La dolarización encubierta

Federico Glodowsky, @fede_glodo.

El “Supermartes” significó un voto de confianza de los mercados hacia las políticas económicas del equipo económico. Con una renovación del total del stock de LEBAC y ingreso incluso de nuevos tenedores, el gobierno recibió un espaldarazo de fuste. Una suerte de victoria política similar a la de las PASO 2017, que ratifica el rumbo y los objetivos de fondo de las decisiones del ejecutivo.

El Supermartes marco un punto de inflexión en la política argentina. Las fuerzas de poder volvieron a invertirse y la economía volvió a determinar los destinos de las políticas públicas. Cuando se carece de planes de gobierno, se libera espacio para que sea el mercado el que se ocupe de la gestión.

En septiembre del año pasado se eliminaron los acuerdos de precios liberando el mercado de los combustibles, los precios pasaron a depender de la oferta y la demanda, no interna, sino la internacional. Dejaron de ser relevantes los automovilistas, los transportistas, los fleteros, los colectivos de larga distancia, todos los argentinos que utilizan combustible para calefaccionarse y cocinar y hasta los productores agropecuarios que utilizan combustible para sus maquinarias, quienes deberán pagarlo, ahora, a precio dólar.

Desde la desregulación, el precio de la nafta aumentó un 29%. En menos de un año el incremento superó a cualquier paritaria acordada y a cualquier índice de precios. Desde la Cámara de Empresarios del Combustible todavía prevén un aumento del 20% para lo que resta del 2018.

En noviembre de 2017, la secretaría de comercio del ministerio de Producción, mediante la Resolución 898-E/2017 el gobierno eliminó las licencias para la importación de artículos electrónicos. Si bien esto implicaría, a diferencia de la desregulación hidrocarburífera, una baja en los precios de los bienes importados, por el momento, poco se tradujo a precios y parece más haber ido a engrosar la rentabilidad empresaria. Por otro lado, con el último salto del dólar a $25, las listas de precios de las cadenas comercializadoras también debieron ajustarse.

Los electrónicos de producción nacional son los principales perjudicados con el combo devaluación, quita de subsidios y eliminación de barreras protectoras. Aquí el traslado a precios representa un aumento considerable en el precio final de los bienes.  Medidas que no encuentran demasiado justificativo económico cuando se analiza el costo social, el impacto en términos de empleos argentinos y aumento de la pobreza.

En el sector industrial sucede algo similar. En línea con los tratados de libre comercio que impone la OMC, Comercio decidió mediante la Resolución 5-E/2018  a principios de año, dar de baja 300 licencias no automáticas que protegían a los productores locales de la importación de productos como laminados de acero, aluminio semi elaborado, polipropileno, poliestireno, PVC e hilados de algodón. Ahora los sectores implicados producirán en desventaja en el mejor de los casos o deberán cerrar sus Pymes en pos de la eficiencia económica y la “desburocratización” del Estado.

Para cuando a fines del 2018 se elimine por completo la obligación de otorgar ">de “financiamiento para la producción e inclusión financiera” de acuerdo a la ">disposición del BCRA, muchas Pymes verán cercado el camino para continuar funcionando, debiendo competir con precios imposibles de países con costos insignificantes.

Las retenciones a las exportaciones cumplen la función de desacoplar los precios internos de los externos, cobrando un impuesto que hace menos rentable vender afuera y deja indiferentes a los empresarios acerca de dónde venden su producción. Con precios internacionales más altos y en dólares, resulta más que tentador colocar la mayor parte de la producción en el extranjero. El resultado es un mercado desabastecido y/o con precios al mismo nivel que se paga por el producto en el extranjero.

En diciembre de 2016, mediante el Decreto 1343/2016, el gobierno eliminó los derechos de exportación para casi todos los productos exportables y bajó 5 puntos el de la soja y sus derivados, del 35 al 30 por ciento.  Eliminó los derechos de exportación para bienes industriales mediante el Decreto 160 de 2015 y para la minería mediante el Decreto 349/2016.

Las economías que dolarizan parte de su excedente económico presentan una relación de largo plazo positiva entre fuga de capitales y su nivel de ingresos. Históricamente Argentina ahorró en dólares y dado que en la macroeconomía ahorro es igual a inversión, las rentas que devengan esas inversiones deben ser suplidas con un monto de pasivos externos creciente que asegure las divisas necesarias para, nuevamente, ser fugadas del sistema económico. Un bucle sin final. En tal sentido, 2018 va camino a convertirse en un año récord, en el que los argentinos más dolarizaron sus ahorros.

Llevar todos los precios al nivel del dólar implica relegar un grado de libertad en materia de independencia económica y constituye un factor adicional en materia de volatilidad interna. En 2008 no estar “integrados al mundo” nos preservó de los efectos devastadores de la crisis Subprime comparado con economías más integradas globalmente.

Hoy volvimos al mundo no solo comercial sino financieramente, pero de la peor manera; rematando espacios en el entramado económico nacional, que ya estaban ocupados, aunque con dificultad, por actores locales, que se encargaban de generar cientos de miles de puestos de trabajo.

Como resulta prácticamente imposible bajar salarios nominalmente, es decir, reducir el número en el recibo de sueldo, se ha venido dando una baja real, o sea, modificando los precios relativos al salario. En noviembre de 2015 el sueldo mínimo era de US$ 590, el más alto en Latinoamérica. En menos de tres años se redujo en un 35% a US$ 385, producto de la transferencia de ingresos del sinceramiento de la economía y la dolarización de los precios de su mercado interno.