La presión de los medios de
comunicación hegemónicos fueron determinantes para que se construyera la idea generalizada
de represión salarial. Camuflados en la voz de la gente, construyeron el
relato de coartación de libertades económicas individuales. Transformar el bien
empresarial en el bien común es una especialidad de la élite nacional a lo
largo de toda la historia.
La restricción externa empezó a
ser un problema a fines del 2011 cuando se aceleró la fuga de capitales. Se
resolvió por aquel entonces establecer una serie de controles cambiarios que
desalentaran la dolarización del ahorro nacional. El excelente artículo de Luján
Scarpinelli en el diario La Nación[1]
sintetiza la cronología del “Cepo K”:
El 31 de octubre de 2011,
mediante la Resolución General 3210/11[2]
se dispuso que la compra de divisas para personas físicas y jurídicas se
realizaría previa autorización de la AFIP.
El 9 de febrero de 2012 se
estableció que las empresas que necesitaran dólares para girar al exterior, ya
sea para el pago de importaciones o giro de utilidades, deberían tener una
aprobación del Banco Central. El 3 de abril de ese año se dispuso que los
adelantos con tarjeta de débito en cajeros automáticos del exterior deberían
provenir de cuentas locales en moneda extranjera. El 9 de mayo se reduce el
límite para la compra de dólares del 40% del salario al 25%. El 25 de mayo,
mediante la resolución 3333, la AFIP puso en vigencia un nuevo régimen
informativo para los contribuyentes que adquirieran paquetes de viajes
turísticos para que las agencias de turismo con acceso al mercado oficial de
cambios, hicieran una diferencia cobrando al precio del dólar paralelo,
paquetes que les había costado a precio oficial.
El 15 de junio de 2012 la AFIP
elimina la posibilidad de comprar dólares para atesoramiento[3].
Las opciones en el sitio eran: viajes al exterior, adquisición de bienes y
otros destinos. El 5 de julio la prohibición fue oficializada. Las
posibilidades para comprar dólares, entonces, eran: viajes y turismo, pago y
cobro de mercancías, servicios, rentas y capital, algunos créditos
hipotecarios, y donaciones a organismos y entidades gubernamentales.
El 10 de agosto de 2012 se
limitó la venta de dólar "turista"[4].
La autorización de divisas se fijó en un plazo no mayor a siete días antes del
viaje, y en la moneda del país de destino. El 31 de agosto de 2012 surge el
"dólar tarjeta". Se estableció una percepción del 15% sobre el monto
total de los consumos en otros países con tarjetas de crédito y débito. El 1 de
noviembre de 2012 el BCRA impidió la compra de dólares a partir de hipotecas en
pesos para la adquisición de inmuebles.
El 3 de diciembre de 2013 AFIP
sube del 20 al 35% el recargo a los consumos en dólares con tarjeta y al
turismo, e incluye en la normativa las compras de billetes por parte de
viajeros en el mercado oficial, que hasta ese momento estaban exentas. Sobre el
dólar oficial que cotizaba a $ 6,19, el "dólar turista" pasó a $
8,35.
El 27 de enero de 2014 se
dispuso que las personas físicas que quisieran acceder al mercado oficial
deberían haber ganado en promedio $7200 en los últimos doce meses. Estos
podrían adquirir divisas sólo por el 20% de su ingreso mensual declarado con un
tope de U$S 2000 por mes. Y los que decidieran depositar su compra a 365 en
caja de ahorro o plazo fijo no pagarían la retención del 20% de la AFIP. Quien
calificase con el requisito mínimo podía adquirir hasta U$S 180 al mes. Y sólo
podrían alcanzar el tope de U$S 2000 quienes tuvieran un salario mínimo de
bolsillo -también en promedio- de al menos $80.000.
El 27 de octubre de 2015,
frente a la aceleración de la fuga frente al escenario electoral el Gobierno redujo un 50% el límite que tenían las empresas importadoras para la
compra de dólares sin la necesidad de contar con una autorización previa,
aumentó el interés en 3 puntos porcentuales que pagaban las Lebacs y obligó a
las aseguradoras a desprenderse de los bonos en dólares. Para los importadores,
el monto mínimo de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones
(DJAI) se reducirá de 150.000 a 75.000 dólares. El 28 de octubre de 2015 el
Banco Central informó a las agencias de viajes la reducción a la mitad del cupo
diario para el giro de divisas al exterior. Esta medida redujo de 150.000 a
75.000 dólares por día, siguiendo los pasos de lo sucedido con las empresas
importadoras.
Si se contabilizan las
transferencias al exterior acumuladas por medio del Método residual de la
Balanza de Pagos (MRBP) se comprueba que en los catorce años considerados
(2002-2015) la fuga de capitales suma US$ 142.000 millones, mientras que por el
de stocks alcanza US$ 129.119 millones y US$ 101.932 millones según el método
cambiario del BCRA[5]. Sin embargo, en apenas 3 años y
medio de gestión Pro, la dolarización del ahorro Nacional ya supera los US$ 133.313
millones[6].
A eso hay que sumarle el pavoroso
endeudamiento de US$ 187.298 millones desde diciembre del 2015 para
financiar la demanda de divisas, fundamentalmente por parte de empresas y el
capital concentrado.
El problema no es la deuda, el
problema es su denominación, ya que el 82,3% de la deuda contraída es en
dólares. No ser el propietario de la moneda en que se encuentra, impone una
condicionalidad directa sobre la independencia económica y la soberanía para
determinar rumbo del país. La deuda externa es y será, el gran cepo (M) para el
desarrollo argentino.
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