viernes, 5 de febrero de 2021

Los bienes y servicios públicos como respuesta a las crisis globales

Sería bueno que la humanidad no recurriese al salvataje del Estado en situaciones de contingencia, sino que pudiese sostener políticas púbicas inter generacionalmente y no apelar a la ayuda Estatal solo en momentos de necesidad, porque el sector privado sucumbió ante su propia avaricia.

Con encomiable perspicacia, en su exposición ante el Foro Económico Mundial de Davos 2021, el presidente Alberto Fernández expresó que: “La pandemia nos demostró, una vez más, que para lidiar con los grandes desafíos globales debemos cooperar entre actores públicos y privados, y que la vacuna debe ser considerada un bien público global”[1]

Quizá las palabras bien público global, no terminen de reflejar cabalmente la profundidad conceptual de la frase. Es necesario ampliar la importancia de los bienes y servicios públicos en períodos normales, pero sobre todo ante catástrofes globales como las que atraviesa el mundo hoy.

Se considera bien público a todo bien consumido de manera colectiva, en el que rigen 2 propiedades: no exclusión y no rivalidad. Un ejemplo de bien público (puro) es el alumbrado público; no se puede evitar que otro individuo pueda gozar de la iluminación que suministra (no exclusión) y su incorporación, no agota cantidad de luz brindada para que otro pueda gozar en igual medida (no rivalidad). Esto determina 2 problemas centrales: al no poder evitar estas 2 condiciones, el mercado no tiene demasiados incentivos para proveerlos o para hacerlo de manera eficiente, lo que resulta en una provisión subóptima. Por otro lado, una vez que el bien fue provisto, habría quienes no estarían dispuestos a pagarlo a sabiendas de que, de todos modos, se benefician del servicio; este es el problema del free rider. Esto constituye una falla de mercado[2]. Por lo que resulta necesario que sea el Estado el que provea estos bienes, ya que su interés no es la rentabilidad sino la universalidad (sin perjuicio de que la producción pueda ser llevada a cabo por el sector privado).

La noción de bienes públicos globales surge con más fuerza en los 90, con los gobiernos neoliberales avanzando de manera voraz en la economía y las finanzas. La globalización determinó que sea imperioso determinar reglas de jugo en el sector financiero, para regular los comportamientos especulativos y promover la estabilidad macroeconómica. Se consideró que las regulaciones monetarias y bancarias eran un bien público que debía ser adoptado por todos los países para evitar desequilibrios en las economías locales.

La pandemia de Covid-19 también reavivó la idea de cooperación multilateral, pero en este caso, para el control de la situación epidemiológica. El beneficio de la vacunación a nivel mundial supera el costo que ello implica. Con la economía global colapsada, el esfuerzo monetario para volver a ponerla en funcionamiento no implicaría un gasto, sino una inversión, y esta no vendría del lado del sector privado sino del sector público. La salud como servicio público adquiere hoy especial preponderancia para el desarrollo normal de la vida en todos los países.

Resulta necesario que la vacuna sea abordada como un bien público puro, provisto y financiado por los Estados locales y no por el sector privado, ya que su motivación estaría determinada por el beneficio económico y ello supondría una provisión subóptima. La vacunación masiva produce externalidades positivas valoradas ampliamente por la sociedad y en un ámbito de globalización como el actual, el desarrollo económico de cada país no puede llevarse a cabo si los países no pueden ejercer el comercio internacional o la libre circulación de personas por una pandemia.

 

El aislamiento obligatorio decretado por la mayoría de los gobiernos para evitar el colapso del sistema sanitario en la primera fase de la pandemia impuso un desafío en cuanto a la conectividad de los ciudadanos[3]. El acceso a las tecnologías de la información y a las telecomunicaciones, se volvió indispensable para poder trabajar de manera remota desde los hogares.

En nuestro país, el Decreto 690/2020[4] de agosto de 2020 estableció el carácter de servicio público sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y la telefonía móvil en la ley 27.078 de 2014, regulando así, no solo la tarifa, sino el acceso, mediante una prestación básica universal obligatoria.

A los 19 días de asumir, Mauricio Macri modifica con el DNU 267/2015 las leyes 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) y 27.078 (Argentina Digital). Derogando gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y TICs, abandonando la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda. Al darles la condición de prestadores de servicios TIC (Art. 7° del DNU[5]), es decir, equipararlos a las empresas de telecomunicaciones, se liberó a los proveedores de TV por cable de las obligaciones que imponía la LSCA[6]. Ya no había límites de concentración (clave en la fusión entre el grupo Clarín y Telecom) y se les otorgaba mayor discrecionalidad a las prestatarias, en detrimento de las y los consumidores.

El decreto de agosto suspendió, a su vez, cualquier tipo de aumento hasta el 31 de diciembre de 2020 lo que desató una andanada de medidas cautelares y amparos para bloquear su aplicación. El sector privado, en concomitancia con una parte del sector judicial, se opuso férreamente, en un acto de corporativismo explícito, ante la imposibilidad de aumentar la tarifa lo que les viniera en gana. Los medios hegemónicos salieron a esmerilar el rol del Estado, equiparándolo con uno pseudo comunista y totalitario, pero lo curioso es que no dijeron lo mismo de países desarrollados que habían obrado en igual sentido.

El rol del Estado es vital frente a los abusos de poder en momentos de incertidumbre, pero es más efectivo su accionar cuando en momentos de normalidad, se pone por delante del sector privado, guiándolo en la senda del desarrollo económico.

No Existirían hoy los unicornios tecnológicos como Amazon, Google, Facebook, Apple o Microsoft, si a fines de la década del 60, un proyecto militar impulsado por el Estado norteamericano[7] no hubiese desarrollado red de ordenadores que uniera los centros de investigación dedicados a labores de Defensa. Así es como nace ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network o Red de la Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada) la red precursora de la Internet actual.

Estas empresas, tan frecuentemente citadas como sinónimo del éxito del sector privado, no solo hicieron usufructo indirecto de un desarrollo Estatal, sino que se beneficiaron de manera directa de los eslabonamientos productivos de un clúster tecnológico llamado Silicon Valley. Ninguna de ellas podría haber tenido un desarrollo tan exitoso sin un Estado que hubiese invertido en educación, I+D, infraestructura o transporte interurbano. Con facilidades de acceso a financiamiento en su primera etapa como start ups, con exenciones impositivas y beneficios fiscales para su radicación en la localidad californiana.

Por su valoración social y sus externalidades positivas, internet también debe ser considerado bien público global. Aunque su suministro sea privado, es insoslayable la importancia que tuvo el Estado para su desarrollo y la importancia que hoy tiene para garantizar el acceso para las y los ciudadanos.

En tiempos de pandemia, el esfuerzo unilateral de los Estados por garantizar el bienestar de sus individuos resulta infructuoso o insuficiente si no se realiza de manera concertada y conjunta. La salida de la Corona-crisis será global o no será, puesto que los países están estrechamente vinculados a través de cadenas de valor deslocalizas en las que el comercio internacional y la circulación de personas tiene un rol preponderante. Problemas globales requieren soluciones globales.

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sábado, 23 de enero de 2021

La inflación en alimentos: fenómeno global; problema estructural en Argentina

    Que “Argentina exporta alimentos”, es una frase ya muy sonada. Pero lo más relevante de aquella afirmación es la elevada concentración de un mercado que, por su capacidad de colocación exterior de la producción, termina incidiendo de manera directa en la estructura de precios del mercado interno. Y no es justamente en los últimos eslabones de la cadena (supermercados) dónde ocurre la concentración, sino desde la cosecha.

Se puede distinguir un elevado grado de concentración en 3 instancias: propiedad de la tierra, producción y exportación. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2018[1],  más de la mitad de la tierra productiva (51%) es controlada por apenas el 2,49% de los productores. El GINI de la tierra en 2018 se puede estimar en 0,8476, similar al 0,8403 de 1914. Lo que señala que la desigualdad en el campo no se ha modificado desde el fin de la división de tierras de la campaña del desierto.

La exnominación también es un factor distintivo de nuestra modernidad: las Explotaciones controladas por sus propietarios cayeron del 74% en 2002 al 69% en 2017. Y las controladas por Sociedades Anónimas crecieron del 20% al 24% en los últimos 15 años. En consecuencia, rastrear a los verdaderos dueños de la tierra, es una quimera de otra época.

En cuanto a la comercialización internacional de cereales, oleaginosas y derivados[2], apenas 10 empresas, de un total de 476 (es decir el 2%), explicó el 87% de las exportaciones en 2020:

DJVE – Granos acumuladas aprobadas 2020

Elaboración en base al MAGyP

Se trata de un puñado de empresas locales y extranjeras con gran capacidad de colocación externa de la producción nacional y cuyo poder en la fijación de precios repercute finalmente en el mercado interno. Es un mercado fuertemente oligopolizado con pocos actores que operan globalmente en distintos países productores.

Otro tanto sucede en el mercado cárnico, dónde hasta 2017 tan sólo 5 empresas concentraban el 60% de las exportaciones bovinas[3]

En 2020 el sector cerró con el mayor nivel de actividad en 11 años[4], la faena total de ganado bovino fue de 14.231.788 de cabezas. Y las principales 10 empresas, de un total de 398 (el 2,5%), fueron responsables del 22% de la producción[5] (pero si se tiene en cuenta que muchas de ellas pertenecen a un mismo grupo, la participación total asciende al 27%[6]):

Faena total por establecimiento

Elaboración en base al MAGyP

La producción medida en toneladas de res con hueso se incrementó 1,3% respecto de 2019 (de 3.134.000 a 3.174.456), sin embargo, las exportaciones crecieron en un 8,4% respecto del año anterior[7] y el volumen exportado representó una cifra récord: 28,9% de la producción total (917.200 Tn. res c/hueso). Eso se tradujo parcialmente, en un aumento sideral del 72,3% en los precios del mercado local, con un consumo interno cayendo a mínimos históricos de 49,7 kg por habitante:

Precio promedio (en $) de la hacienda vacuna. Período enero 2011 – diciembre 2020

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.

Los precios de los commodities agropecuarios son vitales en la estructura de los precios de los alimentos, ya que sirven de insumo y alimento para la ganadería y sus variaciones se trasladan también al precio de la carne. Cuando los precios internacionales de las materias primas suben, los incentivos a exportar aumentan. En consecuencia, la oferta interna se resiente y las empresas buscan obtener una rentabilidad igual o similar a la que obtendrían afuera por esos productos. Por ende, sin derechos de exportación (o retenciones), el traslado a precios internos de ese incremento sería homotético.

En el último año los precios internacionales de los alimentos aumentaron fuertemente, en parte por una mayor demanda de China, pero fundamentalmente por la emisión monetaria de Estados Unidos: Con la irrupción del Covid-19 en el escenario global, las economías de todos los países colapsaron y los bancos centrales se vieron obligados a apuntalar a las familias y las empresas con ingentes inyecciones monetarias.

Hoja de balance de la Reserva Federal de EEUU[8]

El 25 de marzo de 2020 EEUU aprobó por unanimidad el mayor rescate económico de su historia: la “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act” (CARES Act) un paquete económico de US$ 2,21 billones (10% del PBI) para salvar su economía.[9] Esto hizo que el dólar se depreciara fuertemente y que los activos nominados en dólares, la reserva de valor mundial, dejaran de ser atractivos en el mercado financiero:

Índice dólar

Frente a la pérdida de rentabilidad, los inversores se refugiaron en otros activos como los commodities, lo cual hizo que sus precios se disparen:

Precio internacional de la soja

 

Precio internacional del maíz


Precio internacional del trigo

 

Los precios de las materias primas locales acompañaron la evolución de las subas internacionales. Y como consecuencia de una menor oferta interna producto de mayores exportaciones, los precios en el mercado interno sufrieron el impacto. Incluso con derechos de exportación instaurados, no se pudo contener tan flagrante variación global.

En el mediano plazo nada indica que la tendencia global vaya a modificarse, sino todo lo contrario. Goldman Sachs prevé un nuevo super ciclo de los commodities similar al que tuvo lugar a comienzos del siglo XXI[10]. En suma, el gobierno de Estados Unidos aprobó una expansión del paquete económico de marzo por un total de US$ 900.000 millones para sostener su alicaída economía[11]. Además, el flamante presidente Biden anunció un nuevo paquete récord: el American Rescue Plan, por un total de US$ 1.9 billones[12] (US$ 1.900.000.000.000), lo que pude implicar una mayor depreciación del dólar frente al resto de las divisas y una mayor suba de activos alternativos (cripto divisas, oro y fundamentalmente commodities), como reserva de valor. Pero al ser una realidad no excluyente de la economía norteamericana y estando todos los países haciendo políticas monetarias y fiscales expansivas, se pueden esperar desvíos masivos en la composición de las inversiones globales. Fuera de todo razonamiento conspirativo sino puramente económico, no es casualidad que Bill Gates se convirtiera desde principios de año en el principal propietario de tierras agrícolas de EE.UU.[13]

Esto supone un desafío enorme para la economía argentina. Preservar el bolsillo de las y los trabajadores frente a la suba de los alimentos requiere de un mayor control, no solo en los últimos eslabones de la cadena de comercialización sino en el núcleo de producción. Con una estructura productiva eminentemente concentrada, alternativas como una empresa estatal que determine el sendero de la soberanía alimentaria resultaría fundamental.

YPF marca el rumbo en el mercado hidrocarburífero y Aerolíneas Argentinas lo hace en el aerocomercial. Sin embargo, y a pesar de estar insertos en la división internacional del trabajo como país agroexportador mucho antes de tener aviones o producción hidrocarburífera, no contamos con una empresa Estatal testigo que marque el camino a seguir para el sector alimenticio. Es momento de mayor creatividad y decisión política, cuando los herramentales clásicos para modelar el capitalismo en un sentido socialmente justo y equitativo están encontrando sus límites.

Según el índice de Precios de los Alimentos que elabora la FAO, en 2020 los alimentos alcanzaron un máximo en tres años: un total de 97,9 puntos[14]. Lo que a su vez representa una suba del 3,1% respecto del 2019. Si la tendencia continúa (y nada hace pensar lo contrario) el mundo y sobre todo Argentina con una economía agroexportadora tan concentrada, puede enfrentar algunos problemas en el mercado interno.

En cuanto al Índice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC, en 2020 todos los alimentos (Pan y cereales, carnes y derivados, leche, productos lácteos y huevos, aceites, grasas y mantecas, frutas, verduras, tubérculos y legumbres) estuvieron por encima del nivel general de inflación:

IPC - Nivel general vs alimentos

Elaboración en base al INDEC 

Si se considera el rubro alimentos y bebidas en su conjunto, puede verse cómo en el último año se duplica la brecha respecto del nivel general. En 2018 la brecha era 3,6 puntos porcentuales, en 2019 de 3 pp., para ubicarse en 6 pp. en el 2020:

Elaboración en base al INDEC

La suba de los commodities mundiales puede representar una oportunidad inmensa para resolver cuestiones de crecimiento y endeudamiento con una mayor recaudación por exportaciones e ingreso de divisas, pero también un problema significativo si ese crecimiento no se distribuye o si esa distribución es devorada por subas de precios internos que devienen del exterior.


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domingo, 5 de abril de 2020

La volatilidad ideológica en tiempos de incertidumbre


El esparcimiento del Covid-19 a escala global, ha desatado una ola de incertidumbre en todos los órdenes de la vida; transversal a todos los países, independientemente del grado de desarrollo, pero con una subestimación de la enfermedad mayor, en aquellos con estándares de vida más altos.

Esta subestimación inicial en los países ricos puso en jaque las creencias hegemónicas a medida que el número de infectados por Coronavirus ascendía estrepitosamente. El descalabro económico y las caídas en las bolsas de Europa y Estados Unidos, obligó a lo líderes a implementar medidas de contingencia para mitigar el riesgo. En contradicción con lo vociferado inicialmente al momento de los primeros casos.

Según Nietzsche, “a veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quieren que sus ilusiones se vean destruidas”, eso fue justamente lo que pasó en aquellos países en los que la pandemia avanzó y se tomaron medidas de manera tardía. En Argentina, dónde el gobierno respondió de manera temprana: ordenando la cuarentena obligatoria, el distanciamiento social, la suspensión de las clases, otro bono para jubilados, un ingreso familiar de emergencia, créditos para sueldos de Pymes, más financiamiento para Salud, etc. Ocurrió que muchos que no habían votado a Alberto, admitieron contundentemente su apoyo.

“A veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quieren que sus ilusiones se vean destruidas”, pero otras veces la gente, por no querer ilusionarse, prefiere construirse una verdad paralela que dista de la realidad.

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domingo, 1 de marzo de 2020

No puede haber ley de góndolas, sin reparto equitativo del suelo.

—O al menos no en su totalidad—

Uno de los puntos centrales de la norma establece que las cadenas deberán garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular. Pero no hay distribución equitativa de la góndola, sin previa distribución equitativa de las tierras para producir alimentos.

Sobre la base del último Censo Nacional Agropecuario, se puede establecer que, el total del territorio dedicado a la producción agropecuaria: 157.423.932 hectáreas, está repartido en 228.375 explotaciones agropecuarias de mayor o menor cuantía. El 55% de esas explotaciones agropecuarias, poco más de la mitad, van de las 5 hasta las 100 hectáreas, y suman un total de 3.542.410,8 hectáreas, es decir el 2,25% del suelo dedicado a la producción. En limpio, el 55% de las explotaciones agropecuarias controla apenas el 2,25% de la superficie productiva nacional. 

En contrapartida, el 1,08% de las explotaciones agropecuarias de mayor tamaño controla territorios que van desde las 10.000 a las 20.000 hectáreas y más, por un total de 57.364.444 hectáreas, el 36% del suelo productivo.

Con estos niveles ínfimos de recursos en manos de pequeños y medianos productores, es poco probable que se llegue al volumen de abastecimiento necesario para disputar algún tipo de espacio en las góndolas. Mucha de esa producción es de subsistencia o dedicada a comercios de proximidad. Los costos logísticos son un escoyo extra a la hora de comercializar esos productos a nivel país, sin mencionar poder de negociación desigual con los grandes supermercados.

El abordaje de la ley de góndolas debe ser, como en cualquier política pública, un abordaje integral. Estableciendo regímenes de promoción para PyMes rurales, cooperativas y comunidades indígenas productoras de alimentos. Un esquema de reintegros estatales que se haga cargo del costo logístico favorecería ampliamente el abastecimiento de los bienes producidos. Pero sin dudas, ex ante, es necesario abarcar la concentración territorial.

En 1964, el estatuto de la tierra de Brasil estableció la función social de la tierra y abrió paso a la reforma agraria garantizada por una reforma constitucional en 1988. Mediante la cual se implementó un régimen de expropiación para redistribuir las tierras destinadas a la producción entre trabajadores y familias previamente catastradas, según criterios de necesidad. A partir de los años 90 se tuvo lugar la primera gran distribución de tierras a través del ICRA y luego en los 2000:

Lógicamente pudo ser posible gracias a la voluntad política de un gobierno —de los trabajadores— que no especuló con las necesidades sociales y tampoco cedió ante los intereses de los grandes terratenientes, las presiones de grupos concentrados de poder, o a la hegemonía agraria internacional. Es cierto también, que se trataba de una demanda histórica de las bases. Lo que otorgó la legitimidad y el consenso necesario para su implementación. 

En argentina, esa pata está ausente o no tiene la misma fuerza que tuvo en el Brasil. Las campañas de exterminio indígena despoblaron y desmedraron el poder de presión que pudiese tener hoy día dicho sector social. Y el resultado es una voz silenciosa que no logra hacerse oír entre las inmensas distancias territoriales que impone la oligarquía terrateniente argentina. Quizá también sea hora de que el estado tome la posta y haga audible un reclamo sectorial indispensable para el bien público en general.

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martes, 25 de febrero de 2020

Crecimiento tirado por la oferta en el contexto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.

Crecimiento liderado por la oferta, dominancia fiscal, teoría cuantitativa y justicia social: pautas del programa económico del gobierno.



Una vez resuelto lo urgente: el hambre y la deuda, el programa económico del gobierno se perfila como volver a elevar el nivel de bienes y servicios existentes en la economía para poder crecer. La teoría cuantitativa del dinero podría pensarse como la máxima del gobierno de Alberto Fernández. Es decir que, la emisión para la producción está garantizada; la emisión para los salarios se garantizará con el aumento de la producción. Todo atado a una férrea política de dominancia fiscal para controlar la tasa de inflación.

No es otra cosa que una teoría de crecimiento desde la oferta. La diferencia recala en que dicha responsabilidad fiscal, no resulta incompatible con el financiamiento de cuestiones urgentes. Eso se ve claramente con el desdoblamiento cambiario vía impuesto del 30% a la adquisición de divisas sin fin productivo para financiar parte del programa de Argentina contra el hambre. Incluso la política monetaria, de neto corto heterodoxo, se manifestó desde un comienzo al reducir la tasa de referencia desde el 63% al 40%, compatible con el elevado ratio deuda/PBI; para hacerlo sostenible y compatible a su vez, con el crecimiento económico. Un programa económico basado en la equidad primero y en la eficiencia después.

La destrucción del entramado productivo mediante una inédita redistribución regresiva suscitada en los últimos 4 años, provocó una caída de la actividad económica que imposibilita implementar una distribución progresiva de ingresos con el otrora fomento de la demanda agregada.

En los años del gobierno de Macri, Argentina no sólo no creó riqueza, sino que la destruyó. A la vez que el ahorro excedente dedicado a la inversión productiva se dolarizó y salió del sistema. En el último año de su gestión, el Producto Interno Bruto cayó -2,1%. Y considerando el acumulado para todo el período, la economía heredada por el actual gobierno es -3,9%  menor a la del 2015. La formación bruta de capital fijo al tercer trimestre de 2019 fue -15,5% menor a la del mismo trimestre de 2015 y la fuga de capitales totalizó en  US$ 88.371 entre 2016-2019.

Recomprar los dólares que circulan en los colchones, es vital para afrontar intereses y pagos de capital, para que la deuda se vaya como llegó y fundamentalmente para importar los insumos esenciales de la industria. A riesgo de sonar ortodoxo, eso sólo se consigue generando confianza para invertir, con una moneda sólida y con la responsabilidad fiscal que impone la crisis de la deuda. La economía nacional no tiene un problema de ahorro sino un problema de confianza en su moneda, canalizar ese ahorro que ya fue generado y traducirlo en inversión, es necesario para reactivar el Producto.

La seriedad política de “el gobierno de los gestos” de Alberto, no es menor para poner en marcha la economía. Aquí podrían entrar el fin de la grieta, el multilateralismo internacional y la ética de la solidaridad. Es una restructuración holística, no solo una restructuración de deuda. Y ese nuevo rumbo es un contrato social cada vez más cierto.


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domingo, 23 de febrero de 2020

No puede haber pacto social sin reforma previa


Según Rousseau, las sociedades encuentran su forma de convivencia pacífica al ceder parte de la libertad individual en pos del bien común. El contrato social viene a resolver el problema que se genera en la falta de obligación colectiva para la preservación individual. En las sociedades modernas los ciudadanos son los sujetos obligados a obedecer a esta construcción llamada Estado que impone el derecho legítimo de obediencia sobre la base de la voluntad general.

Cuando Russeau escribió su Contrato Social en la segunda mitad del 1700 el capitalismo no había permeado tan fuertemente en todos los órdenes de la vida, como sí lo hace hoy en día. La desigualdad económica que impera en el mundo moderno ha conducido a desigualdad decisoria en las cuestiones políticas, de ahí que las leyes (escritas o implícitas producto de la estructura de mercado) son elaboradas no desde el poder político que otrora se encargaba de dirigir el estado sino desde el ceno del hipercapitalismo desigualador.

No hay ya la posibilidad para los ciudadanos, de tener representación colectiva cediendo parte de las libertades individuales. La convivencia se encuentra dirigida desde un poder fáctico exnominado bajo los designios de la economía global. Dejaron de funcionar los mecanismos de organización social que funcionaban cuando estos mecanismos fueron teorizados, porque las sociedades dejaron de organizarse bajo esos esquemas.

Hoy es más fácil modificar colectivamente los deseos colectivos con las redes sociales, básicamente porque la capacidad de influir sobre todos los ciudadanos a la vez y de manera instantánea no existía hace 10 años y mucho menos hace 300.

Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre de 2019 con un nivel de desorganización Estatal sideral. El gobierno de Mauricio Macri esbozó la forma política del capitalismo desigualador y por ende las cuestiones Estatales resultaban antagónicas para la implementación de su proyecto social.

Dentro del acuerdo social, cada asociado abandona la libertad que le proporciona su estado de naturaleza primitivo, por el estado civil. Ello implica que el instinto que conduce a cada individuo es reemplazado por la moral que dirige a la mayoría. Lo que el hombre pierde por el contrato social, según Rousseau, es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo lo que intenta y puede alcanzar; lo que gana es la libertad civil y el derecho de todo lo que posee.

Sin embargo, los estados modernos hace tiempo que dejaron de ser propiedad de sus ciudadanos. Las empresas han cooptado legal o ilegalmente a los representantes políticos y las legislaciones ya no son fieles a los pueblos.

Para recuperar en parte el nivel de representación que alguna vez supo ser parte de los inicios civiles, es imperioso reformar las estructuras económicas para que no permeen en el orden social. Hoy día es más probable que un monopolio económico monopolice también lo que concierne al Estado, sólo la voluntad política puede contrarrestarlos. La estatización del pulpo Vicentín puede ser el puntapié inicial para distribuir equitativamente el fruto económico del suelo argentino para que todas y todos tengan la posibilidad de desarrollarse en una economía que los represente.

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sábado, 1 de febrero de 2020

Parar la caída. Frenar la inercia


La histéresis es por definición la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en ausencia del estímulo que la ha generado. Aplicado a la economía se lo asocia a la dinámica que provoca el fenómeno inflacionario, en el que las políticas tendientes a revertirla resultan estériles y el avance de los precios frente a los salarios se torna inevitable.

La aplicación del modelo económico recesivo entre 2015-2019 no cumplió con el objetivo de bajar la inflación, preconizado desde el gobierno como simple juego de niños. Quizá una de las pocas cosas en las que el discurso oficial no se disociaba de la ideología era en la evaluación monetarista del fenómeno inflacionario. El gobierno de Mauricio Macri estaba convencido de que esquilmando el poder adquisitivo con la dolarización de los bienes y servicios regulados primero y devaluaciones que se trasladaran a precios después, la inflación bajaría asintóticamente para el final de su mandato.

La evidencia muestra que eso no solo no ocurrió, sino que el problema se agravó. La inflación del último año de Mari fue del 53,8% la más alta en 28 años y el acumulado para todo su mandato fue del 300%. Muy por encima del acumulado en la última administración de CFK 2011-2015 cuando la inflación fue 170% (IPC Congreso).

Como un perro que se muerde la cola; en el análisis neoliberal estuvo ausente (siendo generoso) la incompatibilidad de una economía que consume el 75% de lo que produce, cuya producción se basa mayoritariamente en bienes alimenticios y bienes alimenticios que, a su vez, son producidos y comercializados por un puñado de firmas.

El mal sofisma nos invita a hacer historia contrafáctica e indagar en cómo pudo haber funcionado el modelo recesivo, cuánto tiempo necesitaba para dar sus brotes verdes o cuál fue la variable exógena que nos jugó una mala pasada. Lo cierto es que sería entrar en un sendero inconducente alejado de la crisis auto infringida que atraviesa el país.

Con la economía interna indexada, resultaba indispensable revitalizar los controles económicos abandonados por la liberalización esquizoide, ya que es la única forma en la cuál se puede frenar el proceso de histéresis desatado por la gerencia Macrista. El primer paso lo dio el mismísimo Macri, que se ufanaba de quitar el Cepo K de US$ 2000 por mes de 2015, imponiendo uno mucho mayor de US$ 200 por mes para poder llegar al 10 de diciembre (lo que marca de alguna manera cual era el estado de situación al momento de la decisión). En la misma línea, el gobierno de Fernández estableció un 30% adicional a la adquisición de divisas improductivas para que la sangría, especialmente fuerte por la demanda de turistas, no terminara de vaciar las reservas.

Se congelaron tarifas y reestablecieron los derechos de exportación como porcentaje, eliminando los $4 por dólar licuados por la devaluación, para desacoplar los precios internos de los internacionales. Y que los bienes que se transan en el mercado interno no tengan como referencia precios extranjeros.
La caída se detuvo parcialmente con la reactivación del consumo interno. Los 2 bonos de $5000 a jubilados, $2000 a beneficiarios de AUH, aumentos de suma fija por $4000 a trabajadores del sector privado[1], la estabilidad macroeconómica y la confianza habitual cuando hay un cambio de gobierno, son el puntapié inicial para revertir el ciclo. En este respecto se puede apreciar el aumento del turismo interno, en la primera quincena de enero 2020 ingresaron 642.128 turistas a Mar del Plata según el Ente Municipal de Turismo[2], un 6,8% más que el año pasado para el mismo período, cuando la cantidad de turistas fue de 620.000.

Lo cierto es que, para frenar la histéresis, resulta indispensable la intervención. La recuperación de una canasta de consumo representativa con el 40% de primeras marcas en Precios cuidados[3], es vital para oficiar de referencia y contrarrestar la actual dispersión de precios. Será necesario apresurar segmentaciones para pequeños productores y un esquema de compensaciones que fomente la inversión. Quizá sea una medida muy acertada avanzar en el campo del comercio de alimentos y granos con la estatización de Vicentín; tener injerencia directa sobre el control del principal activo del país, sería un paso revolucionario en el desarrollo nacional. Pese a no ser una campaña sencilla, si existe la voluntad política cierta de poner fin al flagelo inflacionario, tener participación sobre lo que se produce y se comercializa, debería encabezar la lista de prioridades del nuevo gobierno.

La histéresis se resuelve mediante tensiones decrecientes, lo que se podría traducir económicamente como shocks que reviertan la tendencia inicial. O cambiando las propiedades del material, haciéndolo más blando para acortar el fenómeno, esto es, resolver una concentración que se ha vuelto más acuciante con la pérdida de 20.000 Pymes durante el Macrismo. El tiempo que lleva el proceso de desaceleración inflacionaria es algo que escapa a las políticas públicas y que depende pura y exclusivamente de la estructura económica. Será cuestión de modificar de una vez por todas la variable estructural para que el ciclo no se reproduzca en ausencia del estímulo inicial. Las tensiones no las resuelve el mercado, mejor dicho, no las resuelve en favor de la mayoría, sólo el Estado es el que tiene dicha capacidad.

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