domingo, 19 de noviembre de 2023

La crisis de deuda externa y la inflación

El principal desafío de la próxima gestión es el de profundizar el camino de sustentabilidad de la deuda externa para aplacar los efectos en la inflación. La capacidad de repago actual de la deuda soberana ejerce una presión sobre el tipo de cambio que se traslada al sistema de precios internos

Crisis y estabilización

En abril de 1988 Argentina entra en cesación de pagos de la deuda externa producto de la agónica negociación con el FMI y el comité de bancos acreedores. El descongelamiento de tarifas y la desregulación de precios impuesto por los organismos internacionales de crédito desató una espiral inflacionaria creciente a la que se sumó al impacto interno del alza internacional de las materias primas. La endogeneidad de la oferta monetaria por las altas tasas de interés que se pagaban por encajes remunerados y depósitos provocaban un efecto expansivo de la oferta monetaria generando más inflación.

Dada la fuerte restricción externa se permitió que una serie de productos industriales de exportación pudieran liquidar el 50 por ciento de las divisas en el mercado libre y el otro 50 por ciento en el oficial. Mientras que todas las importaciones excepto la de combustibles y lubricantes, pasaron a liquidarse al mercado libre de cambios. Pero la presión cambiaria por la dolarización de activos privados, exacerbada por el proceso electoral, dificultó la acumulación de reservas internacionales.

A principios de febrero de 1989 el BCRA dejó de intervenir en el mercado de divisas y a mediados de abril condujo a su total liberalización. En suma, la sequía de 1989 que llevó a la emergencia agropecuaria provocó que las exportaciones de productos primarios cayeran un 14 por ciento respecto de 1988, agravando la falta de dólares. El tipo de cambio que a fines de 1988 era de 16,41 australes y en diciembre de 1989 cerró en 1950 australes, una devaluación del 11.783 por ciento.

La llegada anticipada de Carlos Menem en julio de 1989 como consecuencia del estallido social y el desborde hiperinflacionario vino a profundizar el anquilosado modelo económico de la dictadura. Una de las discusiones estructurales por aquellos años radicaba en la necesidad de reducir el stock de la deuda externa de manera tal que el monto de los vencimientos de intereses y capital en dólares relajasen la necesidad de divisas para la implementación del modelo de convertibilidad. Se había llegado a un reconocimiento tácito de que los planes para generar un excedente en la balanza comercial no alcanzaban para pagar la deuda, ya que no se trataba de una crisis de liquidez sino de solvencia. 

Esa reducción de la deuda se llevó a cabo de la peor forma, entre corrupción e ineficiencia, regalando empresas públicas, cediendo activos y concesionando recursos nacionales. Los acreedores externos pudieron capitalizar los compromisos del Estado argentino en el marco del Plan Brady, con beneficios que excedieron con creces las previsiones de pago normal.

La inflación actual

En los periodos de alta inflación el dólar se universaliza, los agentes económicos se dolarizan de facto y asumen la cotización del tipo de cambio como referencia para todas las transacciones, no sólo las de bienes transables sino las de no transables (servicios). Esto pone mayor presión en el proceso inflacionario ya que, por la vinculación estrechada entre los precios locales y el dólar, cualquier mínima variación del tipo de cambio tiene una incidencia exponencial en el mercado interno.

Cada dólar que ingresa al país se divide, en resumidas cuentas, entre importaciones para la producción local y el pago de deuda externa. En el año 2015 la producción industrial a precios constantes era de 125.261 millones de pesos y la deuda externa pública sumaba 148.881 millones de dólares. Para el año 2019 la producción industrial había caído un 13,5 por ciento, pero la deuda bruta de la administración central en moneda extranjera había crecido en un 69 por ciento hasta los 251.419 millones de dólares.

El gobierno de Alberto Fernández no fue el gobierno que más deuda en dólares tomó: hoy la deuda pública en moneda extranjera suma 261.145 millones de dólares, sólo un 4 por ciento más que hace 4 años atrás. En cambio, la producción de la Industria manufacturera recuperó toda la caída del macrismo con un nivel actual de 123.090 millones de pesos constantes, evidenciado en la fuerte reducción del desempleo.

Sin embargo, la relación existente entre producción local y deuda externa no es la misma que en 2015. Los dólares disponibles para la importación de insumos indispensables para sostener el nivel de actividad son proporcionalmente menores a los destinados al pago de los servicios de la deuda. Esa puja por la disponibilidad de divisas eleva la cotización del tipo de cambio, los dólares a los que accede la industria para importar son más caros y, por tanto, lo que se produce se vende a un precio más alto.

A esto hay que sumarle el encarecimiento de las importaciones por los cuellos de botella pre y post covid-19, el aumento de los fletes internacionales, el encarecimiento de la energía por la guerra en Ucrania y la sequía local que provocó una caída interanual del 38 por ciento en la exportación de productos primarios. Todo esto implicó una menor oferta de divisas que se vio reflejada en la suba de su cotización, de la cual el mercado interno no pudo escapar.   

Por el lado de la deuda en pesos, el diagnóstico errado de elevar la tasa de interés a niveles estratosféricos espiralizó la dinámica inflacionaria. Elevar la tasa de interés no sólo no contuvo la inflación, sino que tampoco contuvo el aumento de los dólares paralelos. Empero ha provocado un aumento en los costos de financiamiento productivo y un fuerte aumento en los precios para equiparar la rentabilidad de la inversión productiva frente a la inversión financiera.

Actividad industrial y restricción externa

En diciembre de 2019 el stock de la deuda externa privada alcanzaba los 83.187 millones de dólares, de los cuales el 45,3 por ciento correspondía a deuda comercial y 54,7 por ciento a deuda financiera. Hoy el stock es de 87.711 pero a partir de mediados de 2022 la relación entre la deuda comercial y la deuda financiera se invirtió: 56,8 y 43,2 por ciento respectivamente. Es decir que, mientras las importaciones aumentaron en precio por la inflación importada y en cantidad por la reactivación local, el sector privado financiero se desendeudó con el exterior en 7.630 millones de dólares, pagaderos al tipo de cambio oficial.

La vertiginosa recuperación de la actividad industrial a la salida de la Pandemia y luego de los 4 años de neoliberalismo provocó una fuerte presión por la disponibilidad de divisas, en pugna por los compromisos de cortísimo plazo de la deuda externa pública y privada heredada.

El error garrafal de haber financiado el gasto del tesoro con deuda indexada en un contexto inflacionario fue una de las peores decisiones en la política económica. Cuando el financiamiento fue cada vez más reducido, el incentivo fue ir subiendo radicalmente la tasa de interés endogeneizando la expansión monetaria al igual que en los ochenta y el financiamiento del gasto público quedó supeditado a la voluntad prestable de los agentes financieros, limitando, al igual que en década de los noventa, la capacidad para modificar la distribución del ingreso.

Todo modelo económico parte de un discurso político que luego se traduce en los hechos. Un discurso que permite generar la legitimidad de ejercicio que garantiza el apoyo popular para encarar las reformas en la estructura económica. La carencia evidente de ese discurso por la voluntad subrepticia de querer desvincularse de modales anteriores tuvo fuertes implicancias en la ciudadanía y consecuentemente en la fortaleza para la implementación de aquellas reformas.

Siguen siendo necesarias la instrumentación de las reformas y la sanción de herramientas legales que permitan recuperar los fondos de la evasión y la elusión impositiva. La deuda externa deben pagarla los individuos y las empresas que se beneficiaron de la compra irrestricta de moneda extranjera entre 2016-2019. No alcanza con el superávit en la balanza comercial para afrontar el pago de las obligaciones externas.

La baja de la inflación resulta inexpugnable sin una reducción de la relación deuda PBI. Tanto la cesación de pagos como el pago con ajuste del gasto y las privatizaciones de empresas públicas se han probado fracasadas. Es necesario establecer una tercera vía que, mediante la renegociación política y/o el cambio de titularidad de los acreedores, permita sortear la actual crisis de deuda y brinde mayores grados de libertad a la macroeconomía nacional.


jueves, 13 de abril de 2023

El nivel de la tasa de interés y el traslado al nivel general de precios

Subir la tasa de interés para bajar la inflación sigue siendo una de las estratagemas predilectas del monetarismo ortodoxo. Esto puede ser particularmente cierto en las condiciones ideales de los modelos macroeconómicos, pero la mayoría de los supuestos no se cumplen en la realidad.

El derrotero de la tasa y la inflación

Cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019, la inflación interanual rondaba el 52,1 por ciento y la tasa de política monetaria era del 63 por ciento, alta y positiva consistente con un modelo regresivo de valorización financiera y ajuste estructural.

En 2020 la tasa de política monetaria se modificó a la baja en 10 oportunidades, desde el 55 por ciento a fines de 2019 cuando la inflación acumulaba un 53,8 por ciento, hasta 38 por ciento en noviembre de 2020, pasando por un mínimo de 36 por ciento el mes anterior. Con ello la inflación cerró en 36,1 por ciento para todo el año. Las causas de la desaceleración estuvieron acompañadas por un quiebre en el consumo masivo derivado del confinamiento, que condujo a un menor ritmo inflacionario.

A lo largo de todo el 2021 se mantuvo sin cambios en 38 por ciento con una inflación que se aceleraba hasta el 50,9 por ciento producto de la reactivación económica post Covid-19, de los cuellos de botella en las cadenas globales de distribución y el aumento en las materias primas.

A comienzos de 2022, en el marco del Acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario se produjo un cambio radical en la estrategia antiinflacionaria. El 6 de enero de 2022 comienza el derrotero alcista en la tasa de interés de referencia llevándola hasta el 40 por ciento, 42,5 por ciento el 17 de febrero, 44,5 por ciento el 22 de marzo, 47 por ciento el 13 de abril, 49 por ciento el 12 de mayo, 52 por ciento el 16 de junio, 60 por ciento el 28 de julio, 69,5 por ciento el 11 de agosto, 75 por ciento el 15 de septiembre y 78 por ciento el 16 de marzo de 2023.

Subir la tasa de interés no sólo no ha dado ningún resultado para bajar la inflación, sino que ha reforzado su inercia. La inflación para el año pasado cerró en 94,8 por ciento y la inflación núcleo (sin precios estacionales y energía) saltó del 54,9 por ciento al 90,6 indicando un nuevo piso en la inflación estructural.

La lógica se sustenta en la existencia de 2 mercados están en equilibrio, uno de dinero y otro de bienes. Cuando se produce un desequilibrio por exceso de demanda en el mercado de bienes, los precios aumentan, por lo que es necesario aplicar políticas contractivas que enfríen la demanda y devuelvan el equilibrio.

La teoría funciona en los papeles de los manuales macroeconómicos bajo el estricto cumplimiento de supuestos ex ante y condiciones estilizadas abstractas: incrementos infinitesimales, mercado de competencia perfecta con igual cantidad de oferentes y demandantes, información completa y simétrica, racionalidad, vaciado del mercado, etc., pero en la realidad eso sucede excepcionalmente. Y si a eso se le agrega un diagnóstico errado confundiendo los drivers de los aumentos en los precios, el resultado es el actual. El subproducto de esta modificación en las prioridades es una brutal transferencia de recursos públicos a los sectores del capital concentrado.

Las causas

Sobre si la variación de precios determina el tipo de interés o el tipo de interés determina la variación de precios, Irving Fisher señala en la La Teoría del Interés que "Las relaciones entre el porcentaje de variación de los precios y el tipo de interés son recíprocas. Un cambio en la tasa de interés influye en P' y a la inversa también", esto va a depender en definitiva de las preferencias de cada sociedad y del ciclo económico.

Según Fisher “tanto la tasa de preferencia temporal como la tasa de ganancia neta tienden a igualarse al tipo de interés del mercado, influenciándose mutuamente en esa dirección”. Entonces, cuando la tasa de interés de referencia aumenta, los precios suben para mantener indiferente aquella inversión productiva de la financiera. En otras palabras, el nivel de la tasa marca el piso del aumento de precios.

Cabe mencionar que buena parte de la teoría fue elaborada para economías con una única moneda.  En una economía bimonetaria como la nuestra, lo que puede funcionar en alguna economía avanzada, acá no sucede de manera lineal:

1 - Eleva el déficit cuasi fiscal y la necesidad de mayor emisión, no para aumentar la demanda efectiva, sino para pagar los intereses de la deuda en moneda nacional.

2 - Incrementa el costo de financiamiento para la inversión, reduce la oferta agregada por una menor producción y termina generando precios más altos en el mediano plazo.

3 - Como en el equilibrio la eficiencia marginal del capital es igual a la tasa de interés, una variación en la tasa de referencia provoca un aumento en los precios para igualar la eficiencia marginal del capital con la tasa de mercado.

La trampa de interés argentina

Hoy Argentina se encuentra en lo que podríamos denominar como trampa de interés. Una situación inversa de la trampa liquidez keynesiana, dónde las bajas tasas de interés no logran incentivar el aumento de la inversión y el sector privado prefiere conservar los agregados monetarios. Es ahí cuando el sector público debe hacerse cargo de aquella inversión no realizada y estimular la demanda agregada. En nuestro caso, los sucesivos incrementos en la tasa de interés no logran enfriar la demanda y contener los aumentos de precios como refiere la teoría.

La encrucijada ocurre porque un descenso en la tasa de referencia aumentaría la demanda de inversión e incentivaría una mayor demanda de divisas de las que se carece. Los dólares disponibles para el sostenimiento de la actividad entran en disputa con los dólares necesarios para el pago de la abultada deuda en moneda extranjera.

El caso turco

Luego del pico inflacionario de 85,5 por ciento en octubre de 2022, el gobierno de Tayyip Erdoğan continuó con el sendero de reducción de tasas planteado desde el pico de 19 puntos porcentuales en marzo de 2021, hasta fijar una tasa de interés de interés del 8,5 por ciento en febrero de 2023. La desaceleración del proceso inflacionario turco consiguió romper con la inercia y en marzo la inflación interanual descendió al 50,5 por ciento.

El modelo

Las tasas de interés positivas generan una dicotomía entre las inversiones productivas y las inversiones financieras. Cuando las tasas de interés superan la inflación, los productores o comerciantes que tienen que invertir para desarrollar sus negocios, deben optar entre el beneficio que pueden obtener de la compra y venta de bienes o servicios, o del beneficio que se genera por la colocación del dinero a plazo, libre de riesgo y nulos costos de transacción.

El 7 de marzo, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, testificó ante el Comité Bancario del Senado y aseguró la continuidad del endurecimiento en la tasa de interés, en tanto que fue cuestionado por la senadora Elizabeth Warren dada la vinculación entre ese incremento de la tasa y el aumento del desempleo. Según sus estimaciones más de 2.000.000 de trabajadores quedarían sin empleo y por lo tanto debía buscarse una forma alternativa que no implicase un sacrificio para millones de familias. De todos modos, el titular del Banco Central estadounidense se limitó a responder que “son las únicas herramientas que tenemos para bajar la inflación”, ciñéndose estrictamente a los manuales. El verdadero objetivo pareciera no ser el de impedir la desvalorización del poder adquisitivo del salario, sino impedir la desvalorización del capital.

Un modelo de crecimiento económico con distribución progresiva del ingreso es incompatible con un modelo de tasas reales positivas de interés. La industrialización por sustitución de importaciones requiere de una inversión productiva asequible y de un mercado interno sólido que la dinamice. Sin embargo, hoy todos los incentivos macroeconómicos están direccionados en la generación de divisas para el pago de la deuda externa.

No es la puja distributiva, el déficit fiscal o los impuestos la causa actual del aumento generalizado de los precios. Hoy la principal causa de la inflación es el nivel de la tasa de interés derivada del acuerdo stand by con el FMI en 2018 que obliga a supeditar las políticas económicas para obtener el financiamiento que nos impida caer en default. No se puede lograr una inflación de 1 dígito con una Tasa Efectiva Anual de 3.  Pero, sin embargo, la salida actual es el mal menor; pagar la deuda con inflación sigue siendo más barato que pagarla con la privatización masiva de empresas públicas y la venta de los recursos naturales como propone la misma fuerza política que nos endeudó.

viernes, 10 de febrero de 2023

La judicialización de la economía

 Pocas medidas políticas tienen un impacto tan inmediato en la calidad de vida de las personas como las políticas económicas. Salvo cuando intervienen decisiones judiciales, entonces las políticas económicas pasan a un segundo plano, la calidad de vida también.

Las decisiones judiciales afectan de manera creciente nuestra vida cotidiana, independientemente del nivel de conocimiento jurídico individual. A los que somos leguleyos nos cuesta entender cómo y por qué una sentencia judicial puede alterar el curso de las políticas públicas o directamente anularlas. En los últimos años el Poder Judicial ha dejado de ser un mero regulador entre los otros dos poderes republicanos, para simplemente pasar a cogobernar, aunque con nulos visos democráticos.

Ley de servicios de comunicación audiovisual

Los monopolizadores, manteniendo siempre escaso y mal provisto el mercado, y no satisfaciendo jamás la efectiva demanda, venden sus géneros a mucho más caro precio que el natural, subiendo sus emolumentos, bien sean de salarios, bien de ganancias, hasta un valor excesivo sobre su natural proporción” sostenía Adam Smith en La Riqueza de las naciones. “El monopolio es el mayor enemigo de la negociación justa y moderada de las cosas de la sociedad, y por regla general jamás debe ser permitido” sintetizaba el escocés.

Es cierto que la globalización ha llevado a los mercados a una situación muy distante de la competencia perfecta, pero en Argentina esta condición se ve exacerbada por factores netamente exógenos a la ya desleal competencia que pueda surgir del propio funcionamiento económico. La utilización de mecanismos judiciales para crear artificialmente ámbitos de privilegio o perpetuar posiciones dominantes existentes atenta contra la voluntad política para garantizar el bien común.

El 7 de diciembre de 2009 el juez Edmundo Carbone del Juzgado Nacional de primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 1, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Grupo Clarín S.A.  para suspender los artículos 41 (intransferibilidad de las autorizaciones y las licencias) y 161 (adecuación a la norma) de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En paralelo, el Grupo solicitó una acción meramente declarativa para proclamar la inconstitucionalidad de los artículos 41, 45 (límite de licencias), 48 -segundo párrafo- (imposibilidad para alegar derechos adquiridos sobre la multiplicidad de licencias) y 161.

El 22 de mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia había fijado el 7 de diciembre de ese año como plazo límite para la vigencia de la cautelar. Sin embargo, el día anterior al vencimiento, los jueces que habían sido invitados a Miami por Clarín, Francisco de las Carreras y Susana Najurieta de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, extendieron la medida.

El 14 de diciembre de 2012 el juez Alfonso rechazó el planteo de inconstitucionalidad y finalmente, luego del segundo per saltum fallido, idas y vueltas, el 29 de octubre de 2013 la Corte Suprema dictó la constitucionalidad de los 4 artículos cuestionados por el multimedio.

En octubre de 2014, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) aprobó dar inicio a la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios tras encontrar inconsistencias societarias en el plan de adecuación voluntaria presentado previamente. Pero

El 4 de febrero de 2015, el juez Pablo Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, suspendió la resolución 121/14 del AFSCA que había dispuesto la adecuación de oficio.

El 4 de enero de 2016, a pocos días de haber asumido, Mauricio Macri modificó la Ley mediante el decreto 267 desguazando la norma y pasando por encima del resto de los poderes de la democracia.

Hoy el multimedio, ampliado por la fusión con Telecom el 29 de junio de 2018, sigue detentando su posición dominante y coartando la libertad de elección de los consumidores. De esta forma el poder judicial dependiente del poder económico concentrado, obtura toda posibilidad de tender hacia un mercado con libre competencia, avalando la posibilidad de que una sola empresa pueda fijar precios.

Decreto 690

Como un acápite de lo anterior y de la imposibilidad de ampliar el mercado para evitar abusos de posición dominante, surge el recurso que Telecom interpuso en La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal para frenar el decreto 690 que declaraba a las telecomunicaciones como servicio público.

En el marco de la cuarentena por el Covid-19 y cuando era fundamental garantizar la conectividad de la sociedad, el gobierno de Alberto Fernández decretó establecer a las telecomunicaciones como un servicio esencial, otorgándole al Estado la posibilidad de fijar las tarifas.

Luego del amparo que TV Cable Color S.A consiguiera en el juzgado de Bustos Fierro, Telecom Argentina obtuvo el 30 de abril de 2021, un fallo favorable de la sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, para revocar la decisión del Ejecutivo.

Prepagas

El servicio de salud es un servicio inelástico, es decir que por mucho que aumente el precio la demanda no varía. Y eso es político.

El 15 de junio de 2021 las empresas de medicina prepaga presentaron una medida cautelar para suspender las resoluciones 1787/20 y 2988/20 del Ministerio de Salud que limitaban los aumentos en las cuotas de los planes.

Lógicamente la pandemia también representó oportunidad para obtener ganancias extraordinarias en el rubro salud. El gobierno utilizó sus facultades para salvaguardar el poder adquisitivo de los usuarios de medicina privada. Sin embargo, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso administrativo Federal N° 7, subrogado por el juez Pablo Cayssials, bloqueó las medidas.

Aporte de las grandes fortunas

Luego de las inversiones extraordinarias por la crisis del Covid-19, el Estado Nacional cubrió parcialmente los agujeros fiscales que se generaron con las medidas sanitarias y la asistencia a las empresas. El “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, ley 27.605 no estuvo exento de judicialización.

En marzo de 2021 la jueza Gilardi Madariaga de Negre fue una de las primeras en interponer una medida para frenar el cobro del gravamen para un empresario. Posteriormente, casi 400 contribuyentes imitaron el recurso.

Cautelares que importan

La administración del comercio exterior hace a la soberanía nacional y a la independencia económica. Los dólares necesarios para la importación de insumos industriales son un recurso escaso y vital para el sostenimiento del nivel de actividad.

El 18 de agosto de 2021 la empresa Cityblanco SA presentó una cautelar en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 a cargo de la jueza Gilardi Madariaga de Negre para habilitar la importación de más de 20 millones de dólares en toallas. Sin embargo, la Aduana detectó que hasta esa fecha la empresa había ingresado mercadería por un valor de 2.335.149 dólares de los 20.449.240 de dólares autorizados. Luego de que el caso fuese expuesto públicamente por el ministro Sergio Massa en el Consejo de las Américas, la empresa desistió de la medida.

El expediente N° 13177/2021 se convirtió en un caso paradigmático del alquiler de cautelares para importar bienes a dólar oficial ya sea para el sobre stockeo por la volatilidad cambiaria o bien para la fuga mediante la sobrefacturación.

Coparticipación

La ley 23.548 de Coparticipación Federal estableció originalmente una distribución primaria del 42,34 por ciento de los gravámenes para la Nación, 56,66 por ciento para las provincias y 1 por ciento para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. La distribución secundaria determinaba el reparto de ese 56,66 entre las 23 provincias y la Capital Federal.

El Decreto N° 705 del 1 de enero de 2003 fijó el monto destinado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1,40 por ciento. Cuando Mauricio Macri llegó al poder, el porcentaje de Coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos era aproximadamente del 1,9 por ciento. Con el Decreto N° 194 del 18 de enero de 2016, Macri duplicó ese porcentaje con la excusa del traspaso de 19.000 efectivos de seguridad. El guarismo destinado a CABA se estableció en 3,75 por ciento y finalmente, luego del consenso fiscal, a través del Decreto N° 257 del 3 de abril 2018 se redujo al 3,5 por ciento.

Los fondos coparticipables que reciben la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego se deducen del porcentaje que le corresponde a Nación y no altera lo que reciben las otras provincias, por lo que el Poder Ejecutivo Nacional tiene potestad para modificarlos. El 9 de septiembre de 2020, Alberto Fernández hizo uso de las mismas facultades que su antecesor para corregir el beneficio extraordinario y mediante el Decreto N° 735 redujo del 3,5 al 2,32 por ciento la Coparticipación a CABA.

Sin embargo, el fallo del 21 de diciembre de 2022 de la Corte Suprema de Justicia fijó en 2,95 el porcentaje correspondiente a la Ciudad.  Así el máximo tribunal echó por tierra todos los manuales de equidad tributaria con una sentencia arbitraria que se circunscribe en el esfuerzo cotidiano por horadar la seguridad jurídica e inducir al caos institucional, obligando a rectificar partidas presupuestarias de una ley ya aprobada por el Congreso Nacional.

Es evidente que la transferencia excedentaria de los recursos coparticipables que realizara el ex presidente Mauricio Macri al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, buscó fortalecer políticamente a su jurisdicción originaria. La Corte hizo lo propio.

Capilaridad judicial

A partir de 2015 la judicialización extendió su órbita de influencia sobre la democracia, reflotando antiguas prácticas proscriptivas para incidir de forma directa en la organización social. El Lawfare y la persecución a los funcionarios públicos que osaron implementar políticas económicas que ampliaron derechos de las mayorías populares y redujeron los privilegios de las minorías acomodadas, fueron las metodologías utilizadas para el disciplinamiento institucional.

Quienes alguna vez estudiamos Economía Política creyendo ingenuamente que era una ciencia social que explicaba adecuadamente las interacciones sociales permitiendo mejorar la calidad de vida de los individuos, debemos replantearnos todo marco filosófico y sociológico para comprender que la eficacia y eficiencia de las políticas económicas termina cuando empieza a operar la política judicial.

No basta ya con leer a los autores clásicos, neoclásicos, keynesianos, poskeynesianos, estructuralistas o neoliberales porque todo el pensamiento económico queda subsumido en el ejercicio jurídico. La economía tiene que recuperar aquellos ámbitos de decisión, lejos de los escollos judiciales que impiden la consolidación de políticas de largo plazo para lograr una mejor distribución de la riqueza y asegurar la paz social.