Una economía sin política. Y una política sin historia

La instalación del debate sobre el endeudamiento en la gestión de Cambiemos y el interés de los exfuncionarios por negar la historia reciente, pretende el olvido generalizado de las consecuencias de su modelo de exclusión social.

Al 10 de diciembre de 2019, Cambiemos dejó una economía frágil y vulnerable: desregulación financiera, deuda externa, destrucción deliberada del salario y el empleo, tarifas dolarizadas, créditos hipotecarios indexados, alimentos indexados por la quita de derechos de exportación y un mercado interno reducido. El lento proceso de desdolarización, reestructuración de las deudas y estabilización de las variables macroeconómicas no ha culminado, pero es claro que el modelo económico vigente dista del anterior.

Es curioso que, bajo el mantra de reducir el déficit, la tasa de política monetaria hubiese aumentado de 38% en diciembre de 2015 a 63% en el mismo período de 2019, luego de haber tocado un pico de 86% en el ocaso del modelo. Aumentando el déficit financiero (luego del pago de intereses) al 4,3% del PBI y retroalimentando una histéresis inflacionaria difícil de contener.

La argucia contable del déficit primario recalaba en un ajuste fenomenal que destruyó el entramado productivo y condujo al deterioro conocido de las condiciones sociales. Hoy la tasa de política monetaria se encuentra en el 38% del 2015, posibilitando en fondeo para que las empresas locales funcionen, inviertan y se generen las condiciones genuinas para reducir el déficit vía crecimiento económico y mayor recaudación.

Otro caballito de batalla de la gestión anterior es que la deuda contraída fue a pagar deuda heredada. No se explica entonces, cómo fue que aumentó el stock de deuda. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 la deuda pública en moneda extranjera de la Administración Central se incrementó en US$ 100.166 millones. En apenas 4 años, Argentina obtuvo el financiamiento equivalente a la fortuna de Warren Buffett en sus 90 años y la dilapidó fugazmente.

La gestión anterior, no sólo emitió la mayor cantidad de deuda en la historia nacional. Lo hizo en moneda extranjera, bajo legislación extranjera, poniendo como garantía recursos naturales y en un plazo tan exiguo que la tornaba insostenible.

No es lo mismo comparar deuda emitida en dólares, euros y francos suizos, con la actual deuda en pesos dividida al valor del tipo de cambio. Al igual que no se puede comparar un período de estabilidad como el 2015-2019 con otro azotado por una pandemia y colapso de la economía global.

Los exfuncionarios vieron la oportunidad que la realidad adversa les ofrecía y decidieron utilizarla en su favor para mejorar su alicaída imagen frente a la sociedad, producto de una gestión anti política al servicio del capital financiero internacional. Es así como, sirviéndose de la falta de contextualización deliberada de los medios afines y la aquiescencia manifiesta en la reproducción de algunas afirmaciones falaces, intentan emprender un resurgimiento que los legitime.

“Cuando hay destrucción de capacidades productivas. Cuando el saber hacer de la economía desaparece. Los efectos de una crisis persisten en el tiempo” sintetizó Martín Guzmán en la Comisión Bicameral de la Deuda Externa el pasado 26 de agosto, en referencia de las políticas públicas contra cíclicas que contuvieron un daño mayor en 2020, pero que bien podría aplicarse al desmanejo de la administración previa.

La negación de historia y la política no es, sin duda, un aporte al debate público. Pero quizá más grave resulte la negación del propio proyecto de país, porque explicarlo les resulta impracticable.

La inflación de crecimiento

    El quiebre del modelo de valorización financiera del macrismo supone dejar atrás una inflación que transfiere ingresos de los sectores populares a los sectores concentrados, por otra que no impida la recomposición de los ingresos reales.

La inflación es un fenómeno multicausal y no un fenómeno monetario puro. Prueba de ello resulta el último gobierno neoliberal que gobernó argentina entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. La gestión anterior asumió repitiendo el mal sofisma de reducir el déficit recortando el gasto y financiándolo con deuda. El déficit se redujo casi a cero por imposición del Fondo, luego del acuerdo; pero el déficit primario, antes del pago de intereses; el financiero aumentó a la par de los vencimientos de deuda de cortísimo plazo. Para 2019 la base monetaria había aumentado 199% en términos reales, como consecuencia de la monetización del déficit cuasi fiscal, versus un 177% en los 4 años del último gobierno de CFK.

La posconvertibilidad

El gobierno de Néstor Kirchner materializó la salida de la crisis de la convertibilidad. En los primeros años de la reactivación productiva, la inflación no fue un impedimento para el crecimiento real de la economía. En 2003 la inflación cerró en 3,7%, en 2004 se ubicó en 6,1% y para 2005 en 12,3%. Pese a que hoy dichos porcentajes puedan resultar nominalmente bajos, constituyen incrementos sustantivos respecto del año anterior: 64,9% para 2004 y 101,1% para 2005. En el año de la gran recesión de 2002, según el Banco Mundial, el PBI per cápita ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) se ubicó en US$ 10.052,487, un 10% menos que en 2001. Sin embargo, para 2003 se recupera en igual proporción; aumenta un 11% en 2004 hasta los US$ 12.214,74 y un 11% en 2005 hasta los US$ 13.568,767. Para el final del mandato de Néstor Kirchner, el PBI per cápita ajustado por PPA había crecido un 50% (US$ 16.570,011 a 2007) con una inflación promedio del 10,8% para esos años.

En contraste, durante el mandato de Mauricio Macri el PBI per cápita por PPA se incrementó un 15% con una inflación promedio del 41,8%. La inflación no solo no jugó un papel dinamizador durante la última fase neoliberal, sino que constituyó un factor regresivo. Entre 2003-2007 los salarios crecieron más que la inflación: 17,8% en promedio. Mientras que entre 2015-2019 su incremento fue de 32,8% en promedio, por debajo del IPC promedio.

Son 2 procesos que se contraponen de forma clara y contundente. Mientras que el de Kirchner sacó a Argentina de la peor crisis de la que se tenga registro; el de Macri nos sumió nuevamente en una recesión económica en la que la que las y los trabajadores perdieron parte del terreno ganado hasta 2015.

El modelo

Al cuarto trimestre del 2003, el 10% más rico de la sociedad acaparaba el 39,3% del ingreso, mientras que el 10% más pobre solo el 0,7%. Para fines del 2007 esas cifras se ubicaban en 34,8% y 1,2% respectivamente. Al segundo trimestre de 2015 (último dato), el 10% más rico de la población acaparaba el 29,7% del ingreso y el 10% más pobre el 1,8%. Para el mismo período de 2019 los guarismos eran del 31,9% y 1,6% respectivamente. Una distribución del ingreso empeorada por del cambio en la composición de la inflación con la liberación de precios regulados, que condujo a una persistente histéresis inflacionaria y a una fuerte dispersión de precios, exacerbada en los barrios populares.

La inflación es un fenómeno inherente a todo proceso de distribución progresiva o regresiva del ingreso, en nuestro país esto se agrava producto de una economía bimonetaria, una estructura productiva concentrada y un modelo exportador basado en la canasta básica alimentaria. La inflación licua los salarios cuando se da en el marco de programas de transferencia de ingresos, pero cuando ocurre en una fase de puja distributiva con inclusión social e incrementos del salario real, se reduce a un fenómeno nominal.

Mercado interno

La inyección monetaria es condición necesaria (pero no suficiente) para dinamizar la economía y generar crecimiento. La demanda interna tracciona sobre el mercado interno que genera los puestos de trabajo necesarios para incrementar el empleo y reducir la pobrera. El aumento de precios es un mal inevitable cuando hay crecimiento con inclusión en el consumo, incluso en países desarrollados; pero un mal menor en definitiva. La inflación puede o no, ser un problema, depende del modelo.

Cuando Cambiemos asume, la participación de los salarios en la generación del ingreso rondaba el 54%, al final del mandato se había reducido al 46,1%. La concepción del salario como un costo y no como un mecanismo para fortalecer la demanda agregada, prevaleció a lo largo de los 4 años. En 2020 los trabajadores volvieron a recuperar la participación que tenían en 2018 (48%), sin embargo, todavía dista de los mejores años conseguidos.

Si la economía nacional logra salir de la crisis en la que se encuentra sumergida desde 2018, generando las condiciones necesarias para el crecimiento real (como vienen insinuando algunos índices macroeconómicos) la disputa por la remuneración a los factores productivos será una causa adicional a la actual inflación. El desafío sin duda es que es que los incrementos salariales sean superiores a los aumentos de precios, para que la distribución del ingreso opere en forma progresiva y genere movilidad ascendente que reduzca la pobreza.

Los controles cambiarios con un nivel de emisión monetaria consistente con el crecimiento económico, los derechos a las exportaciones, los acuerdos de precios con sus relativos controles y herramientas que amplifiquen la competencia como la ley de Góndolas, contribuyen a aminorar la tasa de aumento en los precios internos. No existen soluciones mágicas ni resultados inmediatos. La historia reciente invita a descreer de promesas inexpugnables y simplistas que no registran la dimensión del fenómeno inflacionario y lo consideran a una mera cuestión monetaria.

Los bienes y servicios públicos como respuesta a las crisis globales

Sería bueno que la humanidad no recurriese al salvataje del Estado en situaciones de contingencia, sino que pudiese sostener políticas púbicas inter generacionalmente y no apelar a la ayuda Estatal solo en momentos de necesidad, porque el sector privado sucumbió ante su propia avaricia.

Con encomiable perspicacia, en su exposición ante el Foro Económico Mundial de Davos 2021, el presidente Alberto Fernández expresó que: “La pandemia nos demostró, una vez más, que para lidiar con los grandes desafíos globales debemos cooperar entre actores públicos y privados, y que la vacuna debe ser considerada un bien público global”[1]

Quizá las palabras bien público global, no terminen de reflejar cabalmente la profundidad conceptual de la frase. Es necesario ampliar la importancia de los bienes y servicios públicos en períodos normales, pero sobre todo ante catástrofes globales como las que atraviesa el mundo hoy.

Se considera bien público a todo bien consumido de manera colectiva, en el que rigen 2 propiedades: no exclusión y no rivalidad. Un ejemplo de bien público (puro) es el alumbrado público; no se puede evitar que otro individuo pueda gozar de la iluminación que suministra (no exclusión) y su incorporación, no agota cantidad de luz brindada para que otro pueda gozar en igual medida (no rivalidad). Esto determina 2 problemas centrales: al no poder evitar estas 2 condiciones, el mercado no tiene demasiados incentivos para proveerlos o para hacerlo de manera eficiente, lo que resulta en una provisión subóptima. Por otro lado, una vez que el bien fue provisto, habría quienes no estarían dispuestos a pagarlo a sabiendas de que, de todos modos, se benefician del servicio; este es el problema del free rider. Esto constituye una falla de mercado[2]. Por lo que resulta necesario que sea el Estado el que provea estos bienes, ya que su interés no es la rentabilidad sino la universalidad (sin perjuicio de que la producción pueda ser llevada a cabo por el sector privado).

La noción de bienes públicos globales surge con más fuerza en los 90, con los gobiernos neoliberales avanzando de manera voraz en la economía y las finanzas. La globalización determinó que sea imperioso determinar reglas de jugo en el sector financiero, para regular los comportamientos especulativos y promover la estabilidad macroeconómica. Se consideró que las regulaciones monetarias y bancarias eran un bien público que debía ser adoptado por todos los países para evitar desequilibrios en las economías locales.

La pandemia de Covid-19 también reavivó la idea de cooperación multilateral, pero en este caso, para el control de la situación epidemiológica. El beneficio de la vacunación a nivel mundial supera el costo que ello implica. Con la economía global colapsada, el esfuerzo monetario para volver a ponerla en funcionamiento no implicaría un gasto, sino una inversión, y esta no vendría del lado del sector privado sino del sector público. La salud como servicio público adquiere hoy especial preponderancia para el desarrollo normal de la vida en todos los países.

Resulta necesario que la vacuna sea abordada como un bien público puro, provisto y financiado por los Estados locales y no por el sector privado, ya que su motivación estaría determinada por el beneficio económico y ello supondría una provisión subóptima. La vacunación masiva produce externalidades positivas valoradas ampliamente por la sociedad y en un ámbito de globalización como el actual, el desarrollo económico de cada país no puede llevarse a cabo si los países no pueden ejercer el comercio internacional o la libre circulación de personas por una pandemia.

 

El aislamiento obligatorio decretado por la mayoría de los gobiernos para evitar el colapso del sistema sanitario en la primera fase de la pandemia impuso un desafío en cuanto a la conectividad de los ciudadanos[3]. El acceso a las tecnologías de la información y a las telecomunicaciones, se volvió indispensable para poder trabajar de manera remota desde los hogares.

En nuestro país, el Decreto 690/2020[4] de agosto de 2020 estableció el carácter de servicio público sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y la telefonía móvil en la ley 27.078 de 2014, regulando así, no solo la tarifa, sino el acceso, mediante una prestación básica universal obligatoria.

A los 19 días de asumir, Mauricio Macri modifica con el DNU 267/2015 las leyes 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) y 27.078 (Argentina Digital). Derogando gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y TICs, abandonando la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda. Al darles la condición de prestadores de servicios TIC (Art. 7° del DNU[5]), es decir, equipararlos a las empresas de telecomunicaciones, se liberó a los proveedores de TV por cable de las obligaciones que imponía la LSCA[6]. Ya no había límites de concentración (clave en la fusión entre el grupo Clarín y Telecom) y se les otorgaba mayor discrecionalidad a las prestatarias, en detrimento de las y los consumidores.

El decreto de agosto suspendió, a su vez, cualquier tipo de aumento hasta el 31 de diciembre de 2020 lo que desató una andanada de medidas cautelares y amparos para bloquear su aplicación. El sector privado, en concomitancia con una parte del sector judicial, se opuso férreamente, en un acto de corporativismo explícito, ante la imposibilidad de aumentar la tarifa lo que les viniera en gana. Los medios hegemónicos salieron a esmerilar el rol del Estado, equiparándolo con uno pseudo comunista y totalitario, pero lo curioso es que no dijeron lo mismo de países desarrollados que habían obrado en igual sentido.

El rol del Estado es vital frente a los abusos de poder en momentos de incertidumbre, pero es más efectivo su accionar cuando en momentos de normalidad, se pone por delante del sector privado, guiándolo en la senda del desarrollo económico.

No Existirían hoy los unicornios tecnológicos como Amazon, Google, Facebook, Apple o Microsoft, si a fines de la década del 60, un proyecto militar impulsado por el Estado norteamericano[7] no hubiese desarrollado red de ordenadores que uniera los centros de investigación dedicados a labores de Defensa. Así es como nace ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network o Red de la Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada) la red precursora de la Internet actual.

Estas empresas, tan frecuentemente citadas como sinónimo del éxito del sector privado, no solo hicieron usufructo indirecto de un desarrollo Estatal, sino que se beneficiaron de manera directa de los eslabonamientos productivos de un clúster tecnológico llamado Silicon Valley. Ninguna de ellas podría haber tenido un desarrollo tan exitoso sin un Estado que hubiese invertido en educación, I+D, infraestructura o transporte interurbano. Con facilidades de acceso a financiamiento en su primera etapa como start ups, con exenciones impositivas y beneficios fiscales para su radicación en la localidad californiana.

Por su valoración social y sus externalidades positivas, internet también debe ser considerado bien público global. Aunque su suministro sea privado, es insoslayable la importancia que tuvo el Estado para su desarrollo y la importancia que hoy tiene para garantizar el acceso para las y los ciudadanos.

En tiempos de pandemia, el esfuerzo unilateral de los Estados por garantizar el bienestar de sus individuos resulta infructuoso o insuficiente si no se realiza de manera concertada y conjunta. La salida de la Corona-crisis será global o no será, puesto que los países están estrechamente vinculados a través de cadenas de valor deslocalizas en las que el comercio internacional y la circulación de personas tiene un rol preponderante. Problemas globales requieren soluciones globales.

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[1] https://www.telam.com.ar/notas/202101/542987-discurso-alberto-fernandez-foro-economico-mundial-davos.html

[2] La Economía del sector público – Joseph Stiglitz https://desarrollomedellin.files.wordpress.com/2018/08/stiglitz-2000-tercera-edicion.pdf

[3] https://www.enacom.gob.ar/institucional/alberto-fernandez-en-chile---la-conectividad-tiene-que-ser-un-bien-publico-_n2979

[4] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233932/20200822

[5] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257461/norma.htm

[6] https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289841-2016-01-08.html

[7] https://www.microsiervos.com/archivo/internet/el-verdadero-origen-de-internet.html

La inflación en alimentos: fenómeno global; problema estructural en Argentina

    Que “Argentina exporta alimentos”, es una frase ya muy sonada. Pero lo más relevante de aquella afirmación es la elevada concentración de un mercado que, por su capacidad de colocación exterior de la producción, termina incidiendo de manera directa en la estructura de precios del mercado interno. Y no es justamente en los últimos eslabones de la cadena (supermercados) dónde ocurre la concentración, sino desde la cosecha.

Se puede distinguir un elevado grado de concentración en 3 instancias: propiedad de la tierra, producción y exportación. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2018[1],  más de la mitad de la tierra productiva (51%) es controlada por apenas el 2,49% de los productores. El GINI de la tierra en 2018 se puede estimar en 0,8476, similar al 0,8403 de 1914. Lo que señala que la desigualdad en el campo no se ha modificado desde el fin de la división de tierras de la campaña del desierto.

La exnominación también es un factor distintivo de nuestra modernidad: las Explotaciones controladas por sus propietarios cayeron del 74% en 2002 al 69% en 2017. Y las controladas por Sociedades Anónimas crecieron del 20% al 24% en los últimos 15 años. En consecuencia, rastrear a los verdaderos dueños de la tierra, es una quimera de otra época.

En cuanto a la comercialización internacional de cereales, oleaginosas y derivados[2], apenas 10 empresas, de un total de 476 (es decir el 2%), explicó el 87% de las exportaciones en 2020:

DJVE – Granos acumuladas aprobadas 2020

Elaboración en base al MAGyP

Se trata de un puñado de empresas locales y extranjeras con gran capacidad de colocación externa de la producción nacional y cuyo poder en la fijación de precios repercute finalmente en el mercado interno. Es un mercado fuertemente oligopolizado con pocos actores que operan globalmente en distintos países productores.

Otro tanto sucede en el mercado cárnico, dónde hasta 2017 tan sólo 5 empresas concentraban el 60% de las exportaciones bovinas[3]

En 2020 el sector cerró con el mayor nivel de actividad en 11 años[4], la faena total de ganado bovino fue de 14.231.788 de cabezas. Y las principales 10 empresas, de un total de 398 (el 2,5%), fueron responsables del 22% de la producción[5] (pero si se tiene en cuenta que muchas de ellas pertenecen a un mismo grupo, la participación total asciende al 27%[6]):

Faena total por establecimiento

Elaboración en base al MAGyP

La producción medida en toneladas de res con hueso se incrementó 1,3% respecto de 2019 (de 3.134.000 a 3.174.456), sin embargo, las exportaciones crecieron en un 8,4% respecto del año anterior[7] y el volumen exportado representó una cifra récord: 28,9% de la producción total (917.200 Tn. res c/hueso). Eso se tradujo parcialmente, en un aumento sideral del 72,3% en los precios del mercado local, con un consumo interno cayendo a mínimos históricos de 49,7 kg por habitante:

Precio promedio (en $) de la hacienda vacuna. Período enero 2011 – diciembre 2020

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.

Los precios de los commodities agropecuarios son vitales en la estructura de los precios de los alimentos, ya que sirven de insumo y alimento para la ganadería y sus variaciones se trasladan también al precio de la carne. Cuando los precios internacionales de las materias primas suben, los incentivos a exportar aumentan. En consecuencia, la oferta interna se resiente y las empresas buscan obtener una rentabilidad igual o similar a la que obtendrían afuera por esos productos. Por ende, sin derechos de exportación (o retenciones), el traslado a precios internos de ese incremento sería homotético.

En el último año los precios internacionales de los alimentos aumentaron fuertemente, en parte por una mayor demanda de China, pero fundamentalmente por la emisión monetaria de Estados Unidos: Con la irrupción del Covid-19 en el escenario global, las economías de todos los países colapsaron y los bancos centrales se vieron obligados a apuntalar a las familias y las empresas con ingentes inyecciones monetarias.

Hoja de balance de la Reserva Federal de EEUU[8]

El 25 de marzo de 2020 EEUU aprobó por unanimidad el mayor rescate económico de su historia: la “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act” (CARES Act) un paquete económico de US$ 2,21 billones (10% del PBI) para salvar su economía.[9] Esto hizo que el dólar se depreciara fuertemente y que los activos nominados en dólares, la reserva de valor mundial, dejaran de ser atractivos en el mercado financiero:

Índice dólar

Frente a la pérdida de rentabilidad, los inversores se refugiaron en otros activos como los commodities, lo cual hizo que sus precios se disparen:

Precio internacional de la soja

 

Precio internacional del maíz

Precio internacional del trigo

 

Los precios de las materias primas locales acompañaron la evolución de las subas internacionales. Y como consecuencia de una menor oferta interna producto de mayores exportaciones, los precios en el mercado interno sufrieron el impacto. Incluso con derechos de exportación instaurados, no se pudo contener tan flagrante variación global.

En el mediano plazo nada indica que la tendencia global vaya a modificarse, sino todo lo contrario. Goldman Sachs prevé un nuevo super ciclo de los commodities similar al que tuvo lugar a comienzos del siglo XXI[10]. En suma, el gobierno de Estados Unidos aprobó una expansión del paquete económico de marzo por un total de US$ 900.000 millones para sostener su alicaída economía[11]. Además, el flamante presidente Biden anunció un nuevo paquete récord: el American Rescue Plan, por un total de US$ 1.9 billones[12] (US$ 1.900.000.000.000), lo que pude implicar una mayor depreciación del dólar frente al resto de las divisas y una mayor suba de activos alternativos (cripto divisas, oro y fundamentalmente commodities), como reserva de valor. Pero al ser una realidad no excluyente de la economía norteamericana y estando todos los países haciendo políticas monetarias y fiscales expansivas, se pueden esperar desvíos masivos en la composición de las inversiones globales. Fuera de todo razonamiento conspirativo sino puramente económico, no es casualidad que Bill Gates se convirtiera desde principios de año en el principal propietario de tierras agrícolas de EE.UU.[13]

Esto supone un desafío enorme para la economía argentina. Preservar el bolsillo de las y los trabajadores frente a la suba de los alimentos requiere de un mayor control, no solo en los últimos eslabones de la cadena de comercialización sino en el núcleo de producción. Con una estructura productiva eminentemente concentrada, alternativas como una empresa estatal que determine el sendero de la soberanía alimentaria resultaría fundamental.

YPF marca el rumbo en el mercado hidrocarburífero y Aerolíneas Argentinas lo hace en el aerocomercial. Sin embargo, y a pesar de estar insertos en la división internacional del trabajo como país agroexportador mucho antes de tener aviones o producción hidrocarburífera, no contamos con una empresa Estatal testigo que marque el camino a seguir para el sector alimenticio. Es momento de mayor creatividad y decisión política, cuando los herramentales clásicos para modelar el capitalismo en un sentido socialmente justo y equitativo están encontrando sus límites.

Según el índice de Precios de los Alimentos que elabora la FAO, en 2020 los alimentos alcanzaron un máximo en tres años: un total de 97,9 puntos[14]. Lo que a su vez representa una suba del 3,1% respecto del 2019. Si la tendencia continúa (y nada hace pensar lo contrario) el mundo y sobre todo Argentina con una economía agroexportadora tan concentrada, puede enfrentar algunos problemas en el mercado interno.

En cuanto al Índice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC, en 2020 todos los alimentos (Pan y cereales, carnes y derivados, leche, productos lácteos y huevos, aceites, grasas y mantecas, frutas, verduras, tubérculos y legumbres) estuvieron por encima del nivel general de inflación:

IPC - Nivel general vs alimentos

Elaboración en base al INDEC 

Si se considera el rubro alimentos y bebidas en su conjunto, puede verse cómo en el último año se duplica la brecha respecto del nivel general. En 2018 la brecha era 3,6 puntos porcentuales, en 2019 de 3 pp., para ubicarse en 6 pp. en el 2020:

Elaboración en base al INDEC

La suba de los commodities mundiales puede representar una oportunidad inmensa para resolver cuestiones de crecimiento y endeudamiento con una mayor recaudación por exportaciones e ingreso de divisas, pero también un problema significativo si ese crecimiento no se distribuye o si esa distribución es devorada por subas de precios internos que devienen del exterior.

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[1] https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-8-87

[2] https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/djve/

[3] https://www.cronista.com/negocios/Cinco-frigorificos-concentran-el-60-de-las-exportaciones-de-carne-bovina-argentina-20170911-0026.html

[4] http://ciccra.com.ar/wp-content/uploads/2021/01/Inf-No-239-2020-diciembre.pdf

[5] https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/gestion/index.php#collapsec0ef3d903a7c43b51cc3d4f2683a1a12

[6] https://www.valorcarne.com.ar/quienes-fueron-los-principales-faenadores-del-2020/

[7] http://ciccra.com.ar/wp-content/uploads/2021/01/Inf-No-239-2020-diciembre.pdf

[8] https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm

[9] https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748

[10] https://www.reuters.com/article/metals-supercycle-ahome/column-goldman-proclaims-the-dawn-of-a-new-commodity-supercycle-andy-home-idUSL8N2JF3R2

[11] https://taxfoundation.org/coronavirus-relief-bill-stimulus-check/

[12] https://taxfoundation.org/biden-stimulus-american-rescue-plan/

[13] https://actualidad.rt.com/actualidad/380327-bill-gates-convertirse-principal-propietario-tierras-agricolas-eeuu

[14] http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

La volatilidad ideológica en tiempos de incertidumbre

El esparcimiento del Covid-19 a escala global, ha desatado una ola de incertidumbre en todos los órdenes de la vida; transversal a todos los países, independientemente del grado de desarrollo, pero con una subestimación de la enfermedad mayor, en aquellos con estándares de vida más altos.

Esta subestimación inicial en los países ricos puso en jaque las creencias hegemónicas a medida que el número de infectados por Coronavirus ascendía estrepitosamente. El descalabro económico y las caídas en las bolsas de Europa y Estados Unidos, obligó a lo líderes a implementar medidas de contingencia para mitigar el riesgo. En contradicción con lo vociferado inicialmente al momento de los primeros casos.

Según Nietzsche, “a veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quieren que sus ilusiones se vean destruidas”, eso fue justamente lo que pasó en aquellos países en los que la pandemia avanzó y se tomaron medidas de manera tardía. En Argentina, dónde el gobierno respondió de manera temprana: ordenando la cuarentena obligatoria, el distanciamiento social, la suspensión de las clases, otro bono para jubilados, un ingreso familiar de emergencia, créditos para sueldos de Pymes, más financiamiento para Salud, etc. Ocurrió que muchos que no habían votado a Alberto, admitieron contundentemente su apoyo.

“A veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quieren que sus ilusiones se vean destruidas”, pero otras veces la gente, por no querer ilusionarse, prefiere construirse una verdad paralela que dista de la realidad.

No puede haber ley de góndolas, sin reparto equitativo del suelo.

—O al menos no en su totalidad—

Uno de los puntos centrales de la norma establece que las cadenas deberán garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina e indígena y los sectores de la economía popular. Pero no hay distribución equitativa de la góndola, sin previa distribución equitativa de las tierras para producir alimentos.

Sobre la base del último Censo Nacional Agropecuario, se puede establecer que, el total del territorio dedicado a la producción agropecuaria: 157.423.932 hectáreas, está repartido en 228.375 explotaciones agropecuarias de mayor o menor cuantía. El 55% de esas explotaciones agropecuarias, poco más de la mitad, van de las 5 hasta las 100 hectáreas, y suman un total de 3.542.410,8 hectáreas, es decir el 2,25% del suelo dedicado a la producción. En limpio, el 55% de las explotaciones agropecuarias controla apenas el 2,25% de la superficie productiva nacional. 

En contrapartida, el 1,08% de las explotaciones agropecuarias de mayor tamaño controla territorios que van desde las 10.000 a las 20.000 hectáreas y más, por un total de 57.364.444 hectáreas, el 36% del suelo productivo.

Con estos niveles ínfimos de recursos en manos de pequeños y medianos productores, es poco probable que se llegue al volumen de abastecimiento necesario para disputar algún tipo de espacio en las góndolas. Mucha de esa producción es de subsistencia o dedicada a comercios de proximidad. Los costos logísticos son un escoyo extra a la hora de comercializar esos productos a nivel país, sin mencionar poder de negociación desigual con los grandes supermercados.

El abordaje de la ley de góndolas debe ser, como en cualquier política pública, un abordaje integral. Estableciendo regímenes de promoción para PyMes rurales, cooperativas y comunidades indígenas productoras de alimentos. Un esquema de reintegros estatales que se haga cargo del costo logístico favorecería ampliamente el abastecimiento de los bienes producidos. Pero sin dudas, ex ante, es necesario abarcar la concentración territorial.

En 1964, el estatuto de la tierra de Brasil estableció la función social de la tierra y abrió paso a la reforma agraria garantizada por una reforma constitucional en 1988. Mediante la cual se implementó un régimen de expropiación para redistribuir las tierras destinadas a la producción entre trabajadores y familias previamente catastradas, según criterios de necesidad. A partir de los años 90 se tuvo lugar la primera gran distribución de tierras a través del ICRA y luego en los 2000:

Lógicamente pudo ser posible gracias a la voluntad política de un gobierno —de los trabajadores— que no especuló con las necesidades sociales y tampoco cedió ante los intereses de los grandes terratenientes, las presiones de grupos concentrados de poder, o a la hegemonía agraria internacional. Es cierto también, que se trataba de una demanda histórica de las bases. Lo que otorgó la legitimidad y el consenso necesario para su implementación. 

En argentina, esa pata está ausente o no tiene la misma fuerza que tuvo en el Brasil. Las campañas de exterminio indígena despoblaron y desmedraron el poder de presión que pudiese tener hoy día dicho sector social. Y el resultado es una voz silenciosa que no logra hacerse oír entre las inmensas distancias territoriales que impone la oligarquía terrateniente argentina. Quizá también sea hora de que el estado tome la posta y haga audible un reclamo sectorial indispensable para el bien público en general.

Crecimiento tirado por la oferta en el contexto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.

Crecimiento liderado por la oferta, dominancia fiscal, teoría cuantitativa y justicia social: pautas del programa económico del gobierno.

Una vez resuelto lo urgente: el hambre y la deuda, el programa económico del gobierno se perfila como volver a elevar el nivel de bienes y servicios existentes en la economía para poder crecer. La teoría cuantitativa del dinero podría pensarse como la máxima del gobierno de Alberto Fernández. Es decir que, la emisión para la producción está garantizada; la emisión para los salarios se garantizará con el aumento de la producción. Todo atado a una férrea política de dominancia fiscal para controlar la tasa de inflación.

No es otra cosa que una teoría de crecimiento desde la oferta. La diferencia recala en que dicha responsabilidad fiscal, no resulta incompatible con el financiamiento de cuestiones urgentes. Eso se ve claramente con el desdoblamiento cambiario vía impuesto del 30% a la adquisición de divisas sin fin productivo para financiar parte del programa de Argentina contra el hambre. Incluso la política monetaria, de neto corto heterodoxo, se manifestó desde un comienzo al reducir la tasa de referencia desde el 63% al 40%, compatible con el elevado ratio deuda/PBI; para hacerlo sostenible y compatible a su vez, con el crecimiento económico. Un programa económico basado en la equidad primero y en la eficiencia después.

La destrucción del entramado productivo mediante una inédita redistribución regresiva suscitada en los últimos 4 años, provocó una caída de la actividad económica que imposibilita implementar una distribución progresiva de ingresos con el otrora fomento de la demanda agregada.

En los años del gobierno de Macri, Argentina no sólo no creó riqueza, sino que la destruyó. A la vez que el ahorro excedente dedicado a la inversión productiva se dolarizó y salió del sistema. En el último año de su gestión, el Producto Interno Bruto cayó -2,1%. Y considerando el acumulado para todo el período, la economía heredada por el actual gobierno es -3,9%  menor a la del 2015. La formación bruta de capital fijo al tercer trimestre de 2019 fue -15,5% menor a la del mismo trimestre de 2015 y la fuga de capitales totalizó en  US$ 88.371 entre 2016-2019.

Recomprar los dólares que circulan en los colchones, es vital para afrontar intereses y pagos de capital, para que la deuda se vaya como llegó y fundamentalmente para importar los insumos esenciales de la industria. A riesgo de sonar ortodoxo, eso sólo se consigue generando confianza para invertir, con una moneda sólida y con la responsabilidad fiscal que impone la crisis de la deuda. La economía nacional no tiene un problema de ahorro sino un problema de confianza en su moneda, canalizar ese ahorro que ya fue generado y traducirlo en inversión, es necesario para reactivar el Producto.

La seriedad política de “el gobierno de los gestos” de Alberto, no es menor para poner en marcha la economía. Aquí podrían entrar el fin de la grieta, el multilateralismo internacional y la ética de la solidaridad. Es una restructuración holística, no solo una restructuración de deuda. Y ese nuevo rumbo es un contrato social cada vez más cierto.