En el post anterior ya había mencionado el perfil derechista
de la medida oficial de aumentar el piso del mínimo no imponible para
ganancias, pero se contrapesaba con la iniciativa de gravar la extraordinaria
renta financiera y la futura creación de nuevos instrumentos financieros para
que el publico pudiese invertir.
La decisión de gravar la compraventa de valores
negociables que no coticen en Bolsa tiene por objetivo, supuestamente, estimular
a las empresas a que abran su capital a oferta pública para obtener
financiamiento. Pero atenta contra las pequeñas y medianas empresas ya que
no pueden ingresar a la Bolsa por tamaño y falta de competitividad, cuestión
que debiera de modificarse para evitar una concentración aún mayor en el largo
plazo, ya que la posición desventajosa beneficia al más grande.
Quizá si la Ley de Mercado de Capitales incluyera gravar
las empresas de la Bolsa de Valores, una medida cautelar, como la que ejerce el
Grupo Clarín, para impedir la reglamentación de la norma. Pero no es más que
lógica contra fáctica.
De las medidas más polémicas criticadas incluso por
sectores afines al gobierno se encuentran: la Ley antiterrorista; una ambigua
norma que agrava las penas de todos los delitos contemplados en el Código Penal
si son cometidos "para aterrorizar a la población". El acuerdo con la
transnacional Chevron, basado en una supuesta entrega de soberanía y la Ley de
blanqueo de capitales que premiaba al evasor, entre otras.
A aquellas, hay
que sumarle una nueva medida que genera no poca contradicción y la cuál prevé
una baja en la edad de imputabilidad de los actuales 16 años, a 14 años. La
paradoja es que se termina coincidiendo con proyectos de sectores opositores al
oficialismo y que forman parte de lo más recalcitrante de la política
Argentina, como lo es el espacio que lidera Francisco de Narváez.
No quiere decir que el Kirchnerismo no haya intentado
soluciones de fondo como la construcción de un sistema educativo amplio e
inclusivo con un gasto público del 6,5 % del PBI, con la construcción de más de
1000 escuelas y 10 universidades. Incluso la Asignación Universal por Hijo
tiene por objetivo rescatar de la marginalidad a los excluidos. Pero en este
caso, la baja en la edad de imputabilidad es una salida rápida y cortoplacista
sobre una realidad inobjetable como es la falta de seguridad, un negocio
explotado hasta el hartazgo por TODOS los medios de comunicación (afines y
opositores) sin exclusión.
Es una medida anticipada, ya que 10 años de inclusión
social no alcanzan para revertir 40 años de exclusión, y es inobjetable que
pretende captar los votos afines a los sectores que tienen una marcada discrepancia
con el Gobierno en vistas a la elección legislativa de medio término.
No creo que alguien pueda asegurar a ciencia cierta la efectividad
de la medida, pero la salida de la tan mencionada falta de seguridad (que por
cierto es menor que en el 2000) no es por la vía rápida que pretender los
sectores avezados a la represión, sino mayor presencia estatal que asegure la inclusión
social de aquellos ciudadanos que el sistema considera descartables.
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