La exclusión en una sociedad de consumidores libres

En una sociedad que invierte constantemente la carga de la prueba, la culpa de la exclusión la tienen los excluidos y no una sociedad expulsiva que no los integra. Esa exclusión, que radicaliza los patrones de creencias ideológicas, convierte la frustración en terreno fértil para los extremismos.

Bauman señalaba que a partir de la de la década del 70 se produjo el traspaso de una sociedad basada en la producción, dónde la ética del trabajo era el articulador social y dónde trabajar o no trabajar era opcional, a otra basada en el consumo y la libertad de elección, dónde el consumir o dejar de hacerlo, en apariencia, también se convertía en una decisión individual. De ahí en más la ética del trabajo se ha mantenido incólume, pero las condiciones materiales se modificaron. El progreso tecnológico ha llegado al punto en que la productividad crece en forma inversamente proporcional a la disminución de los empleos, describía el sociólogo polaco.

Ese gran articulador social que había sido el trabajo en aquella sociedad de productores, fue reemplazado por el consumo. La pobreza pasó de ser un problema a resolver a un problema a erradicar, es decir, desde un punto de vista punitivo y los consumidores que no acceden al mercado son vistos como inútiles y culpables de no haber sabido torcer su propio destino. Una suerte de inversión discursiva-ideológica en la que se reemplazan las manifestaciones empíricas por declaraciones abstractas para la legitimación de un sistema estructurado en las desigualdades. Una sociedad cada vez más segmentada entre ganadores y perdedores.

Las derechas ultraconservadoras sitúan el problema en la órbita de la meritocracia. Pero es difícil visualizar el mérito de haber nacido en un hogar rico y no en un hogar pobre; cuando las condiciones materiales que definen la prosperidad están preestablecidas y la posibilidad progreso individual difiere desde el punto de partida.

Ingresos

La salida de la convertibilidad fue tortuosa para el 10 por ciento más pobre de la población. En 2003, el promedio de ingresos de los individuos más pobres sólo alcanzaba para cubrir el 66,5 por ciento de la Canasta Básica Alimentaria (Indigencia) y el 25,1 por ciento de la Canasta Básica Total (Pobreza). Una década más tarde se logró una mejora sustancial en los ingresos del sector más vulnerable del país: los ingresos promedio cubrían el 91,4 por ciento de la CBA y el 41,1 por ciento de la CBT.

A la salida del tercer proceso neoliberal, la situación se volvió a agravar. Los ingresos del 10 por ciento más pobre alcanzaban para cubrir el 71,6 por ciento de la CBA y el 28,6 por ciento de la CBT. Sin solución de continuidad, la pandemia arrasó con toda posibilidad de generar ingresos para el sector hiper vulnerable de nuestra sociedad, volviendo a una situación incluso peor que en la posconvertibilidad. En 2020 los ingresos promedio sólo servían para cubrir el 59,7 por ciento de la CBA y el 24,9 por ciento de la CBT.

La situación del primer decil al segundo trimestre de 2022 muestra una mejora importante, aunque todavía insuficiente: los ingresos promedio alcanzan para cubrir el 73,9 por ciento de la CBA y el 33 por ciento de la CBT.

En una sociedad de consumo, la verdadera libertad es aquella que otorgan los recursos para consumir. No cuenta con la misma libertad alguien que nace en una familia que pertenece al 10 por ciento más rico de la sociedad, que otro que nace en una familia que pertenece al 10 por ciento más pobre. Tampoco es igual en términos relativos, el esfuerzo que deben realizar ambos para progresar socialmente.

Impuestos y redistribución

Una de las principales causas del subdesarrollo es la elusión tributaria. Pese a la cantinela hegemónica que insiste con la excesiva carga impositiva, la realidad es que los ricos cada vez pagan menos impuestos y el grueso recae sobre las clases medias y pobres, coartando la posibilidad de una movilidad social ascendente.

Hoy los impuestos al trabajo y el consumo representan el 64 por ciento de la recaudación tributaria nacional, el 21 por ciento son impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital, el 12 por ciento impuestos sobre comercio internacional y apenas el 2,5 por ciento impuestos sobre la propiedad, lo que bastaría para desterrar la idea de que el 10 por ciento más rico de la sociedad sostiene al 90 por ciento restante.

La cuestión impositiva obedece a la percepción de justicia que una sociedad tiene en un momento dado. Los impuestos no son un asunto técnico sino eminentemente político y filosófico, sostiene Piketty. Gravar qué y cuánto, es siempre una decisión política.

Los excluidos del siglo XXI, no son ya únicamente los individuos que venían de hogares desfavorecidos. Por el contrario, la exclusión se ha vuelto un fenómeno transversal al punto en que la acumulación originaria de madres, padres y abuelos no garantiza el acceso al consumo de bienes y servicios. La canalización del descontento a través de las redes sociales se retroalimenta con aquellos bienes y servicios que esas redes sociales tratan de vender, pero que la falta de recursos imposibilita su acceso.

No existe el Estado mínimo, el Estado es siempre el mismo. Cuando no está focalizado en impulsar la inclusión social, está direccionado en sentido contrario garantizando rentabilidades extraordinarias de una elite minoritaria. En 2003, el 10 por ciento más rico de la población argentina tenía ingresos 148 por ciento mayores que el 50 por ciento más pobre. 12 años más tarde, esa brecha de ingresos entre el 10 por ciento más rico y el 50 por ciento más pobre era apenas 34 por ciento, para luego volver a incrementarse hasta el 56 por ciento en 2019. Hoy esa distancia es del 38 por ciento.

No hay dudas que el mercado es quien asigna los recursos de manera más eficiente satisfaciendo plenamente la maximización de la utilidad. Sin embargo, existe una dicotomía entre eficiencia y equidad, que no se resuelve sino con regulaciones Estatales. La naturalización de la pérdida de derechos horada la democracia, resta poder a la ciudadanía y posibilita el ascenso de poderes fácticos.

En la dinámica del capitalismo clásico, ni los productores de bienes ni los productores de servicios se benefician a priori con la exclusión. Los verdaderos beneficiarios de la exclusión social son los sectores especulativos de las finanzas, cuyas ganancias no guardan relación con la producción real y aumentan a la par de las primas de riesgo de los países en crisis.

El riesgo de la despolitización por las desilusiones electorales siempre está latente. El enojo tiene la capacidad de transformar en razonables ideas que, en otras situaciones, serían inmediatamente desestimadas por descabelladas, conduce a extremos en los que la misantropía se convierte en un factor dominante de las decisiones individuales e imaginar la vida en sociedad se vuelve casi imposible.

En La cultura de la satisfacción, Galbraith indagaba sobre cómo en una sociedad democrática, la mayoría de los votantes podía apoyar un aumento de la desigualdad. Esto sucede porque gracias a décadas de Estado de bienestar, el votante medio al que están dirigidas las proclamas políticas se siente mucho más distante de la pobreza extrema que de la extrema riqueza y por ende no siente la necesidad de contribuir a un Estado social del cual percibe nunca va a necesitar. Esa mayoría satisfecha se va a convertir en la base de sustentación de partidos que luego conculcan derechos amplificando dichas desigualdades.

La anteposición de las libertades individuales siempre termina horadando las libertades colectivas. Resulta necesario recordar que cuando irrumpió la pandemia de Covid-19 y la economía global colapsó, fue el Estado el que salió a asistir a los individuos y a las empresas que se cayeron del mapa. Paradójicamente, el resultado fue una concentración de la riqueza mundial aún mayor, el fortalecimiento de un discurso eminentemente individualista y la conformación de sociedades todavía más fragmentadas.

La contradicción más flagrante de las democracias modernas se hace palpable cuando invita a consumir a millones de excluidos económica y socialmente. El consumo se publicita con una apariencia democrática que no se condice con la materialidad de los consumidores. Lo que se pregona en última instancia, no es una libertad inclusiva, sino una libertad de exclusión disfrazada de revolución. 

La cantinela de bajar el déficit, otra vez.

 Pese al sobre endeudamiento de 2016-2019 y por medio de las renegociaciones de 2020, Argentina no tiene hoy un déficit excesivo. En 2021 el déficit financiero fue del 4,5 por ciento del PBI, mucho menor al de países desarrollados y otros similares en vías de desarrollo. Sin embargo, se reiteran las exigencias por bajar el déficit, precisamente por quienes hicieron todo por engrosarlo a través de la deuda.

La renegociación de la deuda con acreedores privados de 2020 equivalió a un ahorro de 37.700 millones para el periodo 2020/30, despejando el horizonte de vencimientos de corto plazo. A su vez, la reducción de la tasa de interés del 7 al 3 por ciento redujo la insostenibilidad de la deuda, lo que hubiese redundado en un mayor déficit financiero e indefectiblemente a una cesación de pagos.

No es cierto que Argentina tenga un elevado déficit fiscal, lo que Argentina tiene es una elevada evasión fiscal, equivalente al 9 por ciento de la recaudación o al 2,74 por ciento del Producto Interno Bruto según CELAG. De acuerdo con Tax Justice Network, sólo la evasión de individuos y multinacionales en Argentina equivale a 2.684.956.110 dólares por año.

Existen dos maneras de reducir el déficit: aumentando la recaudación o achicando el gasto. El problema surge cuando la cantinela de bajar el déficit se combina con la cantinela de bajar impuestos, en ese punto se genera una contradicción insalvable que solo puede explicarse con un mal sofisma.

La cantinela

La reiterada insistencia de los sectores dominantes con sus representantes políticos por bajar el déficit, oculta sus verdaderas motivaciones y se parapeta en una supuesta reducción de la inflación para legitimarse. Sin embargo, la metodología que proponen para reducir el déficit es siempre la misma: achicar el gasto.

El gasto público busca subsanar las inequidades que el sistema no resuelve por sí solo, dado que existen actividades que no son rentables desde el punto de vista economicista y es el Estado quien debe garantizarlas en pos del bien común.

En ocasiones la intervención del Estado genera crowding out, es decir, un corrimiento del sector privado por el sector público en aquellas actividades que sí son rentables. La ortodoxia sostiene que es el sector privado el que está más capacitado para llevarlas a cabo, porque es quién asigna los recursos de manera más eficiente.

Es indiscutible que es el sector privado quién mejor asigna los recursos en una economía, pero ello se realiza sobre la base de la maximización del beneficio. Si el estado no interviniese por medio del gasto o, mejor dicho, la inversión pública, sólo aquellas actividades más rentables serían las que se llevarían a cabo, mientras que las que no generan una ganancia efectiva carecerían de sentido económico y no existiría oferta.

Entre 2016 y 2019 rigió una lógica de mercado sobre los servicios públicos. Las tarifas a valores internacionales, sin relación alguna con el poder adquisitivo, provocaron una transferencia de ingresos desde la sociedad a las empresas energéticas. El sentido social que impera en el concepto de los bienes y servicios públicos desvela a los sectores que ven las cuantiosas ganancias que podrían obtener con el corrimiento absoluto del Estado.

Por otro lado, el 66% del gasto público lo compone el sistema de seguridad social: jubilaciones, pensiones, asistencia social, etc. Otra contradicción en la que se incurre cuando se arguye la imperiosidad de reducir el gasto, pero se hace demagogia reclamando aumentos en los haberes.

Sin un sistema público de reparto es muy probable que los ingresos de los sectores más desfavorecidos no puedan siquiera cubrir las necesidades básicas, tal como ocurrió cuando las AFJP se hicieron cargo del sistema previsional.

El déficit en el mundo

En 2021 Argentina tuvo un déficit financiero del 4,5 por ciento como porcentaje del PBI, muy por debajo de países como Estados Unidos (16,7 por ciento), Bolivia (9,5 por ciento), Japón (7,6 por ciento), Islandia (8,9 por ciento), Australia (7,8 por ciento), Chile (7,5 por ciento), Italia (7,2 por ciento), Colombia (7,1 por ciento), España (6,9 por ciento), Francia (6,5 por ciento) o el Reino Unido (6 por ciento).

Con el 4,5 por ciento de déficit registrado en 2021, la inflación en Argentina cerró en 50,9 por ciento, mientras que en los países mencionados la inflación fue: 7 por ciento en EEUU, 0,9 por ciento en Bolivia, 0,8 por ciento en Japón, 5,1 por ciento en Islandia, 3,5 por ciento en Australia, 7,2 por ciento en Chile, 6,5 por ciento en España, 2,8 por ciento en Francia y 5,4 por ciento en Reino Unido.

El déficit no es causal de inflación. Déficit e inflación son dos resultados. En tal sentido, la inflación se explica por la emisión monetaria con la que se financia parte del gasto y con la tasa de interés que se paga por el dinero prestado. Por ello sigue siendo necesaria una reforma tributaria progresiva que cubra eficientemente las erogaciones que realiza el Estado y una reducción en la tasa de política monetaria consistente con el crecimiento económico.

Privatizaciones como soluciones inmediatas

En épocas de crisis resurge con virulencia el discurso privatizador con el argumento de achicar gastos. Discurso en el que Aerolíneas Argentinas es una abonada casi exclusiva.

Según los estados contables de la empresa, en 2021 la asistencia del Estado nacional fue $72.797.718.843, equivalente al 0,16 por ciento del PBI. Sin embargo, el resultado del Producto Bruto Aeroportuario generado por Aerolíneas equivalió a 861.076.158 dólares, el beneficio económico para los pasajeros alcanzó los 330.681.438 dólares, los turistas receptivos internacionales y los turistas internos transportados aportaron un total de 977.226.928 dólares y de acuerdo al indicador de conectividad Aerolíneas Argentinas implicó una contribución a la economía argentina que alcanzó los 611.114.768 dólares para todo 2021. Un impacto positivo total de 2.780.099.292 dólares (0,4 por ciento del PBI).

Las externalidades positivas de contar con una aerolínea de bandera quedaron de manifiesto con la irrupción de la pandemia, cuando la emergencia sanitaria obligó a comprar de urgencia material sanitario y vacunas. Y posteriormente para la recuperación del sector turístico, uno de los más afectados por el virus. En efecto, Aerolíneas Argentinas fue clave para los $99.000 millones generados por el Pre Viaje 2021.

La reducción del déficit hoy no es sólo una demanda de los sectores económicos que se beneficiarían con el corrimiento del Estado, sino que es una imposición directa del FMI como garante del capitalismo financiero global. La economía es un ámbito de constante disputa de intereses y lo que en apariencia puede resultar lógico desde una perspectiva individual, no aplica a nivel agregado en un país.

Las situaciones de superávit fiscal y financiero no son la norma, son la excepción. Reducir el déficit por medio del ajuste en el gasto público es una defensa solapada de la desigualdad. En economía es importante el cómo, pero mucho más importante el para qué.

El tiempo de ser radicalizado

La molicie económica que se sostuvo hasta 2015, era una invitación para la moderación de un discurso constantemente beligerante que, paradójicamente, hizo posible la materialización de ese bienestar generalizado. El intento de moderación con la elección de un pre candidato de centro como Daniel Scioli, no alcanzó para contrarrestar el hastío de una sociedad permeada por los medios de comunicación hegemónicos obstinados en des historiar el progreso social y horadar la imagen pública de quienes lo vehiculizaron.

Sin entrar en el derrotero 2016-2019, las dificultades producto de la pandemia COVID-19 y la guerra en Ucrania chocaron con un gobierno que había ganado con un discurso eminentemente moderado y consensualista.

La realidad actual configura un escenario político diametralmente opuesto al del 2015. Escenario en el cual la moderación necesaria para ganar las elecciones, hoy no es siquiera una alternativa. El surgimiento de una derecha ultra conservadora que propone arrasar con el más mínimo de los derechos alcanzados por la lucha social, atenta con la posibilidad de definir estrategias que no impliquen confrontación.

Ninguno de los problemas actuales de Argentina se resuelve con diálogo y consenso. Eso podía haber sido viable en 2014 cuando la economía estaba relativamente tranquila y las necesidades materiales un poco más resueltas.

La necesidad de implementar reformas estructurales en pos de las grandes mayorías, se da de bruces con un poder real mucho más fuerte, gracias a la concentración de la riqueza a nivel nacional y global. Para contrarrestar la vehemencia de proclamas defensoras de una ignominiosa desigualdad, es imprescindible más que la voluntad política, se requiere una mayor radicalización tanto discursiva con efectiva.

Tasa de interés e inflación

Las altas tasas de interés reproducen la nominalidad de los precios. Y en el nivel actual, la tasa de referencia como herramienta de política monetaria se vuelve impotente para contener la suba de precios.

Los manuales ortodoxos de economía indican que para bajar la inflación es necesario aumentar la tasa de interés generando una política monetaria contractiva. De esta manera se consigue una caída en la inversión que reduce la demanda agregada, se produce un exceso de oferta en el mercado de bienes y los precios caen.

Lo que sucede en la realidad es que ese ajuste contractivo no provoca una baja en los precios, pero si termina impactado en una menor inversión por el encarecimiento del crédito, que en el mediano plazo conduce a una menor oferta agregada y a precios aún más altos. Un ajuste pro cíclico.

Los modelos económicos basan sus hipótesis sobre la base de un sistema de equilibrio general en el que: 

1- Hay pleno empleo.

2- Existe competencia perfecta: muchos oferentes y muchos demandantes (nadie puede fijar precios).

3- En el punto de equilibrio los mercados se vacían: la oferta y la demanda se igualan (todo lo que se produce se consume, no hay stockeo).

Las ecuaciones suponen variaciones infinitesimales y no ordenes de magnitud inasibles como los que se observan actualmente en la macro nacional. En suma, toda modelización económica está fundada sobre la base de una única moneda, que sirve tanto para invertir como para ahorrar. No es el caso de la economía nacional, con su consabido bimonetarismo. Se consume e invierte en pesos, pero el resguardo de valor se realiza en dólares.

Hoy el consumo interno está deprimido. Las ventas en supermercados de marzo a precios constantes fueron 15 por ciento más bajas incluso que las de marzo 2019 y las de centros de compras un 13 por ciento menores. El aumento actual en el nivel de precios no tiene nada que ver con un exceso de demanda como arguye la ortodoxia. Mal podría entonces, un aumento en la tasa de interés frenar el aumento en los precios.

El impacto en los precios

Existen por lo menos 3 vías por las que las altas tasas de interés generan más inflación:

1- El aumento del déficit cuasi-fiscal por mayores intereses de deuda que a la larga se pagan con más emisión.

2- El traslado del costo del financiamiento del productor/comerciante a los precios finales.

3- El incremento de los precios para que producir sea más rentable que invertir ese capital a plazo, es decir, que la eficiencia marginal del capital supere a la tasa de interés.

Incentivar el ahorro en pesos es el camino correcto, pero este no puede hacerse a costa del consumo. La tasa de interés no puede ser la variable de ajuste para desincentivar la demanda de dólares, en tal sentido es preferible aumentar los controles cambiarios y afectar a los ahorristas, que distorsionar la macroeconomía y afectar a la población en su conjunto.

El eje central de cualquier modelo económico con inclusión social es el sostenimiento de tasas de interés reales negativas para favorecer la producción local e incentivar el consumo interno, pese a la novedosa insistencia de que es necesario generar rentabilidades reales positivas para los que tienen inversiones financieras.

Evidencia empírica

El éxito de la Ley 23.928 de Convertibilidad del Austral estuvo dado no solo por la fijación de la paridad cambiaria, sino también en el descenso brusco de la tasa de interés para cortar con la inercia inflacionaria de fines de los 80. En febrero de 1991, la tasa de referencia era 251,54 por ciento, luego de la implementación de la reforma en abril de 1991, esta se redujo al 15,12 por ciento, para mantenerse en un dígito a lo largo de toda la década: 9,09 por ciento.

En la década que va del 2003 al 2012, con otro modelo económico diametralmente opuesto, la tasa de política monetaria promedio también se mantuvo en un dígito: 7,09 por ciento. Y la inflación promedio para toda la década se ubicó en el 8,7 por ciento.

A medida que la inflación se fue incrementando producto de las devaluaciones de 2018 y 2019 el gobierno de Mauricio Macri decidió liberalizar la tasa de interés y que el precio del dinero lo fijase el mercado. En septiembre de 2019 la tasa tocó un pico de 86 por ciento, en teoría, ello hubiese sido más que suficiente para frenar cualquier suba de precios, sin embargo, la inflación de ese año siguió aumentando para cerrar en 53,8 por ciento.

Tasa e inflación en el mundo

En lo que va de 2022 la inflación se aceleró en todos los países, incluso en los que la inflación nunca fue un problema. Sin embargo, los países desarrollados siguen sosteniendo tasas de interés irrisorias: Suiza -0,8 por ciento y Dinamarca -0,6 por ciento, Francia, Finlandia, Luxemburgo, Italia, Irlanda, Alemania, Portugal y España todos en 0 por ciento y con niveles de inflación que en ningún caso superan el 9 por ciento. El costo del dinero no se modificó porque la causa del aumento en los precios estriba en la salida de la pandemia y la guerra, no en una demanda desmesurada.

En el extremo opuesto se encuentran: Haití con una tasa de interés de 17 por ciento, Irán 18 por ciento, Moldavia 18,50 por ciento, Ghana 19 por ciento, Angola 20 por ciento, Ucrania 25 por ciento, Argentina por ciento 52 por ciento, Venezuela 56,18 por ciento y Zimbabue 80 por ciento. Con los índices de inflación respectivamente más altos del mundo: 25,17 por ciento (Haití), 39,3 por ciento (Irán), 29,1 por ciento (Moldavia), 27,6 por ciento (Ghana), 24,42 por ciento (Angola), 18 por ciento (Ucrania), 60,7 por ciento (Argentina), 222 por ciento (Venezuela) y 132 por ciento (Zimbabue). Si bien no es lineal, la tasa de referencia establece el piso para los aumentos de precios.

Inflación y democracia

La inflación fue terreno fértil para la llegada del fascismo luego del fracaso de la República de Weimar, la llegada de la dictadura cívico militar post Rodrigazo y el desembarco del segundo neoliberalismo luego de la hiperinflación de 1989, que derivó en la peor crisis de la historia argentina.

El costo de la inacción o de la acción consuetudinaria, siempre deriva en reacciones violentas y antipopulares. Avanzar en una reforma tributaria progresiva que permita reducir parcialmente la emisión monetaria o el endeudamiento para financiar al tesoro nacional debiera ser prioridad. Desindexar la economía, propender a rentabilidades sustentables acordes con el crecimiento macroeconómico nacional y con los países de similar escala, resulta imperioso.

Dejar atrás un modelo de valorización financiera que genera distorsiones en todos los órdenes económicos implica voluntad política. Esas distorsiones que se manifiestan en los efectos desigualadores que provoca un índice de precios al consumidor más alto, terminan repercutiendo tarde o temprano en la gobernabilidad política.

Es necesario realizar una reforma monetaria y políticas contra cíclicas que compatibilicen la tasa de crecimiento económico (g) con la tasa de retribución al capital (r). Como señala Piketty, la problemática actual del capitalismo es que el capital se valoriza más rápido que el crecimiento de la economía (r > g), lo que conduce a una dinámica desigualadora explosiva. Pero en Argentina esa dinámica se ve exacerbada por un modelo que se impuso a fines de 2015 y que todavía no fue desarmado.

Ahora 12 y crecimiento impulsado por la demanda

 El programa Ahora 12 no es simplemente una herramienta para comprar con financiamiento barato, sino que constituye un esquema de disociación de las tasas de interés vigentes en la economía nacional. En 2021, Ahora 12 representó el 2,02 por ciento del PBI de manera directa, con una facturación total de $ 943.771.015.135. Mientras que en 2019 la facturación total había sido $357.176.698.950, un 1,65 por ciento del PBI de ese año.

El programa

Ahora 12 nace de la resolución conjunta 671 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y 267 del Ministerio de Industria el 11 de septiembre de 2014, como una manera para evitar el estancamiento global, incentivando el consumo y la producción nacional de bienes y servicios.

El rasgo característico al momento de su creación fue el de otorgar 12 cuotas sin interés para diversos rubros clave en la generación de puestos de trabajo. El costo del financiamiento se repartía entre el comercio que absorbía el 10 por ciento y el resto los bancos comerciales y el BCRA reduciendo los encajes.

Con el cambio de gestión a fines de 2015 ese rasgo distintivo fue dejado de lado por una administración que consideraba fútil la protección de la industria nacional y artificial el acceso de los consumidores al mercado. El costo del financiamiento del programa fue incrementándose paulatinamente a partir de 2018 en consonancia con aumento de la tasa de política monetaria, desvirtuando su objetivo original.

En las sucesivas renovaciones se fueron extendiendo tanto los plazos en los que cobraba el comercio, como el interés que debían afrontar. La Disposición 31 del 29 de junio 2018 elevó el interés directo que absorbía el comerciante del 10 por ciento al 14,4 por ciento y extendió el plazo más rentable para la acreditación del pago de 2 a 10 días. Y la Disposición 168 del 28 de diciembre del mismo año elevó el interés para ese plazo al 19,49 por ciento.

La descapitalización

No Hay razones para invertir en la economía real cuando no se fomenta el mercado interno. La inversión pasó del 19,5 por ciento del PBI en 2015, al 17,2 por ciento en 2019. Entre 2016 y 2019 Argentina se descapitalizó: el ahorro se dolarizó, salió del sistema económico y se perdió capacidad inversora. El redireccionamiento de los recursos, otrora productivos, hacia un esquema especulativo de valorización financiera, alteraron el modo de acumulación del capital que rigió hasta el 2015.

La imposición de altas tasas de interés reales positivas repercutieron tanto en la oferta como en la demanda. El costo para financiarse se volvió en una carga que condujo a quebrantos masivos, al cierre de 24.537 PyMes y a la pérdida de 219.522 empleos registrados en el sector privado o empleo genuino, como prefiere la ortodoxia. La industria fue el sector más afectado. Entre 2015 y 2019 el valor agregado de la industria manufacturera se contrajo 13,6 por ciento en términos reales y 166.783 asalariados perdieron su trabajo.

Ahora 12 y producción

Existe una correlación positiva entre Ahora 12 y el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI) que elabora el INDEC. La demanda que genera el programa en aquellas industrias que agregan valor se traduce en un incremento en la inversión y mayor producción. Esta correspondencia entre demanda e inversión ejerce a su vez un impacto positivo en igual sentido sobre el empleo.

La facturación empezó aumentar de manera exponencial a partir de junio de 2019, cuando la tasa nominal anual se bajó del 45 al 20 por ciento, dando un fuerte impulso al consumo (interrumpido por la primera y segunda ola de la pandemia), como se observa en el gráfico:

 Fuente: elaboración propia, en base a Ministerio de Desarrollo Productivo e INDEC

La reducción en el costo del financiamiento fue una medida contra cíclica fundamental, en un contexto en el que la economía venía contrayéndose de manera constante producto de las políticas regresivas y transferencia de ingresos. Ya que toda suba en la tasa de interés lastima la capacidad de ampliar el producto potencial, disminuye la demanda efectiva afectando el grado de inversión, conduce a una menor oferta final y redunda en precios más altos.

Mas fructífero, sin embargo, resulta el análisis desagregado por rubro. Indumentaria es el rubro más demandado, en 2021 registró 29.277.883 operaciones y fue el segundo en cuanto a facturación con $ 232.001.012.991. El índice de correlación entre facturación y el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI) es de 0,68, lo que implica una significativa correspondencia entre el incremento de la facturación marginal y aumento en la producción.

Fuente: elaboración propia, en base a Ministerio de Desarrollo Productivo e INDEC

No es casualidad que gran parte de la demanda en indumentaria se canalice a través del programa, dado que en los últimos años fue una de las categorías con mayor inflación (60 por ciento en 2020 y 64,6 por ciento en 2021), por encima el nivel general.

Teoría y práctica

La industria manufacturera es la rama de la economía con mayor cantidad de trabajadores registrados del país. El año 2021 cerró con un total de 1.125.411 asalariados y con 39.977 trabajadores más que en 2019 fue la segunda rama con mayor crecimiento. La segunda más importante es el comercio con 1.119.609 y ambas se interrelacionan en la dinámica del mercado interno. Comparado con 2019, la industria recuperó un 6,8 por ciento en valor agregado bruto y la inversión en maquinaria y equipo creció 23,6 por ciento en términos reales.

El mayor nivel de empleo fortalece la negociación de los trabajadores para recomponer poder adquisitivo y aumentar el consumo. La expansión del mercado interno a través del mayor consumo motoriza, a su vez, nuevas inversiones, en el conocido círculo virtuoso del multiplicador Keynesiano.  

Keynes rebate uno de los axiomas fundantes de la escuela clásica con su crítica a la “ley de Say”, según la cual toda oferta crea su propia demanda y por ende la manera de generar crecimiento sería aumentando la oferta. Según él, si así fuese, no existiría entre otras cosas desempleo, ya que no es más que un exceso de oferta de mano de obre que no encuentra su demanda.

Uno de los aportes más relevantes de su teoría general es la caracterización de la demanda efectiva, como la suma de la demanda que la comunidad gasta en consumo y la demanda que dedican los empresarios para realizar nuevas inversiones que, a su vez, tiene la capacidad de incrementar el producto potencial. Siguiendo con su análisis, es la demanda la que debe ser impulsada y fomentada ya que es la que realmente puede liderar el crecimiento económico de una sociedad. Para aumentar el nivel de ocupación, entonces, es necesario aumentar el consumo.

La brecha entre la teoría y las medidas de política económica suele ser una constante. Ahora 12 cubre parcialmente esta brecha, beneficiando tanto a trabajadores-consumidores como a empresarios-inversores. Sin embargo, no deja de ser una medida de contingencia. La economía nacional debe volver a un sendero de tasas de interés de un dígito para ordenar sus desequilibrios macroeconómicos y el problema de inflación crónica. El éxito del programa Ahora 12 radica justamente en las bajas tasas en relación a las de mercado, pero mucho más eficiente resultaría reducir estructuralmente los excesivos costos que se trasladan a todos los órdenes microeconómicos.

Bajar la tasa | mitos y certezas sobre la inflación

 

Que el gasto público genera inflación. Que su consecuente déficit genera inflación. Que la emisión con la que se cubre parte del gasto genera inflación. Que los impuestos que no llegan a cubrir el gasto, generan inflación y que todo se resuelve liberando el tipo de cambio; son argumentos consuetudinarios repletos de galimatías, que la ortodoxia repite en los medios masivos de comunicación. Y que la heterodoxia pocas veces cuestiona.

 

La tasa de interés establece un piso para el incremento de los precios. El nivel de la tasa es una de esas múltiples causas que explican la inflación y que se ha mantenido incólume no sólo en las políticas económicas, sino incluso en el debate público. Quizá porque ello implicaría discutir de manera directa la rentabilidad del capital.

Claro que es deseable que el gasto público sea bajo: porque hay un mercado que funciona eficientemente sin fallas; el déficit nulo: porque los impuestos son consistentes con el nivel de gasto; y las cuentas ordenadas: porque no es necesario recurrir a la emisión. Pero lo deseable no puede ser enemigo de lo necesario.

Gasto público

De la comparación internacional surge que en 2020 los 10 países con mayor gasto público como porcentaje del PBI fueron: Francia (62,44 por ciento), Grecia (60,69 por ciento), Bélgica (60,18 por ciento), Noruega (58,36 por ciento), Austria (57,87 por ciento), Italia (57,29 por ciento), Finlandia (58,68 por ciento), Dinamarca (53,99 por ciento), Canadá (53,28 por ciento) y Suecia (52,92 por ciento). Lista similar al 2019, aunque con porcentajes más altos por la crisis Covid.  Muy por encima de lo que destinó Argentina (43,07 por ciento)

La inflación en esos países fue: -0,02 por ciento en Francia, -1,26 por ciento en Grecia, 0,41 por ciento en Bélgica, 1,29 por ciento en Noruega, 1,38 por ciento en Austria, -0,13 por ciento en Italia, 0,23 por ciento en Finlandia, 0,49 por ciento en Dinamarca, 0,71 por ciento en Canadá y 0,49 por ciento en Suecia. Mientras que para Argentina fue del 36,1 por ciento.

Déficit

Entre los países con mayor déficit público como porcentaje del PBI en 2020 se destacaron: Estados Unidos (-14,85 por ciento), Brasil (-13,37 por ciento), India (-12,78 por ciento), Reino Unido (-12,53 por ciento), España (-10,95 por ciento), Canadá (-10,88 por ciento), Grecia (-10,10 por ciento), Italia (-9,60 por ciento), Bélgica (-9,40 por ciento) y Francia (-9,10 por ciento). Por encima -8,50 por ciento de Argentina. Sin embargo, la inflación en aquellos países fue: 1,4 por ciento en Estados Unidos, 5,5 por ciento en Brasil, 6,6 por ciento en India, 0,8 por ciento en Reino Unido, -0,5 por ciento en España, 0,71 por ciento en Canadá, -1,26 por ciento en Grecia, -0,13 por ciento en Italia, 0,41 por ciento en Bélgica y -0,02 por ciento en Francia.

Impuestos

Los países con mayor presión tributaria del mundo como porcentaje del PBI en 2020 fueron: Dinamarca (47,40 por ciento), Francia (47,30 por ciento), Bélgica (45,40 por ciento), Suecia (43,30 por ciento), Italia (42,80 por ciento), Austria (42,40 por ciento), Finlandia (42,10 por ciento), Alemania (41,30 por ciento). Muy por encima del 29,41 por ciento de Argentina. Y otra vez, nadie duda que la inflación en la Europa desarrollada es una cuestión controlada.

Dinero

Entre los países con mayor oferta monetaria amplia respecto del PBI de 2020 se destacan: Japón (282,89 por ciento), China (213,78 por ciento), Reino Unido (157,51 por ciento), India (133,36 por ciento), Chile (133 por ciento), Australia (123,84 por ciento), Brasil (108,06 por ciento), Estados Unidos (91,37 por ciento) y Bolivia (86,45 por ciento)

Argentina cerró 2021 con una oferta monetaria amplia equivalente al 22,3% del PBI, mientras que en 2020 había sido del 22,8%. Empero, la inflación de un año a otro se incrementó en 14,8 puntos porcentuales. Es cierto que la emisión jugó un papel importante, pero en 2018 y 2019 por disposición del Fondo Monetario Internacional, el gobierno no recurrió a la emisión monetaria para financiarse, sin embargo, la inflación fue 47,6 por ciento y 53,8 por ciento respectivamente.

Tipo de cambio

Tanto la sustitución de importaciones (en el corto plazo) como el endeudamiento en moneda extranjera presionan sobre el tipo de cambio. La competencia por las divisas ocurre tanto en el plano comercial como en el plano financiero y esa presión que aumenta la cotización, se traslada a los precios internos. Cuando escasean los dólares para importar insumos, producir se vuelve más caro y por ende se termina sintiendo en el poder adquisitivo. El elevado endeudamiento en moneda extranjera es causal de un nivel de precios más alto.

En el mediano y largo plazo, la sustitución de importaciones amplía la capacidad exportadora y quita presión sobre las divisas, mientras que la deuda que fue a la especulación y no a ampliar la capacidad productiva, la mantiene constante. Pretender que la disputa que se resuelva mediante la no intervención o quitando controles es olvidarse del traslado a precios de los saltos devaluatorios de 2015-2019 y más específicamente de la liberalización post PASO 2019.

Tasa de interés

El nivel actual tiene una incidencia directa sobre el nivel de los precios. Este elevado nivel de tasa reproduce la nominalidad del proceso inflacionario y explica en gran medida la histéresis del fenómeno en nuestro país (constitutivo, a su vez, del factor cultural).

“Para inducir a realizar nuevas inversiones, la tasa de rendimiento sobre costo debe exceder a la tasa de interés” Señala Fisher en “La teoría del Interés”. Coincide Keynes en su Teoría general que “El efecto estimulante de la expectativa de precios mayores no se debe a que eleven la tasa de interés (lo que sería un medio paradójico de estimular la producción -en la que la tasa de interés sube, el incentivo queda neutralizado en la misma extensión-), sino que eleva la eficiencia marginal de un volumen dado de capital”.

Dicho de otro modo, si la tasa de interés anual que paga un empresario para realizar una inversión es del 50%, el precio de venta de su nueva oferta necesariamente estará por encima de ese nivel, para repagar esos fondos y obtener un beneficio positivo. Caso contrario, para que el ahorro existente se convierta en inversión productiva, el incentivo del empresario está ligado a precios que superen el rendimiento de colocar su capital a plazo.

Los países con mayor tasa de interés en 2021 fueron: Zimbabue (60 por ciento), Venezuela (52,7 por ciento), Argentina (38 por ciento), Angola (20 por ciento), Turquía (14 por ciento), Ghana (13,5 por ciento), Nigeria (11,5 por ciento), Georgia (10,5 por ciento) y el Líbano (10 por ciento). Consecuentemente, los países con mayor inflación del mundo.

En el otro extremo están: Suiza, Austria, Bélgica, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Irlanda, con tasas de política monetaria de cero por ciento o incluso en terreno negativo. Y con niveles de inflación que no vale la pena reiterar.

Tanto el período que va desde la puesta en marcha de la convertibilidad en 1991 al 2000, como el que va del 2003 al 2012 se caracterizan por una baja inflación y por una tasa de referencia promedio menor a los 2 dígitos: 9,09 por ciento y 7,09 por ciento respectivamente. Si bien son períodos se contraponen desde lo económico, ambas décadas coinciden en que el proceso inflacionario no fue un problema.

Luego de la estabilidad observada en 2017, en pleno auge del modelo de valorización financiera, con una estrategia de atraso cambiario para el ingreso de capitales extranjeros vía endeudamiento privado e instrumentos en pesos con alta rentabilidad, el modelo se tornó insostenible hacia abril de 2018 cuando el mercado financiero cortó abruptamente el financiamiento. Los capitales emprendieron su partida con la misma velocidad con la que habían ingresado (diría Schvarzer) y, tras el acuerdo con el FMI, el ejecutivo decidió liberar la tasa al juego de la oferta y la demanda, en un intento infructuoso por contener la salida de capitales al exterior. La inflación comenzó a acelerarse en la misma medida en que lo hacían el tipo de cambio y la tasa de política monetaria, que alcanzó un pico del 86 por ciento el 10 de septiembre de 2019. Los manuales ortodoxos indican que dicha medida hubiera más que alcanzado para contener los precios. No fue lo que se constató.

La presunción de que una suba en la tasa de interés se traduce en un descenso de la inflación se basa en el supuesto de que la demanda es la responsable de los aumentos de precios. Mal podría ser ese el motivo con niveles subóptimos de consumo. Ha de ser una estrategia útil cuando la economía se encuentra en niveles plenos de utilización de sus recursos, pero cuando está en un subóptimo se encarece aún más el crédito, producir se vuelve más oneroso, disminuye la oferta y se espiraliza la inflación.

Bajar la tasa de interés y dejar de ser el patio trasero de las finanzas internacionales que consiguen rentabilidades extraordinarias debería ser prioridad.  Pese a los avances en los últimos años, desarmar el modelo de valorización financiera del capital resulta más complicado de lo que parece, pero la necesidad es acuciante. Una nueva legislación que regule las entidades financieras y que permita direccionar los fondos hacia un sistema económico productivo y socialmente inclusivo, sigue siendo una cuenta pendiente.

Una economía con demanda agregada insatisfecha no puede volver a soportar un proceso con tasas de interés reales positivas. La tasa de interés es el precio del dinero y en Argentina el dinero es caro en extremo. La inflación tiene múltiples causas, es cierto. Pero una de esas causas centrales es el nivel de la tasa de interés, poco frecuente en el abordaje. Los controles de precios pueden ser útiles y coyunturalmente necesarios, pero no resuelven la inflación. El problema es principalmente macroeconómico.