojo de delincuentes que coartan la libertad de circulación automotora”, son juzgados como positivos y suman simpatías y voluntades. El electorado volátil no condena la violencia ejercida por el gobierno o por su brazo armado policial, ya que materializa sus propios deseos de ejercer una violencia que el propio estado sí condena con leyes.

La difundida creencia de que el que reclama es un vago mantenido con los impuestos del asiduo contribuyente, tampoco discrimina entre necesidad y corrupción, del que se aprovecha de la generosidad de los programas sociales o los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad efectiva. Inclusive, el odio puede llegar al punto de convalidar políticas que podrían tener externalidades negativas, como la quita de 18 vacunas gratuitas que previenen de epidemias a la sociedad.

                Por consiguiente; “si un gobierno es capaz de tomar estas ‘medidas tan dolorosas para sus funcionarios’ entonces no le va a temblar el pulso para defender los derechos de ‘los que nos rompemos el lomo trabajando’ y se va a ocupar de ‘nosotros’ cuando sea necesario y lo juzgue conveniente”

La candidatura de Cristina

Resulta un tanto inconsistente que un Ex Funcionario de un Ex Presidente compita en elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias con el mismo Ex presidente, fundador y cabeza del mismo partido/movimiento del cuál el Ex Funcionario fue parte y pretende ser candidato. Randazzo carece del menor sentido de Sindéresis al pretender el caudal electoral del que Cristina Kirchner es su actual mejor vocera. Y constituye un error de análisis político, no por la exclusividad precursora de Cristina, sino por querer asegurarse un apoyo territorial de un sector del espacio Kirchnerista que si hoy no responde directamente a Cristina está fuera desde el 9 de diciembre de 2015.

El poder primigenio del FPV decanta hoy ineluctablemente en su única heredera, Cristina Fernández y no por reminiscencias melancólicas del pasado, sino por un consenso casi unánime de ambos sectores políticos, oficial y opositor, el sector mediático, oficial y opositor y gran parte de la ciudadanía a ambos lados de “La Grieta”.

No presentarse a elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias también configuraría un error de análisis político para CFK, ya que esperar hasta 2019 y correr por la presidencia sería derrochar mucho tiempo de reconstrucción en el que tal objetivo podría ser apropiado por Cambiemos, relegitimando la imagen de Mauricio Macri como el garante de la democracia, restaurador de la economía, paladín de la justicia, etc…

2 años son suficientes para olvidar la baja del empleo, la pérdida de poder adquisitivo por la inflación creciente y el techo a paritarias, la redistribución regresiva del ingreso, el aumento de la pobreza, el recorte pensiones y cierre de programas sociales, concentración económica de grupos amigos que son un problema de actualidad y podrían ser subsanados como durante el período de estabilización neoliberal de Carlos Menem que garantizó su reelección.

La unidad se encuentra entorno a Cristina porque ella es una Unidad (léase singular) y por tanto única e irremplazable. No implica que sea quién tenga que encabezar una candidatura electoral, más sí, un espacio, un movimiento que pueda encontrar en su figura un amparo que determine los lineamientos políticos a seguir. Puede sonar muy personalista, pero guste o no, bajo presidencialismos, la figura del líder es inevitable.

Éste sábado se definen las listas y sabremos quién/ quienes son los representantes del pensamiento Nacional y Popular que apoyó el Kirchnerismo. Sin embargo, Unidad Ciudadana es eso. Un espacio de “encarrilamiento” de las decisiones políticas de funcionarios afines.  Una contra-propuesta a la hegemonía Oficial.