Sería bueno que la humanidad no
recurriese al salvataje del Estado en situaciones de contingencia, sino que
pudiese sostener políticas púbicas inter generacionalmente y no apelar a la
ayuda Estatal solo en momentos de necesidad, porque el sector privado sucumbió
ante su propia avaricia.
Con encomiable perspicacia, en su
exposición ante el Foro Económico Mundial de Davos 2021, el presidente Alberto
Fernández expresó que: “La pandemia nos demostró, una vez más, que para lidiar
con los grandes desafíos globales debemos cooperar entre actores públicos y
privados, y que la vacuna debe ser considerada un bien público global”[1]
Quizá las palabras bien público
global, no terminen de reflejar cabalmente la profundidad conceptual de la
frase. Es necesario ampliar la importancia de los bienes y servicios públicos
en períodos normales, pero sobre todo ante catástrofes globales como las que
atraviesa el mundo hoy.
Se considera bien público
a todo bien consumido de manera colectiva, en el que rigen 2 propiedades: no
exclusión y no rivalidad. Un ejemplo de bien público (puro) es el
alumbrado público; no se puede evitar que otro individuo pueda gozar de la
iluminación que suministra (no exclusión) y su incorporación, no agota cantidad
de luz brindada para que otro pueda gozar en igual medida (no rivalidad). Esto
determina 2 problemas centrales: al no poder evitar estas 2 condiciones, el
mercado no tiene demasiados incentivos para proveerlos o para hacerlo de manera
eficiente, lo que resulta en una provisión subóptima. Por otro lado, una
vez que el bien fue provisto, habría quienes no estarían dispuestos a pagarlo a
sabiendas de que, de todos modos, se benefician del servicio; este es el
problema del free rider. Esto constituye una falla de mercado[2].
Por lo que resulta necesario que sea el Estado el que provea estos bienes, ya
que su interés no es la rentabilidad sino la universalidad (sin perjuicio de que
la producción pueda ser llevada a cabo por el sector privado).
La noción de bienes públicos
globales surge con más fuerza en los 90, con los gobiernos neoliberales
avanzando de manera voraz en la economía y las finanzas. La globalización
determinó que sea imperioso determinar reglas de jugo en el sector financiero,
para regular los comportamientos especulativos y promover la estabilidad
macroeconómica. Se consideró que las regulaciones monetarias y bancarias eran
un bien público que debía ser adoptado por todos los países para evitar
desequilibrios en las economías locales.
La pandemia de Covid-19 también reavivó la idea de cooperación multilateral, pero en este caso, para el control de la situación epidemiológica. El beneficio de la vacunación a nivel mundial supera el costo que ello implica. Con la economía global colapsada, el esfuerzo monetario para volver a ponerla en funcionamiento no implicaría un gasto, sino una inversión, y esta no vendría del lado del sector privado sino del sector público. La salud como servicio público adquiere hoy especial preponderancia para el desarrollo normal de la vida en todos los países.
Resulta necesario que la vacuna
sea abordada como un bien público puro, provisto y financiado por los Estados
locales y no por el sector privado, ya que su motivación estaría determinada
por el beneficio económico y ello supondría una provisión subóptima. La
vacunación masiva produce externalidades positivas valoradas ampliamente por la
sociedad y en un ámbito de globalización como el actual, el desarrollo
económico de cada país no puede llevarse a cabo si los países no pueden ejercer
el comercio internacional o la libre circulación de personas por una pandemia.
El aislamiento obligatorio
decretado por la mayoría de los gobiernos para evitar el colapso del sistema
sanitario en la primera fase de la pandemia impuso un desafío en cuanto a la
conectividad de los ciudadanos[3].
El acceso a las tecnologías de la información y a las telecomunicaciones, se
volvió indispensable para poder trabajar de manera remota desde los hogares.
En nuestro país, el Decreto
690/2020[4]
de agosto de 2020 estableció el carácter de servicio público sobre
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y la telefonía móvil
en la ley 27.078 de 2014, regulando así, no solo la tarifa, sino el acceso,
mediante una prestación básica universal obligatoria.
A los 19 días de asumir, Mauricio
Macri modifica con el DNU 267/2015 las leyes 26.522 (Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual) y 27.078 (Argentina Digital). Derogando gran parte
del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación
audiovisual y TICs, abandonando la idea del acceso a estos últimos como un
derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda. Al darles la
condición de prestadores de servicios TIC (Art. 7° del DNU[5]),
es decir, equipararlos a las empresas de telecomunicaciones, se liberó a los
proveedores de TV por cable de las obligaciones que imponía la LSCA[6].
Ya no había límites de concentración (clave en la fusión entre el grupo Clarín
y Telecom) y se les otorgaba mayor discrecionalidad a las prestatarias, en
detrimento de las y los consumidores.
El decreto de agosto suspendió, a
su vez, cualquier tipo de aumento hasta el 31 de diciembre de 2020 lo que
desató una andanada de medidas cautelares y amparos para bloquear su aplicación.
El sector privado, en concomitancia con una parte del sector judicial, se opuso
férreamente, en un acto de corporativismo explícito, ante la imposibilidad de
aumentar la tarifa lo que les viniera en gana. Los medios hegemónicos salieron
a esmerilar el rol del Estado, equiparándolo con uno pseudo comunista y
totalitario, pero lo curioso es que no dijeron lo mismo de países desarrollados
que habían obrado en igual sentido.
El rol del Estado es vital frente
a los abusos de poder en momentos de incertidumbre, pero es más efectivo su
accionar cuando en momentos de normalidad, se pone por delante del sector
privado, guiándolo en la senda del desarrollo económico.
No Existirían hoy los unicornios
tecnológicos como Amazon, Google, Facebook, Apple o Microsoft, si a fines de la
década del 60, un proyecto militar impulsado por el Estado norteamericano[7]
no hubiese desarrollado red de ordenadores que uniera los centros de
investigación dedicados a labores de Defensa. Así es como nace ARPANET (Advanced
Research Projects Agency Network o Red de la
Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada) la red precursora de la
Internet actual.
Estas empresas, tan
frecuentemente citadas como sinónimo del éxito del sector privado, no solo
hicieron usufructo indirecto de un desarrollo Estatal, sino que se beneficiaron
de manera directa de los eslabonamientos productivos de un clúster tecnológico
llamado Silicon Valley. Ninguna de ellas podría haber tenido un desarrollo tan
exitoso sin un Estado que hubiese invertido en educación, I+D, infraestructura
o transporte interurbano. Con facilidades de acceso a financiamiento en su primera
etapa como start ups, con exenciones impositivas y beneficios fiscales para su
radicación en la localidad californiana.
Por su valoración social y sus
externalidades positivas, internet también debe ser considerado bien público
global. Aunque su suministro sea privado, es insoslayable la importancia que
tuvo el Estado para su desarrollo y la importancia que hoy tiene para
garantizar el acceso para las y los ciudadanos.
En tiempos de pandemia, el
esfuerzo unilateral de los Estados por garantizar el bienestar de sus individuos
resulta infructuoso o insuficiente si no se realiza de manera concertada y
conjunta. La salida de la Corona-crisis será global o no será, puesto que los
países están estrechamente vinculados a través de cadenas de valor deslocalizas
en las que el comercio internacional y la circulación de personas tiene un rol
preponderante. Problemas globales requieren soluciones globales.
[1] https://www.telam.com.ar/notas/202101/542987-discurso-alberto-fernandez-foro-economico-mundial-davos.html
[2] La
Economía del sector público – Joseph Stiglitz https://desarrollomedellin.files.wordpress.com/2018/08/stiglitz-2000-tercera-edicion.pdf
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