¿Es extremar una medida anti
popular, la mejor manera de sumar adeptos frente a futuros comicios nacionales?
El común diría que no. Pero, ¿qué
tal si el meta mensaje de tal posición extremada se asimilase por el
inconsciente colectivo como sinónimo de fortaleza gubernativa, demostración de
voluntad política o capacidad de resolución de conflictos?
Anti intuitivamente, la
profundización de una medida imperativa puede suscitar, no el rechazo de los
que ya son opositores, sino la adhesión de aquellos incautos que no definen aún
el destino de su voto ya que no cuentan con filiación política o simpatías por
precandidato alguno. Es justamente este indefinido colectivo despolitizado
quién termina decidiendo los destinos de las elecciones las más de las veces,
como se pudo ver en las últimas elecciones.
Un gobierno que no reprime una
protesta que impide el transito puede ser visto como garante de los derechos
sociales estatuidos en la constitución o como indiferente y pasivo ante la
vulneración del derecho privado a la libre circulación, dependiendo del grado
de simpatía del ciudadano.
Sea cual fuere el hecho
social, desde la quita de medicamentos a jubilados “que no lo merecen”,
pensiones que fueron “prebendas del gobierno anterior”, recortes en las
partidas presupuestales de programas “destinados a mantener vagos” o “el
desalojo de delincuentes que coartan la libertad de circulación automotora”,
son juzgados como positivos y suman simpatías y voluntades. El electorado volátil
no condena la violencia ejercida por el gobierno o por su brazo armado
policial, ya que materializa sus propios deseos de ejercer una violencia que el
propio estado sí condena con leyes.
La difundida creencia de que
el que reclama es un vago mantenido con los impuestos del asiduo contribuyente,
tampoco discrimina entre necesidad y corrupción, del que se aprovecha de la
generosidad de los programas sociales o los que se encuentran en una situación
de vulnerabilidad efectiva. Inclusive, el odio puede llegar al punto de
convalidar políticas que podrían tener externalidades negativas, como la quita
de 18 vacunas gratuitas que previenen de epidemias a la sociedad.
Por consiguiente; “si un gobierno es capaz de tomar
estas ‘medidas tan dolorosas para sus funcionarios’ entonces no le va a temblar
el pulso para defender los derechos de ‘los que nos rompemos el lomo
trabajando’ y se va a ocupar de ‘nosotros’ cuando sea necesario y lo juzgue
conveniente”
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