Simulacro de libertad

Libertad implica necesariamente voluntad para decidir y en un sistema capitalista como en el que vivimos, sólo se puede decidir cuando los ingresos lo permiten. El modelo político y económico del gobierno restringe la libertad individual y empeora la calidad de vida del conjunto. 

Para Baudrillard el simulacro conlleva una deformación de la realidad en la que lo real deja de producirse. Desde que el neoliberalismo se apropió del término, ‘libertad’ se ha convertido en una palabra sin referente. Es una mera diatriba para justificar un modelo económico antagónico a la capacidad de actuar por voluntad propia. El mainstream económico ha sabido cooptar conceptos con los que difícilmente se podría discrepar y se ha ocupado de vaciarlos de contenido. La tan pregonada libertad actualmente carece de valor de uso.

La ortodoxia económica considera que existe una dotación fija de factores, pleno empleo de los recursos y una frontera productiva que determina la distribución del ingreso. En el modelo de equilibrio general venerado por la administración actual, no existe crecimiento o reproducción del capital, sólo remuneración a los factores productivos. Es decir, la economía se estanca. Para los neoclásicos, cuando se alcanza el estado estacionario y oferta y demanda convergen al punto de equilibrio, el producto per cápita deja de crecer. En esta micro fundamentación de la economía sólo hay crecimiento en el largo plazo si se produce un cambio tecnológico o un aumento poblacional que incremente la fuerza laboral, siendo estas, variables exógenas al modelo.  

La facción austríaca se nutre de la escuela neoclásica para estructurar su marco teórico, pero realizando un beneficio de inventario que termina por profundizar contradicciones e inconsistencias, deshistorizando los procesos sociales. No llega a escuela. En su determinación por la provocación, se queda en planteos filosóficos platónicos sobre comportamientos económicos que no se constatan empíricamente.

Desde la pormenorización de Adam Smith sobre la división del trabajo, resulta ineludible que dependemos del otro para subsistir. Independientemente de cuál sea la motivación individual, las sociedades modernas están estructuradas en la cooperación, siendo el progreso un resultado conjunto. Nada más alejado de la praxeología austríaca. No se puede explicar lo social a partir de lo individual porque los comportamientos individuales están condicionados socialmente, y ese condicionamiento esencial es la pertenencia de clase, sostenía Marx. No hay libertad individual, entonces, sin libertad colectiva.

La economía es una ciencia social y como tal, tiene que servir para ordenar la vida. La doctrina austríaca carece de método científico y no sirve para organizar las relaciones sociales, mal podría entonces, ser considerada escuela económica. Cuenta con una teoría del valor contradictoria e indeterminada, pero fundamentalmente no realiza un análisis material de la realidad, sino un análisis moral de lo que la realidad debería ser.

La libertad del ingreso

En un sistema capitalista como en el que vivimos, la libertad está dada por la posesión material y los ingresos percibidos, cuando ambas cosas se restringen por el retiro del Estado en la búsqueda de la equidad, la libertad de cada uno también se restringe. Con una producción de bienes y servicios cada vez menor debido a la financiarización del sistema económico, la expulsión exponencial de trabajadores sin capacidad para consumir se vuelve la norma.

La simulación trastoca el principio de realidad. Hoy existe un simulacro de consumo expresado ampliamente en redes sociales, pero ni siquiera llega a ser una simulación pura que refleja fielmente al referente, queda a mitad de camino en la representación. Frente al ajustazo actual y la reducción del mercado interno, el consumo de bienes es reemplazado por la idea de consumo, en un intento difuso por emular los atributos de la realidad. Una apoyatura sobre entelequias anodinas en la que se esgrime libertad, pero sólo desde lo discursivo, en la praxis sólo hay motosierra.

En noviembre de 2023 el Salario Mínimo Vital y Móvil era equivalente a 55 kilos de carne picada, 254 de arroz, 657 de harina, 310 litros de leche o 193 de aceite. En marzo de 2024 fue equivalente a 40 kilos de carne picada (27 por ciento menos), 92 kilos de arroz (64 por ciento menos), 273 de harina (58 por ciento menos), 163 litros de leche (47 por ciento menos) o 76 de aceite (61 por ciento menos). La misma comparación para la Jubilación Mínima tuvo una pérdida de poder adquisitivo del 20 por ciento medida en kilos de carne picada, 60 por ciento menos arroz, 54 por ciento menos en harina, 42 por ciento menos en litros de leche o 61 por ciento menos en aceite.

A su vez, en noviembre del año pasado con un Salario Mínimo se podía cubrir 2,4 Canastas Básicas Alimentarias (línea de indigencia) y 1,5 con la Jubilación Mínima. En marzo de este año, el Salario Mínimo representaba 1,8 Canastas Básicas Alimentarias y la Jubilación Mínima 1,2. Esto representa una caída brutal del 28 y el 21 por ciento respectivamente.

Es simulacro de libertad cuando una minoría privilegiada puede acceder a todos los bienes y servicios que desea para garantizarse un estándar de vida óptimo y el resto de los argentinos no llega a fin de mes ni alcanza a pagar las tarifas. Un país para pocos libres y muchos dependientes de la caridad. 

Un ajuste puede resultar exitoso y tener un efecto expansivo, si y solo sí, tiene una salida nacional. Pero el ajuste actual tiene una salida extranjerizante con apertura comercial, en cuyo caso solo puede ser destructivo para el entramado productivo y el mercado interno.

La libertad del capital

Tras el velo de la palabra libertad se esconde un programa corporativista de transferencia de ingresos del trabajo al capital. La búsqueda por la restitución del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría y eliminación de bienes personales son el reflejo de una pertenencia ideológica, no económica. La falacia de bajar impuestos a los estratos más altos de la sociedad se basa en que son aquellos quienes concentran la mayor capacidad de ahorro (ex ante) y por ende la mayor capacidad de inversión (ex post). Sin embargo, cuando esto sucede, las inversiones en la economía real nunca aumentan, pero sí lo hacen los patrimonios personales.

El primer teorema fundamental de la economía de bienestar sostiene que todo equilibrio competitivo conduce a una asignación de los recursos eficiente en el sentido de Pareto (no se puede mejorar una parte sin perjudicar a la otra). Es decir que, si se libera al mercado de cualquier tipo de ‘intervención distorsiva’, indefectiblemente se llega a un nivel óptimo de asignación de recursos en el que se maximiza la utilidad de todos los agentes económicos. El modelo de La Libertad Avanza rompió toda eficiencia y quebró el óptimo de Pareto. La destrucción deliberada del poder adquisitivo de los ingresos con la bruta devaluación del 13 de diciembre de 2023 no sólo perjudicó a la mayoría de la población, sino que benefició directamente a las corporaciones oligopólicas con una inédita transferencia de ingresos del trabajo al capital concentrado. El Rent Seeking perpetuo del gran empresariado nacional, luego premiado con blanqueos de capitales para reingresar al sistema aquellos capitales fugados en los momentos de auge económico.

En 2023 las grandes empresas de alimentos tuvieron resultados récord corregidos por inflación. El grupo Ledesma tuvo una ganancia neta del 428 por ciento respecto a 2022, Arcor 323 por ciento y Molinos Río de la Plata 81 por ciento. Resultados que seguramente no volverán a repetirse, pese a que ya no existen restricciones para imponer posiciones dominantes, por ser el modelo actual uno que reprime el consumo.

En el primer trimestre del año las exportaciones de carne bovina totalizaron en 195.415 toneladas, un 24 por ciento más que en el primer trimestre de 2023, año en el que más cantidad de carne se exportó en la historia argentina, con un total de 684.555 toneladas. Mientras que el consumo per cápita de marzo de 2024 (42,6 kg) cayó un 18,5 por ciento respecto a igual mes del año pasado y fue el más bajo en más de 13 años según el cálculo de CICCRA. 

En la apertura del panel sobre Seguridad Alimentaria del G-20 en 2011, Cristina había advertido que estamos viviendo en un “anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie”. La propuesta, seguía, era que “regulemos a los que realmente tenemos que regular”, “[…] porque cuando la gente vea que la democracia no le da posibilidades de trabajo, progreso, de tener casa, de salud, comienzan a cuestionar los fundamentos del sistema político”. 

Ninguna sociedad acepta voluntariamente peores condiciones de vida, éstas son impuestas invariablemente por la fuerza. Hoy la esclavitud se disfraza de eficiencia y productividad, intentando convencer a los sectores postergados de que su pobreza es fruto de su falta de mérito, cuando en realidad se debe a la falta de oportunidades garantizadas para poder vivir efectivamente con libertad. Porque en última instancia no hay libertad sin Estado, o peor aún, sólo hay simulacro.

La crisis de deuda externa y la inflación

El principal desafío de la próxima gestión es el de profundizar el camino de sustentabilidad de la deuda externa para aplacar los efectos en la inflación. La capacidad de repago actual de la deuda soberana ejerce una presión sobre el tipo de cambio que se traslada al sistema de precios internos

Crisis y estabilización

En abril de 1988 Argentina entra en cesación de pagos de la deuda externa producto de la agónica negociación con el FMI y el comité de bancos acreedores. El descongelamiento de tarifas y la desregulación de precios impuesto por los organismos internacionales de crédito desató una espiral inflacionaria creciente a la que se sumó al impacto interno del alza internacional de las materias primas. La endogeneidad de la oferta monetaria por las altas tasas de interés que se pagaban por encajes remunerados y depósitos provocaban un efecto expansivo de la oferta monetaria generando más inflación.

Dada la fuerte restricción externa se permitió que una serie de productos industriales de exportación pudieran liquidar el 50 por ciento de las divisas en el mercado libre y el otro 50 por ciento en el oficial. Mientras que todas las importaciones excepto la de combustibles y lubricantes, pasaron a liquidarse al mercado libre de cambios. Pero la presión cambiaria por la dolarización de activos privados, exacerbada por el proceso electoral, dificultó la acumulación de reservas internacionales.

A principios de febrero de 1989 el BCRA dejó de intervenir en el mercado de divisas y a mediados de abril condujo a su total liberalización. En suma, la sequía de 1989 que llevó a la emergencia agropecuaria provocó que las exportaciones de productos primarios cayeran un 14 por ciento respecto de 1988, agravando la falta de dólares. El tipo de cambio que a fines de 1988 era de 16,41 australes y en diciembre de 1989 cerró en 1950 australes, una devaluación del 11.783 por ciento.

La llegada anticipada de Carlos Menem en julio de 1989 como consecuencia del estallido social y el desborde hiperinflacionario vino a profundizar el anquilosado modelo económico de la dictadura. Una de las discusiones estructurales por aquellos años radicaba en la necesidad de reducir el stock de la deuda externa de manera tal que el monto de los vencimientos de intereses y capital en dólares relajasen la necesidad de divisas para la implementación del modelo de convertibilidad. Se había llegado a un reconocimiento tácito de que los planes para generar un excedente en la balanza comercial no alcanzaban para pagar la deuda, ya que no se trataba de una crisis de liquidez sino de solvencia. 

Esa reducción de la deuda se llevó a cabo de la peor forma, entre corrupción e ineficiencia, regalando empresas públicas, cediendo activos y concesionando recursos nacionales. Los acreedores externos pudieron capitalizar los compromisos del Estado argentino en el marco del Plan Brady, con beneficios que excedieron con creces las previsiones de pago normal.

La inflación actual

En los periodos de alta inflación el dólar se universaliza, los agentes económicos se dolarizan de facto y asumen la cotización del tipo de cambio como referencia para todas las transacciones, no sólo las de bienes transables sino las de no transables (servicios). Esto pone mayor presión en el proceso inflacionario ya que, por la vinculación estrechada entre los precios locales y el dólar, cualquier mínima variación del tipo de cambio tiene una incidencia exponencial en el mercado interno.

Cada dólar que ingresa al país se divide, en resumidas cuentas, entre importaciones para la producción local y el pago de deuda externa. En el año 2015 la producción industrial a precios constantes era de 125.261 millones de pesos y la deuda externa pública sumaba 148.881 millones de dólares. Para el año 2019 la producción industrial había caído un 13,5 por ciento, pero la deuda bruta de la administración central en moneda extranjera había crecido en un 69 por ciento hasta los 251.419 millones de dólares.

El gobierno de Alberto Fernández no fue el gobierno que más deuda en dólares tomó: hoy la deuda pública en moneda extranjera suma 261.145 millones de dólares, sólo un 4 por ciento más que hace 4 años atrás. En cambio, la producción de la Industria manufacturera recuperó toda la caída del macrismo con un nivel actual de 123.090 millones de pesos constantes, evidenciado en la fuerte reducción del desempleo.

Sin embargo, la relación existente entre producción local y deuda externa no es la misma que en 2015. Los dólares disponibles para la importación de insumos indispensables para sostener el nivel de actividad son proporcionalmente menores a los destinados al pago de los servicios de la deuda. Esa puja por la disponibilidad de divisas eleva la cotización del tipo de cambio, los dólares a los que accede la industria para importar son más caros y, por tanto, lo que se produce se vende a un precio más alto.

A esto hay que sumarle el encarecimiento de las importaciones por los cuellos de botella pre y post covid-19, el aumento de los fletes internacionales, el encarecimiento de la energía por la guerra en Ucrania y la sequía local que provocó una caída interanual del 38 por ciento en la exportación de productos primarios. Todo esto implicó una menor oferta de divisas que se vio reflejada en la suba de su cotización, de la cual el mercado interno no pudo escapar.   

Por el lado de la deuda en pesos, el diagnóstico errado de elevar la tasa de interés a niveles estratosféricos espiralizó la dinámica inflacionaria. Elevar la tasa de interés no sólo no contuvo la inflación, sino que tampoco contuvo el aumento de los dólares paralelos. Empero ha provocado un aumento en los costos de financiamiento productivo y un fuerte aumento en los precios para equiparar la rentabilidad de la inversión productiva frente a la inversión financiera.

Actividad industrial y restricción externa

En diciembre de 2019 el stock de la deuda externa privada alcanzaba los 83.187 millones de dólares, de los cuales el 45,3 por ciento correspondía a deuda comercial y 54,7 por ciento a deuda financiera. Hoy el stock es de 87.711 pero a partir de mediados de 2022 la relación entre la deuda comercial y la deuda financiera se invirtió: 56,8 y 43,2 por ciento respectivamente. Es decir que, mientras las importaciones aumentaron en precio por la inflación importada y en cantidad por la reactivación local, el sector privado financiero se desendeudó con el exterior en 7.630 millones de dólares, pagaderos al tipo de cambio oficial.

La vertiginosa recuperación de la actividad industrial a la salida de la Pandemia y luego de los 4 años de neoliberalismo provocó una fuerte presión por la disponibilidad de divisas, en pugna por los compromisos de cortísimo plazo de la deuda externa pública y privada heredada.

El error garrafal de haber financiado el gasto del tesoro con deuda indexada en un contexto inflacionario fue una de las peores decisiones en la política económica. Cuando el financiamiento fue cada vez más reducido, el incentivo fue ir subiendo radicalmente la tasa de interés endogeneizando la expansión monetaria al igual que en los ochenta y el financiamiento del gasto público quedó supeditado a la voluntad prestable de los agentes financieros, limitando, al igual que en década de los noventa, la capacidad para modificar la distribución del ingreso.

Todo modelo económico parte de un discurso político que luego se traduce en los hechos. Un discurso que permite generar la legitimidad de ejercicio que garantiza el apoyo popular para encarar las reformas en la estructura económica. La carencia evidente de ese discurso por la voluntad subrepticia de querer desvincularse de modales anteriores tuvo fuertes implicancias en la ciudadanía y consecuentemente en la fortaleza para la implementación de aquellas reformas.

Siguen siendo necesarias la instrumentación de las reformas y la sanción de herramientas legales que permitan recuperar los fondos de la evasión y la elusión impositiva. La deuda externa deben pagarla los individuos y las empresas que se beneficiaron de la compra irrestricta de moneda extranjera entre 2016-2019. No alcanza con el superávit en la balanza comercial para afrontar el pago de las obligaciones externas.

La baja de la inflación resulta inexpugnable sin una reducción de la relación deuda PBI. Tanto la cesación de pagos como el pago con ajuste del gasto y las privatizaciones de empresas públicas se han probado fracasadas. Es necesario establecer una tercera vía que, mediante la renegociación política y/o el cambio de titularidad de los acreedores, permita sortear la actual crisis de deuda y brinde mayores grados de libertad a la macroeconomía nacional.

El nivel de la tasa de interés y el traslado al nivel general de precios

Subir la tasa de interés para bajar la inflación sigue siendo una de las estratagemas predilectas del monetarismo ortodoxo. Esto puede ser particularmente cierto en las condiciones ideales de los modelos macroeconómicos, pero la mayoría de los supuestos no se cumplen en la realidad.

El derrotero de la tasa y la inflación

Cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019, la inflación interanual rondaba el 52,1 por ciento y la tasa de política monetaria era del 63 por ciento, alta y positiva consistente con un modelo regresivo de valorización financiera y ajuste estructural.

En 2020 la tasa de política monetaria se modificó a la baja en 10 oportunidades, desde el 55 por ciento a fines de 2019 cuando la inflación acumulaba un 53,8 por ciento, hasta 38 por ciento en noviembre de 2020, pasando por un mínimo de 36 por ciento el mes anterior. Con ello la inflación cerró en 36,1 por ciento para todo el año. Las causas de la desaceleración estuvieron acompañadas por un quiebre en el consumo masivo derivado del confinamiento, que condujo a un menor ritmo inflacionario.

A lo largo de todo el 2021 se mantuvo sin cambios en 38 por ciento con una inflación que se aceleraba hasta el 50,9 por ciento producto de la reactivación económica post Covid-19, de los cuellos de botella en las cadenas globales de distribución y el aumento en las materias primas.

A comienzos de 2022, en el marco del Acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario se produjo un cambio radical en la estrategia antiinflacionaria. El 6 de enero de 2022 comienza el derrotero alcista en la tasa de interés de referencia llevándola hasta el 40 por ciento, 42,5 por ciento el 17 de febrero, 44,5 por ciento el 22 de marzo, 47 por ciento el 13 de abril, 49 por ciento el 12 de mayo, 52 por ciento el 16 de junio, 60 por ciento el 28 de julio, 69,5 por ciento el 11 de agosto, 75 por ciento el 15 de septiembre y 78 por ciento el 16 de marzo de 2023.

Subir la tasa de interés no sólo no ha dado ningún resultado para bajar la inflación, sino que ha reforzado su inercia. La inflación para el año pasado cerró en 94,8 por ciento y la inflación núcleo (sin precios estacionales y energía) saltó del 54,9 por ciento al 90,6 indicando un nuevo piso en la inflación estructural.

La lógica se sustenta en la existencia de 2 mercados están en equilibrio, uno de dinero y otro de bienes. Cuando se produce un desequilibrio por exceso de demanda en el mercado de bienes, los precios aumentan, por lo que es necesario aplicar políticas contractivas que enfríen la demanda y devuelvan el equilibrio.

La teoría funciona en los papeles de los manuales macroeconómicos bajo el estricto cumplimiento de supuestos ex ante y condiciones estilizadas abstractas: incrementos infinitesimales, mercado de competencia perfecta con igual cantidad de oferentes y demandantes, información completa y simétrica, racionalidad, vaciado del mercado, etc., pero en la realidad eso sucede excepcionalmente. Y si a eso se le agrega un diagnóstico errado confundiendo los drivers de los aumentos en los precios, el resultado es el actual. El subproducto de esta modificación en las prioridades es una brutal transferencia de recursos públicos a los sectores del capital concentrado.

Las causas

Sobre si la variación de precios determina el tipo de interés o el tipo de interés determina la variación de precios, Irving Fisher señala en la La Teoría del Interés que "Las relaciones entre el porcentaje de variación de los precios y el tipo de interés son recíprocas. Un cambio en la tasa de interés influye en P' y a la inversa también", esto va a depender en definitiva de las preferencias de cada sociedad y del ciclo económico.

Según Fisher “tanto la tasa de preferencia temporal como la tasa de ganancia neta tienden a igualarse al tipo de interés del mercado, influenciándose mutuamente en esa dirección”. Entonces, cuando la tasa de interés de referencia aumenta, los precios suben para mantener indiferente aquella inversión productiva de la financiera. En otras palabras, el nivel de la tasa marca el piso del aumento de precios.

Cabe mencionar que buena parte de la teoría fue elaborada para economías con una única moneda.  En una economía bimonetaria como la nuestra, lo que puede funcionar en alguna economía avanzada, acá no sucede de manera lineal:

1 - Eleva el déficit cuasi fiscal y la necesidad de mayor emisión, no para aumentar la demanda efectiva, sino para pagar los intereses de la deuda en moneda nacional.

2 - Incrementa el costo de financiamiento para la inversión, reduce la oferta agregada por una menor producción y termina generando precios más altos en el mediano plazo.

3 - Como en el equilibrio la eficiencia marginal del capital es igual a la tasa de interés, una variación en la tasa de referencia provoca un aumento en los precios para igualar la eficiencia marginal del capital con la tasa de mercado.

La trampa de interés argentina

Hoy Argentina se encuentra en lo que podríamos denominar como trampa de interés. Una situación inversa de la trampa liquidez keynesiana, dónde las bajas tasas de interés no logran incentivar el aumento de la inversión y el sector privado prefiere conservar los agregados monetarios. Es ahí cuando el sector público debe hacerse cargo de aquella inversión no realizada y estimular la demanda agregada. En nuestro caso, los sucesivos incrementos en la tasa de interés no logran enfriar la demanda y contener los aumentos de precios como refiere la teoría.

La encrucijada ocurre porque un descenso en la tasa de referencia aumentaría la demanda de inversión e incentivaría una mayor demanda de divisas de las que se carece. Los dólares disponibles para el sostenimiento de la actividad entran en disputa con los dólares necesarios para el pago de la abultada deuda en moneda extranjera.

El caso turco

Luego del pico inflacionario de 85,5 por ciento en octubre de 2022, el gobierno de Tayyip Erdoğan continuó con el sendero de reducción de tasas planteado desde el pico de 19 puntos porcentuales en marzo de 2021, hasta fijar una tasa de interés de interés del 8,5 por ciento en febrero de 2023. La desaceleración del proceso inflacionario turco consiguió romper con la inercia y en marzo la inflación interanual descendió al 50,5 por ciento.

El modelo

Las tasas de interés positivas generan una dicotomía entre las inversiones productivas y las inversiones financieras. Cuando las tasas de interés superan la inflación, los productores o comerciantes que tienen que invertir para desarrollar sus negocios, deben optar entre el beneficio que pueden obtener de la compra y venta de bienes o servicios, o del beneficio que se genera por la colocación del dinero a plazo, libre de riesgo y nulos costos de transacción.

El 7 de marzo, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, testificó ante el Comité Bancario del Senado y aseguró la continuidad del endurecimiento en la tasa de interés, en tanto que fue cuestionado por la senadora Elizabeth Warren dada la vinculación entre ese incremento de la tasa y el aumento del desempleo. Según sus estimaciones más de 2.000.000 de trabajadores quedarían sin empleo y por lo tanto debía buscarse una forma alternativa que no implicase un sacrificio para millones de familias. De todos modos, el titular del Banco Central estadounidense se limitó a responder que “son las únicas herramientas que tenemos para bajar la inflación”, ciñéndose estrictamente a los manuales. El verdadero objetivo pareciera no ser el de impedir la desvalorización del poder adquisitivo del salario, sino impedir la desvalorización del capital.

Un modelo de crecimiento económico con distribución progresiva del ingreso es incompatible con un modelo de tasas reales positivas de interés. La industrialización por sustitución de importaciones requiere de una inversión productiva asequible y de un mercado interno sólido que la dinamice. Sin embargo, hoy todos los incentivos macroeconómicos están direccionados en la generación de divisas para el pago de la deuda externa.

No es la puja distributiva, el déficit fiscal o los impuestos la causa actual del aumento generalizado de los precios. Hoy la principal causa de la inflación es el nivel de la tasa de interés derivada del acuerdo stand by con el FMI en 2018 que obliga a supeditar las políticas económicas para obtener el financiamiento que nos impida caer en default. No se puede lograr una inflación de 1 dígito con una Tasa Efectiva Anual de 3.  Pero, sin embargo, la salida actual es el mal menor; pagar la deuda con inflación sigue siendo más barato que pagarla con la privatización masiva de empresas públicas y la venta de los recursos naturales como propone la misma fuerza política que nos endeudó.

La judicialización de la economía

 Pocas medidas políticas tienen un impacto tan inmediato en la calidad de vida de las personas como las políticas económicas. Salvo cuando intervienen decisiones judiciales, entonces las políticas económicas pasan a un segundo plano, la calidad de vida también.

Las decisiones judiciales afectan de manera creciente nuestra vida cotidiana, independientemente del nivel de conocimiento jurídico individual. A los que somos leguleyos nos cuesta entender cómo y por qué una sentencia judicial puede alterar el curso de las políticas públicas o directamente anularlas. En los últimos años el Poder Judicial ha dejado de ser un mero regulador entre los otros dos poderes republicanos, para simplemente pasar a cogobernar, aunque con nulos visos democráticos.

Ley de servicios de comunicación audiovisual

“Los monopolizadores, manteniendo siempre escaso y mal provisto el mercado, y no satisfaciendo jamás la efectiva demanda, venden sus géneros a mucho más caro precio que el natural, subiendo sus emolumentos, bien sean de salarios, bien de ganancias, hasta un valor excesivo sobre su natural proporción” sostenía Adam Smith en La Riqueza de las naciones. “El monopolio es el mayor enemigo de la negociación justa y moderada de las cosas de la sociedad, y por regla general jamás debe ser permitido” sintetizaba el escocés.

Es cierto que la globalización ha llevado a los mercados a una situación muy distante de la competencia perfecta, pero en Argentina esta condición se ve exacerbada por factores netamente exógenos a la ya desleal competencia que pueda surgir del propio funcionamiento económico. La utilización de mecanismos judiciales para crear artificialmente ámbitos de privilegio o perpetuar posiciones dominantes existentes atenta contra la voluntad política para garantizar el bien común.

El 7 de diciembre de 2009 el juez Edmundo Carbone del Juzgado Nacional de primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 1, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Grupo Clarín S.A.  para suspender los artículos 41 (intransferibilidad de las autorizaciones y las licencias) y 161 (adecuación a la norma) de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En paralelo, el Grupo solicitó una acción meramente declarativa para proclamar la inconstitucionalidad de los artículos 41, 45 (límite de licencias), 48 -segundo párrafo- (imposibilidad para alegar derechos adquiridos sobre la multiplicidad de licencias) y 161.

El 22 de mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia había fijado el 7 de diciembre de ese año como plazo límite para la vigencia de la cautelar. Sin embargo, el día anterior al vencimiento, los jueces que habían sido invitados a Miami por Clarín, Francisco de las Carreras y Susana Najurieta de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, extendieron la medida.

El 14 de diciembre de 2012 el juez Alfonso rechazó el planteo de inconstitucionalidad y finalmente, luego del segundo per saltum fallido, idas y vueltas, el 29 de octubre de 2013 la Corte Suprema dictó la constitucionalidad de los 4 artículos cuestionados por el multimedio.

En octubre de 2014, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) aprobó dar inicio a la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios tras encontrar inconsistencias societarias en el plan de adecuación voluntaria presentado previamente. Pero

El 4 de febrero de 2015, el juez Pablo Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, suspendió la resolución 121/14 del AFSCA que había dispuesto la adecuación de oficio.

El 4 de enero de 2016, a pocos días de haber asumido, Mauricio Macri modificó la Ley mediante el decreto 267 desguazando la norma y pasando por encima del resto de los poderes de la democracia.

Hoy el multimedio, ampliado por la fusión con Telecom el 29 de junio de 2018, sigue detentando su posición dominante y coartando la libertad de elección de los consumidores. De esta forma el poder judicial dependiente del poder económico concentrado, obtura toda posibilidad de tender hacia un mercado con libre competencia, avalando la posibilidad de que una sola empresa pueda fijar precios.

Decreto 690

Como un acápite de lo anterior y de la imposibilidad de ampliar el mercado para evitar abusos de posición dominante, surge el recurso que Telecom interpuso en La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal para frenar el decreto 690 que declaraba a las telecomunicaciones como servicio público.

En el marco de la cuarentena por el Covid-19 y cuando era fundamental garantizar la conectividad de la sociedad, el gobierno de Alberto Fernández decretó establecer a las telecomunicaciones como un servicio esencial, otorgándole al Estado la posibilidad de fijar las tarifas.

Luego del amparo que TV Cable Color S.A consiguiera en el juzgado de Bustos Fierro, Telecom Argentina obtuvo el 30 de abril de 2021, un fallo favorable de la sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, para revocar la decisión del Ejecutivo.

Prepagas

El servicio de salud es un servicio inelástico, es decir que por mucho que aumente el precio la demanda no varía. Y eso es político.

El 15 de junio de 2021 las empresas de medicina prepaga presentaron una medida cautelar para suspender las resoluciones 1787/20 y 2988/20 del Ministerio de Salud que limitaban los aumentos en las cuotas de los planes.

Lógicamente la pandemia también representó oportunidad para obtener ganancias extraordinarias en el rubro salud. El gobierno utilizó sus facultades para salvaguardar el poder adquisitivo de los usuarios de medicina privada. Sin embargo, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso administrativo Federal N° 7, subrogado por el juez Pablo Cayssials, bloqueó las medidas.

Aporte de las grandes fortunas

Luego de las inversiones extraordinarias por la crisis del Covid-19, el Estado Nacional cubrió parcialmente los agujeros fiscales que se generaron con las medidas sanitarias y la asistencia a las empresas. El “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, ley 27.605 no estuvo exento de judicialización.

En marzo de 2021 la jueza Gilardi Madariaga de Negre fue una de las primeras en interponer una medida para frenar el cobro del gravamen para un empresario. Posteriormente, casi 400 contribuyentes imitaron el recurso.

Cautelares que importan

La administración del comercio exterior hace a la soberanía nacional y a la independencia económica. Los dólares necesarios para la importación de insumos industriales son un recurso escaso y vital para el sostenimiento del nivel de actividad.

El 18 de agosto de 2021 la empresa Cityblanco SA presentó una cautelar en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 a cargo de la jueza Gilardi Madariaga de Negre para habilitar la importación de más de 20 millones de dólares en toallas. Sin embargo, la Aduana detectó que hasta esa fecha la empresa había ingresado mercadería por un valor de 2.335.149 dólares de los 20.449.240 de dólares autorizados. Luego de que el caso fuese expuesto públicamente por el ministro Sergio Massa en el Consejo de las Américas, la empresa desistió de la medida.

El expediente N° 13177/2021 se convirtió en un caso paradigmático del alquiler de cautelares para importar bienes a dólar oficial ya sea para el sobre stockeo por la volatilidad cambiaria o bien para la fuga mediante la sobrefacturación.

Coparticipación

La ley 23.548 de Coparticipación Federal estableció originalmente una distribución primaria del 42,34 por ciento de los gravámenes para la Nación, 56,66 por ciento para las provincias y 1 por ciento para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. La distribución secundaria determinaba el reparto de ese 56,66 entre las 23 provincias y la Capital Federal.

El Decreto N° 705 del 1 de enero de 2003 fijó el monto destinado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1,40 por ciento. Cuando Mauricio Macri llegó al poder, el porcentaje de Coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos era aproximadamente del 1,9 por ciento. Con el Decreto N° 194 del 18 de enero de 2016, Macri duplicó ese porcentaje con la excusa del traspaso de 19.000 efectivos de seguridad. El guarismo destinado a CABA se estableció en 3,75 por ciento y finalmente, luego del consenso fiscal, a través del Decreto N° 257 del 3 de abril 2018 se redujo al 3,5 por ciento.

Los fondos coparticipables que reciben la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego se deducen del porcentaje que le corresponde a Nación y no altera lo que reciben las otras provincias, por lo que el Poder Ejecutivo Nacional tiene potestad para modificarlos. El 9 de septiembre de 2020, Alberto Fernández hizo uso de las mismas facultades que su antecesor para corregir el beneficio extraordinario y mediante el Decreto N° 735 redujo del 3,5 al 2,32 por ciento la Coparticipación a CABA.

Sin embargo, el fallo del 21 de diciembre de 2022 de la Corte Suprema de Justicia fijó en 2,95 el porcentaje correspondiente a la Ciudad.  Así el máximo tribunal echó por tierra todos los manuales de equidad tributaria con una sentencia arbitraria que se circunscribe en el esfuerzo cotidiano por horadar la seguridad jurídica e inducir al caos institucional, obligando a rectificar partidas presupuestarias de una ley ya aprobada por el Congreso Nacional.

Es evidente que la transferencia excedentaria de los recursos coparticipables que realizara el ex presidente Mauricio Macri al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, buscó fortalecer políticamente a su jurisdicción originaria. La Corte hizo lo propio.

Capilaridad judicial

A partir de 2015 la judicialización extendió su órbita de influencia sobre la democracia, reflotando antiguas prácticas proscriptivas para incidir de forma directa en la organización social. El Lawfare y la persecución a los funcionarios públicos que osaron implementar políticas económicas que ampliaron derechos de las mayorías populares y redujeron los privilegios de las minorías acomodadas, fueron las metodologías utilizadas para el disciplinamiento institucional.

Quienes alguna vez estudiamos Economía Política creyendo ingenuamente que era una ciencia social que explicaba adecuadamente las interacciones sociales permitiendo mejorar la calidad de vida de los individuos, debemos replantearnos todo marco filosófico y sociológico para comprender que la eficacia y eficiencia de las políticas económicas termina cuando empieza a operar la política judicial.

No basta ya con leer a los autores clásicos, neoclásicos, keynesianos, poskeynesianos, estructuralistas o neoliberales porque todo el pensamiento económico queda subsumido en el ejercicio jurídico. La economía tiene que recuperar aquellos ámbitos de decisión, lejos de los escollos judiciales que impiden la consolidación de políticas de largo plazo para lograr una mejor distribución de la riqueza y asegurar la paz social.

La exclusión en una sociedad de consumidores libres

En una sociedad que invierte constantemente la carga de la prueba, la culpa de la exclusión la tienen los excluidos y no una sociedad expulsiva que no los integra. Esa exclusión, que radicaliza los patrones de creencias ideológicas, convierte la frustración en terreno fértil para los extremismos.

Bauman señalaba que a partir de la de la década del 70 se produjo el traspaso de una sociedad basada en la producción, dónde la ética del trabajo era el articulador social y dónde trabajar o no trabajar era opcional, a otra basada en el consumo y la libertad de elección, dónde el consumir o dejar de hacerlo, en apariencia, también se convertía en una decisión individual. De ahí en más la ética del trabajo se ha mantenido incólume, pero las condiciones materiales se modificaron. El progreso tecnológico ha llegado al punto en que la productividad crece en forma inversamente proporcional a la disminución de los empleos, describía el sociólogo polaco.

Ese gran articulador social que había sido el trabajo en aquella sociedad de productores, fue reemplazado por el consumo. La pobreza pasó de ser un problema a resolver a un problema a erradicar, es decir, desde un punto de vista punitivo y los consumidores que no acceden al mercado son vistos como inútiles y culpables de no haber sabido torcer su propio destino. Una suerte de inversión discursiva-ideológica en la que se reemplazan las manifestaciones empíricas por declaraciones abstractas para la legitimación de un sistema estructurado en las desigualdades. Una sociedad cada vez más segmentada entre ganadores y perdedores.

Las derechas ultraconservadoras sitúan el problema en la órbita de la meritocracia. Pero es difícil visualizar el mérito de haber nacido en un hogar rico y no en un hogar pobre; cuando las condiciones materiales que definen la prosperidad están preestablecidas y la posibilidad progreso individual difiere desde el punto de partida.

Ingresos

La salida de la convertibilidad fue tortuosa para el 10 por ciento más pobre de la población. En 2003, el promedio de ingresos de los individuos más pobres sólo alcanzaba para cubrir el 66,5 por ciento de la Canasta Básica Alimentaria (Indigencia) y el 25,1 por ciento de la Canasta Básica Total (Pobreza). Una década más tarde se logró una mejora sustancial en los ingresos del sector más vulnerable del país: los ingresos promedio cubrían el 91,4 por ciento de la CBA y el 41,1 por ciento de la CBT.

A la salida del tercer proceso neoliberal, la situación se volvió a agravar. Los ingresos del 10 por ciento más pobre alcanzaban para cubrir el 71,6 por ciento de la CBA y el 28,6 por ciento de la CBT. Sin solución de continuidad, la pandemia arrasó con toda posibilidad de generar ingresos para el sector hiper vulnerable de nuestra sociedad, volviendo a una situación incluso peor que en la posconvertibilidad. En 2020 los ingresos promedio sólo servían para cubrir el 59,7 por ciento de la CBA y el 24,9 por ciento de la CBT.

La situación del primer decil al segundo trimestre de 2022 muestra una mejora importante, aunque todavía insuficiente: los ingresos promedio alcanzan para cubrir el 73,9 por ciento de la CBA y el 33 por ciento de la CBT.

En una sociedad de consumo, la verdadera libertad es aquella que otorgan los recursos para consumir. No cuenta con la misma libertad alguien que nace en una familia que pertenece al 10 por ciento más rico de la sociedad, que otro que nace en una familia que pertenece al 10 por ciento más pobre. Tampoco es igual en términos relativos, el esfuerzo que deben realizar ambos para progresar socialmente.

Impuestos y redistribución

Una de las principales causas del subdesarrollo es la elusión tributaria. Pese a la cantinela hegemónica que insiste con la excesiva carga impositiva, la realidad es que los ricos cada vez pagan menos impuestos y el grueso recae sobre las clases medias y pobres, coartando la posibilidad de una movilidad social ascendente.

Hoy los impuestos al trabajo y el consumo representan el 64 por ciento de la recaudación tributaria nacional, el 21 por ciento son impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital, el 12 por ciento impuestos sobre comercio internacional y apenas el 2,5 por ciento impuestos sobre la propiedad, lo que bastaría para desterrar la idea de que el 10 por ciento más rico de la sociedad sostiene al 90 por ciento restante.

La cuestión impositiva obedece a la percepción de justicia que una sociedad tiene en un momento dado. Los impuestos no son un asunto técnico sino eminentemente político y filosófico, sostiene Piketty. Gravar qué y cuánto, es siempre una decisión política.

Los excluidos del siglo XXI, no son ya únicamente los individuos que venían de hogares desfavorecidos. Por el contrario, la exclusión se ha vuelto un fenómeno transversal al punto en que la acumulación originaria de madres, padres y abuelos no garantiza el acceso al consumo de bienes y servicios. La canalización del descontento a través de las redes sociales se retroalimenta con aquellos bienes y servicios que esas redes sociales tratan de vender, pero que la falta de recursos imposibilita su acceso.

No existe el Estado mínimo, el Estado es siempre el mismo. Cuando no está focalizado en impulsar la inclusión social, está direccionado en sentido contrario garantizando rentabilidades extraordinarias de una elite minoritaria. En 2003, el 10 por ciento más rico de la población argentina tenía ingresos 148 por ciento mayores que el 50 por ciento más pobre. 12 años más tarde, esa brecha de ingresos entre el 10 por ciento más rico y el 50 por ciento más pobre era apenas 34 por ciento, para luego volver a incrementarse hasta el 56 por ciento en 2019. Hoy esa distancia es del 38 por ciento.

No hay dudas que el mercado es quien asigna los recursos de manera más eficiente satisfaciendo plenamente la maximización de la utilidad. Sin embargo, existe una dicotomía entre eficiencia y equidad, que no se resuelve sino con regulaciones Estatales. La naturalización de la pérdida de derechos horada la democracia, resta poder a la ciudadanía y posibilita el ascenso de poderes fácticos.

En la dinámica del capitalismo clásico, ni los productores de bienes ni los productores de servicios se benefician a priori con la exclusión. Los verdaderos beneficiarios de la exclusión social son los sectores especulativos de las finanzas, cuyas ganancias no guardan relación con la producción real y aumentan a la par de las primas de riesgo de los países en crisis.

El riesgo de la despolitización por las desilusiones electorales siempre está latente. El enojo tiene la capacidad de transformar en razonables ideas que, en otras situaciones, serían inmediatamente desestimadas por descabelladas, conduce a extremos en los que la misantropía se convierte en un factor dominante de las decisiones individuales e imaginar la vida en sociedad se vuelve casi imposible.

En La cultura de la satisfacción, Galbraith indagaba sobre cómo en una sociedad democrática, la mayoría de los votantes podía apoyar un aumento de la desigualdad. Esto sucede porque gracias a décadas de Estado de bienestar, el votante medio al que están dirigidas las proclamas políticas se siente mucho más distante de la pobreza extrema que de la extrema riqueza y por ende no siente la necesidad de contribuir a un Estado social del cual percibe nunca va a necesitar. Esa mayoría satisfecha se va a convertir en la base de sustentación de partidos que luego conculcan derechos amplificando dichas desigualdades.

La anteposición de las libertades individuales siempre termina horadando las libertades colectivas. Resulta necesario recordar que cuando irrumpió la pandemia de Covid-19 y la economía global colapsó, fue el Estado el que salió a asistir a los individuos y a las empresas que se cayeron del mapa. Paradójicamente, el resultado fue una concentración de la riqueza mundial aún mayor, el fortalecimiento de un discurso eminentemente individualista y la conformación de sociedades todavía más fragmentadas.

La contradicción más flagrante de las democracias modernas se hace palpable cuando invita a consumir a millones de excluidos económica y socialmente. El consumo se publicita con una apariencia democrática que no se condice con la materialidad de los consumidores. Lo que se pregona en última instancia, no es una libertad inclusiva, sino una libertad de exclusión disfrazada de revolución. 

La cantinela de bajar el déficit, otra vez.

 Pese al sobre endeudamiento de 2016-2019 y por medio de las renegociaciones de 2020, Argentina no tiene hoy un déficit excesivo. En 2021 el déficit financiero fue del 4,5 por ciento del PBI, mucho menor al de países desarrollados y otros similares en vías de desarrollo. Sin embargo, se reiteran las exigencias por bajar el déficit, precisamente por quienes hicieron todo por engrosarlo a través de la deuda.

La renegociación de la deuda con acreedores privados de 2020 equivalió a un ahorro de 37.700 millones para el periodo 2020/30, despejando el horizonte de vencimientos de corto plazo. A su vez, la reducción de la tasa de interés del 7 al 3 por ciento redujo la insostenibilidad de la deuda, lo que hubiese redundado en un mayor déficit financiero e indefectiblemente a una cesación de pagos.

No es cierto que Argentina tenga un elevado déficit fiscal, lo que Argentina tiene es una elevada evasión fiscal, equivalente al 9 por ciento de la recaudación o al 2,74 por ciento del Producto Interno Bruto según CELAG. De acuerdo con Tax Justice Network, sólo la evasión de individuos y multinacionales en Argentina equivale a 2.684.956.110 dólares por año.

Existen dos maneras de reducir el déficit: aumentando la recaudación o achicando el gasto. El problema surge cuando la cantinela de bajar el déficit se combina con la cantinela de bajar impuestos, en ese punto se genera una contradicción insalvable que solo puede explicarse con un mal sofisma.

La cantinela

La reiterada insistencia de los sectores dominantes con sus representantes políticos por bajar el déficit, oculta sus verdaderas motivaciones y se parapeta en una supuesta reducción de la inflación para legitimarse. Sin embargo, la metodología que proponen para reducir el déficit es siempre la misma: achicar el gasto.

El gasto público busca subsanar las inequidades que el sistema no resuelve por sí solo, dado que existen actividades que no son rentables desde el punto de vista economicista y es el Estado quien debe garantizarlas en pos del bien común.

En ocasiones la intervención del Estado genera crowding out, es decir, un corrimiento del sector privado por el sector público en aquellas actividades que sí son rentables. La ortodoxia sostiene que es el sector privado el que está más capacitado para llevarlas a cabo, porque es quién asigna los recursos de manera más eficiente.

Es indiscutible que es el sector privado quién mejor asigna los recursos en una economía, pero ello se realiza sobre la base de la maximización del beneficio. Si el estado no interviniese por medio del gasto o, mejor dicho, la inversión pública, sólo aquellas actividades más rentables serían las que se llevarían a cabo, mientras que las que no generan una ganancia efectiva carecerían de sentido económico y no existiría oferta.

Entre 2016 y 2019 rigió una lógica de mercado sobre los servicios públicos. Las tarifas a valores internacionales, sin relación alguna con el poder adquisitivo, provocaron una transferencia de ingresos desde la sociedad a las empresas energéticas. El sentido social que impera en el concepto de los bienes y servicios públicos desvela a los sectores que ven las cuantiosas ganancias que podrían obtener con el corrimiento absoluto del Estado.

Por otro lado, el 66% del gasto público lo compone el sistema de seguridad social: jubilaciones, pensiones, asistencia social, etc. Otra contradicción en la que se incurre cuando se arguye la imperiosidad de reducir el gasto, pero se hace demagogia reclamando aumentos en los haberes.

Sin un sistema público de reparto es muy probable que los ingresos de los sectores más desfavorecidos no puedan siquiera cubrir las necesidades básicas, tal como ocurrió cuando las AFJP se hicieron cargo del sistema previsional.

El déficit en el mundo

En 2021 Argentina tuvo un déficit financiero del 4,5 por ciento como porcentaje del PBI, muy por debajo de países como Estados Unidos (16,7 por ciento), Bolivia (9,5 por ciento), Japón (7,6 por ciento), Islandia (8,9 por ciento), Australia (7,8 por ciento), Chile (7,5 por ciento), Italia (7,2 por ciento), Colombia (7,1 por ciento), España (6,9 por ciento), Francia (6,5 por ciento) o el Reino Unido (6 por ciento).

Con el 4,5 por ciento de déficit registrado en 2021, la inflación en Argentina cerró en 50,9 por ciento, mientras que en los países mencionados la inflación fue: 7 por ciento en EEUU, 0,9 por ciento en Bolivia, 0,8 por ciento en Japón, 5,1 por ciento en Islandia, 3,5 por ciento en Australia, 7,2 por ciento en Chile, 6,5 por ciento en España, 2,8 por ciento en Francia y 5,4 por ciento en Reino Unido.

El déficit no es causal de inflación. Déficit e inflación son dos resultados. En tal sentido, la inflación se explica por la emisión monetaria con la que se financia parte del gasto y con la tasa de interés que se paga por el dinero prestado. Por ello sigue siendo necesaria una reforma tributaria progresiva que cubra eficientemente las erogaciones que realiza el Estado y una reducción en la tasa de política monetaria consistente con el crecimiento económico.

Privatizaciones como soluciones inmediatas

En épocas de crisis resurge con virulencia el discurso privatizador con el argumento de achicar gastos. Discurso en el que Aerolíneas Argentinas es una abonada casi exclusiva.

Según los estados contables de la empresa, en 2021 la asistencia del Estado nacional fue $72.797.718.843, equivalente al 0,16 por ciento del PBI. Sin embargo, el resultado del Producto Bruto Aeroportuario generado por Aerolíneas equivalió a 861.076.158 dólares, el beneficio económico para los pasajeros alcanzó los 330.681.438 dólares, los turistas receptivos internacionales y los turistas internos transportados aportaron un total de 977.226.928 dólares y de acuerdo al indicador de conectividad Aerolíneas Argentinas implicó una contribución a la economía argentina que alcanzó los 611.114.768 dólares para todo 2021. Un impacto positivo total de 2.780.099.292 dólares (0,4 por ciento del PBI).

Las externalidades positivas de contar con una aerolínea de bandera quedaron de manifiesto con la irrupción de la pandemia, cuando la emergencia sanitaria obligó a comprar de urgencia material sanitario y vacunas. Y posteriormente para la recuperación del sector turístico, uno de los más afectados por el virus. En efecto, Aerolíneas Argentinas fue clave para los $99.000 millones generados por el Pre Viaje 2021.

La reducción del déficit hoy no es sólo una demanda de los sectores económicos que se beneficiarían con el corrimiento del Estado, sino que es una imposición directa del FMI como garante del capitalismo financiero global. La economía es un ámbito de constante disputa de intereses y lo que en apariencia puede resultar lógico desde una perspectiva individual, no aplica a nivel agregado en un país.

Las situaciones de superávit fiscal y financiero no son la norma, son la excepción. Reducir el déficit por medio del ajuste en el gasto público es una defensa solapada de la desigualdad. En economía es importante el cómo, pero mucho más importante el para qué.

El tiempo de ser radicalizado

La molicie económica que se sostuvo hasta 2015, era una invitación para la moderación de un discurso constantemente beligerante que, paradójicamente, hizo posible la materialización de ese bienestar generalizado. El intento de moderación con la elección de un pre candidato de centro como Daniel Scioli, no alcanzó para contrarrestar el hastío de una sociedad permeada por los medios de comunicación hegemónicos obstinados en des historiar el progreso social y horadar la imagen pública de quienes lo vehiculizaron.

Sin entrar en el derrotero 2016-2019, las dificultades producto de la pandemia COVID-19 y la guerra en Ucrania chocaron con un gobierno que había ganado con un discurso eminentemente moderado y consensualista.

La realidad actual configura un escenario político diametralmente opuesto al del 2015. Escenario en el cual la moderación necesaria para ganar las elecciones, hoy no es siquiera una alternativa. El surgimiento de una derecha ultra conservadora que propone arrasar con el más mínimo de los derechos alcanzados por la lucha social, atenta con la posibilidad de definir estrategias que no impliquen confrontación.

Ninguno de los problemas actuales de Argentina se resuelve con diálogo y consenso. Eso podía haber sido viable en 2014 cuando la economía estaba relativamente tranquila y las necesidades materiales un poco más resueltas.

La necesidad de implementar reformas estructurales en pos de las grandes mayorías, se da de bruces con un poder real mucho más fuerte, gracias a la concentración de la riqueza a nivel nacional y global. Para contrarrestar la vehemencia de proclamas defensoras de una ignominiosa desigualdad, es imprescindible más que la voluntad política, se requiere una mayor radicalización tanto discursiva con efectiva.