The Panama Papers 2018

The Panama Papers 2018 (subtítulos en español)

⚡️ “LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA EN ARGENTINA”https://t.co/J5ke33344k

— Federico Glodowsky (@fede_glodo) 7 de enero de 2019

EN EL FONDO NO LES INTERESA BAJAR LA INFLACIÓN

Desde el nuevo desembarco del Fondo Monetario Internacional el 7 de junio de 2018, el gobierno recibió un espaldarazo de fuste para la profundización de sus planes macroeconómicos de ajuste y reducción del déficit fiscal. El acuerdo refrendado entre los ministros del gobierno argentino y los funcionarios del organismo preveía el fin del "gradualismo" para obtener los resultados económicos del programa de austeridad fiscal oficial.

Para ello, se debía proceder al desarme de las posiciones en Letras del Banco Central, ya se avizoraba que la deuda federal era "sustentable, pero no con una alta probabilidad" y liberar el dólar para que su precio se determinase por el arbitraje entre oferta y demanda, preservando los desembolsos del crédito stand by para el pago de los vencimientos de deuda y no al financiamiento de la fuga de capitales del sector privado.

Poco parece haberles importado a los técnicos del Fondo las consecuencias de dichas medidas. Desarmar el cúmulo de LEBAC con emisión monetaria hubiese implicado una fenomenal devaluación por la masa de recursos volcada al dólar, por lo que se optó por cambiar la denominación de dicha deuda. El impacto de la dolarización de los títulos fue sostenido con la emisión de Letras del Tesoro, que, hasta ese momento, podían ser suscriptas en pesos.

El rol del tipo de cambio en nuestra economía juega un rol fundamental en la economía interna, ya que gran parte de lo que se exporta son alientos y se volvió incluso más importante en los últimos dos años cuando el gobierno decidió la dolarización del precio de los combustibles, luz y gas. Por lo que dejar su precio al arbitrio del mercado resta un grado de libertad para la toma de decisiones de política económica.

La última semana del mes de agosto del año pasado, se vieron las consecuencias de una liberalización cambiaria cuando el precio del dólar tocó el techo de los $42. Si bien luego de una semana logró estabilizarse en torno a los $38 los aumentos de precios de los bienes en las góndolas se fijaron por el ultimo máximo alcanzado por la divisa. Ésta disparada deja al descubierto los peligros de dejar fluctuar el precio relativo más importante de nuestra economía. Pero en el Fondo no parecen haberse percatado de semejante desatino.

La medida de morigeración del traslado de recursos en LEBAC al dólar, por LETES, más parece seguir la lógica de un modelo rentístico financiero que busca asegurar la rentabilidad de los inversores que un plan consciente que busca preservar el poder de adquisitivo de los asalariados y contrasta con otras medidas como la desregulación de los combustibles, la eliminación de impuestos a los bienes importados, la eliminación de los derechos de exportación o la autorización de aumentos en tarifas, que implican ineludiblemente mayores precios internos y costos más altos para la mayoría de las personas.

Los datos de aumentos relevados por el CEPA dan cuenta que el dólar aumentó un 291% desde diciembre del 2015, de $9,7 a $38, el agua lo hizo en un 515%, la electricidad 2136% y el gas 3008%. La nafta (que desregulada) aumentó 186,01% de $13,01 en diciembre de 2015 a $37,21 en apenas 3 años, traccionando fuertemente sobre el precio de los alimentos transportados por vía terrestre y profundizando la redistribución regresiva del ingreso. En suma, la inflación, lejos de desacelerarse, se ubicó en 160% en los últimos 3 años, contra un 117% de los últimos 3 años de Kirchnerismo (2013, 2014 y 2015).

De acuerdo con el último dato del IPC publicado por el INDEC en noviembre de 2018, la inflación interanual en los Precios Regulados se ubicó en 63,2%, una diferencia nada despreciable de 14,7% respecto del nivel general (48,5%). Dejando trascender el carácter ideológico de las políticas macroeconómicas en favor de las empresas en detrimento de los asalariados.

Para el año 2019 ya fueron anunciados aumentos de gas 35%, ABL 34% con un tope de 38%, transporte 40% y electricidad 55% en promedio. El Gobierno autorizó también un aumento del 5% en las cuotas de las prepagas a partir del primero de febrero próximo, y así acumularán una suba del 42,2% en un año.

A las claras parece que bajar la inflación no es una prioridad en la actual gestión y en el Fondo no interesa en tanto sea el resultado de negocios vinculados con los sectores concentrados de la economía. No hay un plan para bajar la inflación ni en la agenda del gobierno ni en la agenda del FMI, hay un plan de negocios.

BREVE HISTORIA SOBRE EL SISTEMA PREVISIONAL ARGENTINO:

— Federico Glodowsky (@fede_glodo) 20 de diciembre de 2018

La reforma de la Ley de semillas. La privatización de la producción de alimentos

El martes 13/11, en el plenario de comisiones de agricultura, presupuesto y legislación de diputados, los legisladores que responden al gobierno firmaron el dictamen y avanzan hacia votar en el recinto una nueva Ley de Semillas.

¿Hasta dónde se puede extender el uso de patentes para obtener un rédito económico?

La reforma de la Ley N° 20.247 del 30 de marzo de 1973 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas busca introducir la figura del “Obtentor” al texto de ley. Así el productor que cree, descubra y/o desarrolle una variedad de semilla tendrá la exclusividad de disponer libremente del commodity, ya sea para comercializarlo directamente o cobrar regalías por la producción y comercialización realizada por terceros. La ley sancionada en el 73’ garantizaba el “uso propio” un mecanismo compensatorio que las empresas dejaron a los productores frente a la pseudo dependencia con las empresas comercializadoras que devendría de luego de implementada la norma.

El “derecho de obtentor” desplaza al otrora derecho de “uso propio” que tenían los productores, y que, de aprobarse la reforma de la ley se transferiría a las compañías agrotóxicas y grandes productores. Por medio de esa figura legal cualquier rasgo distintivo de una semilla es plausible de ser apropiado por las firmas. Cercenando la posibilidad a pequeños latifundistas y comunidades indígenas, de reservar parte de su cosecha para su reutilización en la próxima cosecha.

El Instituto Nacional de Semillas tendrá la “facultad exclusiva de fijar los umbrales mínimos de detección de tecnología que habilitarán la percepción de cargos por derechos de propiedad intelectual”, quedando exceptuados del pago: 1) Agricultores familiares que reúnen los requisitos previstos en la Ley N° 27.118 (Ley de reparación histórica, nunca reglamentada); 2) Pueblos originarios que en el contexto de prácticas de agricultura familiar o en un ámbito agrícola comunitario tradicional intercambien o vendan entre ellos semillas u otro material de propagación; 3) Agricultores que estén encuadrados en el ejercicio inmediato anterior en los parámetros de facturación que definen la categoría de Micropyme. Habilitando así, al titular del derecho de una variedad protegida a requerir el pago correspondiente a quien reserve y utilice semilla para su uso propio en cada posterior propagación o multiplicación.

En el artículo 10 prevé incorporar el inciso k) al artículo 87, lo que permitiría “Deducciones Especiales de la Tercera Categoría” de la Ley de Impuesto a las Ganancias, descontando los productores, una vez y media (1.5) los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Lo que implica que cuando un productor compre una bolsa de semillas, en importe correspondiente al “uso propio oneroso” va a poder descontarlo de lo que le corresponda pagar por Impuesto a las Ganancias. Si paga $1000 por regalías va a poder descontar $1500 de ganancias, desfinanciando al Estado y profundizando la regresividad de la estructura impositiva nacional.

                El sistema está basado en el incremento exponencial de las hectáreas cultivadas para el incremento a su vez, de ganancias empresarias que permitan justificar el presente sistema mercantil. No solo implica un modo productivo insustentable, sino que lo convierte esencialmente en un mecanismo frágil, vulnerable y autodestructivo. La constante superación del margen de renta extraordinaria que se puede obtener del suelo es el principal escollo que la ciencia biotecnológica patea año a año, burlando el curso natural del agotamiento del agua y de los suelos. La saturación de recursos aparentemente ilimitados o renovables, los transforma en extinguibles y por el desenfreno productivo, acaban como cualquier otro insumo subsumidos en la producción. Téngase por ejemplo el aire contaminado en las grandes metrópolis fabriles, cursos de agua, etc.

La reforma en la ley de semillas es un hecho transversal a todos los partidos políticos sin importar la procedencia ideológica. Ya que, basados en la visión positiva del crecimiento económico, los gobiernos encuentran muy atractiva la idea de aumentar las exportaciones con un mayor rinde, obtener ingentes ingresos del comercio internacional, aumentar las reservas internacionales de divisas en el Central, tener superávit externo y todas las promesas que las corporaciones enuncian a los partidos cuando buscan que les aprueben tales medidas. Medidas que, en última instancia, no hacen más que incrementar la brecha de poder que existe entre empresas y la política (y más aun las que se benefician de las necesidades básicas humanas).

El avance tecnológico también cimenta su razón de ser en una visión positiva, evocando la capacidad que tiene la ciencia de mejorar el bienestar humano. Pero como toda herramienta puede ser utilizada para crear o destruir. En 1973 los limitantes propios de las ciencias químicas y biológicas no hacían posible la mega diferenciación de las semillas que es posible hoy con los avanzados mecanismos técnicos.

Es el nacimiento de un mercado oligopólico desde su origen, ya que las 6 empresas que controlan el mercado de commodities son las que poseen a su vez los medios para investigar y desarrollar los mecanismos de diferenciación biológica que les permitan patentar una variedad particular de semilla. No se está en igualdad de condiciones y la competencia se tornaría inviable.

La soberanía alimentaria está lejos de ser una mera consigna de enfervorizados grupos de ultraizquierda que se oponen al avance del progreso social. Pese a la indiferencia ciudadana y al desconocimiento, el problema agroecológico afecta a todas las personas que consumen o alguna vez consumieron frutas y vegetales. No hace falta vivir cerca de las plantaciones de Maíz, girasol, algodón, soja, etc., para estar infectado con agrotóxicos. Los fertilizantes y pesticidas utilizados en la producción frutihortícola se impregnan en las cáscaras de las verduras y frutas que son ingeridas incluso en la pasiva ciudad.

No se trata de criminalizar a BASF, Bayer, Dupont, Dow Chemical Company, Monsanto, y Syngenta sino de balancear el poder apabullante que concentran, y que, sí busca criminalizar, perseguir y hostigar a pequeños productores y comunidades aborígenes que practican la agricultura de subsistencia y se sostienen gracias al desarrollo de sus propios medios de producción, mucho antes que la existencia del capitalismo.

La difusión de encuestas como modeladoras de la subjetividad

Argentina es un país que vive en permanente campaña electoral. Desde el 22 de noviembre de 2015, cuando se llevara a cabo el ballotage que dio como ganador a Mauricio Macri con el 51,34% de los votos, el país nunca dejó abandonó su condición proselitista. En parte por la necesidad oficial de construir y mantener legitimidad por medio de la propaganda y en parte por una historia de decepciones políticas que desacreditan el valor de la democracia, que, por su fragilidad y juventud, constantemente debe ser revalidada.

A poco más de un año para las próximas elecciones presidenciales de 2019, la difusión de encuestas que miden a precandidatos sin que ellos se hayan pronunciado al respecto, ya son moneda corriente. Algunas de esas encuestas dan como eventual ganador al mismo político que las contrata, pero otras dan como ganador o con buenas chances a sus adversarios. Ambas operan en el mismo sentido: sentar posición. Las positivas construyen una verdad que por lo general se termina validando en la opinión pública, mientras que las negativas buscan alertar a los votantes afines sobre la posibilidad de la vuelta de los que estaban antes y que “lo echaron todo a perder”.

Las encuestas del miedo parecen ser más que la contracara de la devaluada imagen del partido gobernante. Su difusión es acompañada por un relato que intenta modelar la intención de voto de los indecisos ante un escenario que aún puede ser peor de lo que es. No apelan a la razón, sino a las emociones y a la memoria del desagrado por lo anterior. Revivir viejos sentimientos de odio popular a antiguos gobernantes.

Todos son pasibles de medición. Desde el 9 de un equipo de fútbol de la B que se manifestó en contra del oficialismo, hasta funcionarios de primer rango que durante la semana descollaron por sus declaraciones de demagogia punitiva. Y luego, sobre esas mediciones, se operará mediáticamente.

Claro es que las encuestas no tienen como objetivo el convencimiento de los 2 tercios de votantes que ya tienen una posición política definida (polarizados entre sí), sino al tercio restante que, dada su volatilidad e indiferencia política, decide su voto a último momento en función de sus emociones, percerciones y prejucios y en ultima instancia termina definiendo elecciones.

El desafío de evitar el traslado a precios de la corrida cambiaria

La suba del dólar de la última semana dónde la divisa tocó $42 recuperó parte de la competitividad perdida por la aceleración inflacionaria del primer semestre. El gobierno puede capitalizar la situación actual, si sabe como administrarla en su favor.

Mientras los sectores más reaccionarios del liberalismo económico piden una profundización de los recortes estatales del gasto y eliminación de ministerios, para lograr la meta de déficit cero pautada para 2020 con el FMI, en 2019; algunos creemos que la salida es por izquierda.

Reimplantar los derechos a las exportaciones para todos los bienes primarios lograría generar hasta fin de año nuevos ingresos de divisas además de desacoplar los precios internos de los internacionales. Una medida win-win para el gobierno y para la sociedad. Si además se reestablecieran los acuerdos de precios con empresas petroleras el aumento de combustibles no se trasladaría a lo largo de la cadena de comercialización, puesto que la cerca del 90 por ciento del acarreo es por vía terrestre.

Los mayores ingresos en divisas no financieras traerían algo de tranquilidad para los convulsionados mercados que tuvieron bajas siderales en sus cotizaciones. El gobierno bien podría utilizar esas divisas para el pago de los intereses de la deuda, quitando presión al financiamiento externo que cada vez resulta más escaso.

Las fallas de mercado no se resuelven con soberbia y prepotencia o echándole la culpa de la carestía de dólares o la fuga a los 9 palos del corrupto de López, sino con voluntad política de cambio genuino. Tampoco se pueden resolver ineficientemente a costa del empobrecimiento de las mayorías, con un ajuste, que, además de ser procíclico reduce los ingresos de la gente y la recaudación (lo cual agravaría la preocupación desmesurada que tiene el Macrismo por el déficit fiscal).

Si bien es dudoso que se anuncien medidas heterodoxas para salvaguardar la competitividad actual del dólar en favor de la sociedad, la alternativa está en la mesa, depende de la muñeca política de Cambiemos tomarla o no. Si el gobierno fuese astuto desestimaría las acusaciones de filo Kirchnerismo y se aseguraría su continuidad en 2019.