El gobierno de Cambiemos está
lejos de haber fracasado. No sólo no fracasó, sino que ha logrado la
redistribución de los ingresos que se propuso al inicio de su mandato con la
primera de las devaluaciones en diciembre del 2016 y el principio del “sinceramiento”
tarifario.
Entre los precios que regula el
Estado previo audiencia pública para evaluar aumentos, se encuentran las
tarifas de electricidad, gas, agua, transporte público, combustibles, telefonía
y medicina prepaga. Mientras que el
nivel general de precios desde diciembre de 2016 (luego de la primera
devaluación del PRO) se incrementó en 106%
hasta marzo de 2019, los precios regulados se incrementaron en 140,7%.
El flagrante contraste entre el
discurso de bajar la inflación y los aumentos tarifarios avalados por el Estado,
son la consecuencia de la voluntad política clara y direccionada, no son fruto
del azar o la casualidad, mucho menos de la inacción.
LAS PRINCIPALES EMPRESAS GANADORAS
LA TIMBA
Las altas tasas de mercado que impone el Gobierno, se trasladan al resto de la economía y encarecen la financiación, tanto para las empresas dedicadas a la economía real que terminan trasladando esos costos al precio de los bienes finales, como para las familias, que toman créditos en los bancos o utilizan tarjetas de crédito para el consumo.
VALORIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
PRINCIPALES EMPRESAS GANADORAS
LOS PERDEDORES
Los principales perdedores del modelo son los trabajadores, cuyos ingresos reales han caído fuertemente frente a la inflación. Los salarios nominales aumentaron por debajo de la evolución del nivel general de precios y mucho menos que del nivel de precios regulados.
LA DESIGUALDAD
El corolario es una brutal distribución regresiva de los ingresos de los trabajadores a las empresas, pocas veces vista en la historia de la República Argentina en un período tan corto.
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