El gobierno no puede bajar la
inflación básicamente porque el gobierno no determina de forma directa el nivel
de inflación. Ésta es una consecuencia de un fenómeno multicausal que requiere
un abordaje similar para su reducción.
El equipo económico ha puesto el
foco en la emisión monetaria como disparador de los aumentos de precios,
argumentando que la expansión de los depósitos genera un mayor consumo que
empuja los precios al alza. Esto es así y se verifica empíricamente, aunque el
razonamiento explicado sólo desde el lado de la demanda es incompleto. Falta,
en dicho argumento, una pata clave en la determinación de dichos aumentos: los
formadores de precios en la cadena de comercialización. Es la oferta de bienes
y servicios la que termina de explicar las causas reales de la inflación.
El gobierno peca de ingenuo o se
encarga de obviar de forma deliberada en su relato, la cuestión de los
formadores de precios. A decir verdad, la concentración en la cadena de
comercialización ha ido aumentando indistintamente del color y signo del
partido político de turno.
Es aquí donde reside la causa de
la consecuencia que es la inflación y, por ende, donde debieran estar enfocadas
las políticas económicas que buscaren amainarla. Pero dado que el gobierno de
Mauricio Macri no es especialmente afectó a la desmonopolización de la cuestión
empresaria, es poco probable que la puja distributiva entre salario y capital
como base estructural de la inflación sea abordada y resuelta.
Una ley anti-cartelización, como
la que aprobara Estados Unidos en 1914 sería esencial para combatir de raíz la
inflación que tiene el país. La ley Clayton vino a complementar la ya aprobada
ley Sherman de 1890. Regulando la discriminación por precios, conductas
anticompetitivas y fusiones y adquisiciones que tendieran a la monopolización.
De esta forma, EE. UU. logró balancear la asimetría de poder entre los sindicatos
y las empresas a la hora de negociar salarios. Así, el salario, que es el
precio del trabajo, no podía ser fijado de manera tan unilateral por las
firmas, empoderando a los trabajadores en su determinación.
De manera similar, una ley anti-cartelización
se podría implementar en Argentina para que consumidores y grandes cadenas de
comercialización encuentren un equilibrio razonable sobre los precios que se
establecen en las góndolas. Pero ello implica, como en Estados Unidos, la
participación e involucramiento del Estado. No fue el mercado, en aquel
entonces, quién mejoró las condiciones de los trabajadores, sino una decisión
política económica decidida a terminar con una condición desfavorable para los
asalariados.
La promesa de bajar la inflación
se diluyó durante el último año del gobierno de Macri, ya que el peso de los
intereses de la creciente deuda revirtió las prioridades económicas y la
necesidad de evitar el colapso del sendero explosivo por el cual se está
transitando pasó a encabezar la lista. Es por ello por lo que se autorizaron nuevos
despidos en la administración pública y nuevos aumentos de luz, gas y
transporte. Que implican la reducción de una gran masa de subsidios que
compensaban la brecha entre el costo y la tarifa final de los servicios.
El consenso de la mayoría de los
economistas y comunicadores sobre la gravedad de la dinámica del endeudamiento
pone en alerta al gobierno, que vuelve a poner en marcha el ya conocido ajuste.
Intentando resolver el déficit autogenerado, a costa de mayor inflación.
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