sábado, 28 de julio de 2018

El crédito del FMI y la guerra contra la inflación

El 18 de junio de 1971 el gobierno del republicano Richard Nixon en conferencia de prensa declaraba su “Guerra contra las Drogas”. El enemigo, inédito hasta entonces, una entelequia que apuntaba a los consumidores y no a los productores. El corolario fue la criminalización de los usuarios de drogas marginales y el consecuente aumento de los presos en las cárceles de todos los Estados. Política que fue luego profundizada durante la gestión de William Jefferson Clinton con nulos resultados en materia de consumo. 


Felipe Calderón inició en diciembre de 2006 la llamada “Guerra contra el narcotráfico” en México. Desde aquel entonces las víctimas ascienden a más de 150.000 y la cifra de desaparecidos superan las 30.000 personas. Quizá el caso más resonante y sorprendente haya sido el de los 45 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa. 

 La “Guerra contra el narcotráfico” en Colombia comenzó en los 60. Desde allí se ha librado una batalla descarnada entre los sucesivos gobiernos y las FARC que controlan el comercio de cocaína y marihuana a escala mundial. A pesar de los fondos destinados por Estados Unidos y Colombia en conjunto, Colombia sigue dominando el comercio por amplio margen, según un el Informe sobre estrategia internacional antidroga del departamento de estado de EE. UU. Las organizaciones colombianas de las drogas cultivan más de 70 por ciento de la coca del mundo y refinan, en términos generales, 90 por ciento de la cocaína del mercado internacional. 

La lucha contra la guerrilla colombiana se llevó la vida de numerosos civiles por parte del Ejercito, que hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate. Esto es lo que se conoce desde el 2006 con el nombre de Falsos Positivos. Se calcula que hasta ahora más de 5.265 vidas de jóvenes, hombres y mujeres de procedencia humilde fueron los “daños colaterales” de esta guerra sanguinaria. 

Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE. UU., George Bush hijo decide declarar su “Guerra contra el Terror” financiando económicamente la lucha armada contra células terroristas radicadas en medio oriente. 

 Los ataques a comunidades musulmanas en Irak y Afganistán no lograron desarticular a Al Qaeda y contribuyeron a la radicalización de la violencia generando nuevos grupos armados como el ISIS. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, del 2005 en Londres, contra la revista Charlie Hebdo en 2015 en Francia, en Niza, en el teatro Bataclan y Masacre de la discoteca Pulse de Orlando en 2016, son sólo algunos ejemplos de rebrotes terroristas que se llevaron vidas inocentes. 

En la gráfica se muestran los ataques terroristas a nivel mundial. Se puede observar la escalada de violencia desde la era Bush hubo poco más de 1,000 en 2004, pero casi 17,000 en 2014 alcanzando un pico histórico. Trágicamente, el terrorismo dejó de ser una entelequia para pasar a ser una amenaza cierta. 




“El método de lucha contra la inflación que es efectivo” sostuvo el ministro de finanzas Nicolás Dujovne en una entrevista concedida al diario El Tribuno de Salta en 2017. El discurso belicista fue repetido por el ministro en la conferencia que anunciaba el acuerdo con el FMI el pasado jueves 7 de junio. El gobierno viene librando una suerte de “Guerra contra la Inflación” en la que está dispuesto a reducir violentamente el gasto público en pos de reducir el déficit y la inflación. 

En la conferencia del acuerdo con el fondo, el saliente Federico Sturzenegger ratificaba su convencimiento en el diagnóstico del problema central de la economía argentina: “Creo que no es necesario explicarle a los argentinos por qué es importante bajar la inflación. Probablemente haya pocas cosas en la política económica que al mismo tiempo permitan bajar la pobreza y estimular el crecimiento como la baja de la inflación”. 

Severo en su afirmación, no se preguntaba el exministro por qué a pesar de 3 años de gobierno con una reducción sustantiva del déficit público no se ha logrado ni bajar la pobreza (29% para fines de 2018 según los analistas) ni generar el crecimiento prometido; anunciado en 0,5% para fin de año. Cabe preguntarse si el enemigo público declarado, es realmente el culpable de los males que aquejan a la economía nacional o hay que indagar en causas estructurales. 

El crédito del FMI viene sobre todo a consolidar una política monetaria implementada por Mauricio Macri desde el minuto cero. Va a resultar casi imposible salirse del esquema impuesto de reducción del déficit actual, ya que hacerlo, implicaría un cambio en la tasa variable del Stand By, encareciendo el préstamo o una suspensión en el giro de esos capitales. 

El préstamo que viene entre otras cosas, a salvar la política indiscriminada de emisión de LEBAC; demostrando no otra cosa, sino que el fracaso ineluctable de una política fallida desde el primer momento, al menos en términos inflacionarios. Se esperaba que la fabulosa tasa de las Letras generara la contracción necesaria en el consumo para que los precios abandonaran su escalada, pero eso nunca se materializó. El consumo se redujo, pero no así el nivel general de precios. 

El ajuste contractivo siempre ha sido la estrategia dominante en el pensamiento ortodoxo para “luchar” contra la inflación. Otra vez la entelequia en lugar de actores sociales. No son las empresas formadoras de precios que concentran la producción, la distribución y comercialización de los alimentos, las que originan los incrementos de precios. Sino una auto sustentada inflación que oficia como causa y efecto; cuando en realidad es sólo consecuencia. 

Teniendo en cuenta las políticas de enfoque en el efecto y no en las causas, es dudoso que la guerra contra la inflación que está librando el gobierno, logre reducir la pobreza como apuestan los funcionarios y no termine en cambio, engrosando las estadísticas de pobreza, empeorando la calidad de vida de millones de argentinos. 

Cárceles atiborradas de pobres, civiles muertos en ataques callejeros perpetrados por lobos solitarios y mayor inercia inflacionaria. Otra vez una política pública fallida, otra vez el error de un gobierno que no se permite trepidar en su diagnóstico, matando el perro para terminar con la rabia.

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