Si en algo se caracterizó el
‘nuevo’ neoliberalismo que gobernó Argentina entre 2015-2019 es en sus
similitudes económicas con el viejo neoliberalismo; el que tomo el poder en
1976 y el que ganó democráticamente luego de un golpe de mercado en 1989.
El uso difundido de prácticas de
la vieja política fue norma durante la gestión de Mauricio Macri: control del
aparato judicial con persecución a opositores, dominio de los medios de
comunicación encargados de campañas de prensa y Noticias Falsas, y cooptación de
representaciones gremiales con represión obrera en caso de protesta.
Una vez abandonados los controles
económicos oficiales, se dio paso a la desregulación para que los grupos
empresarios amigos hicieran sus negocios como es usual bajo este régimen; Con Estado
asegurando las divisas para que estas empresas pudieran dolarizar su excedente,
con el Estado aumentando las tarifas de servicios públicos regulados pero
concesionados, con el Estado reprimiendo salarios y manifestaciones, y a costa
del Estado mediante licitaciones millonarias para el cartel de la obra pública.
La novedad del reciente
experimento neoliberal radicó en la tergiversación de los derechos conquistados
por la mayoría durante la posconvertibilidad: se cambió la lógica de las Políticas
de Inclusión por Políticas de Contención. De esta manera se hizo un
uso discrecional y clientelista de las herramientas estatales para incorporar a
la ciudadanía en el sistema, con el eje en la pauperización de las políticas
públicas.
Por un lado, se abandonaron
programas como “Conectar Igualdad”, “Qunita” y “Argentina Sonríe”; mientras que
otros fueron reemplazados, en el mejor de los casos, por versiones low cost:
Plan Remediar por la “Cobertura Universal de Salud” (CUS), Argentina Trabaja y Ellas
Hacen por el “Hacemos Futuro” (sin perspectiva de género) y el Plan de
Inclusión Jubilatoria por las “PUAM”, que representaban un 80% del haber mínimo.
Se fue liberando paulatinamente, el espacio que ocupaba el Estado para que se hiciera
cargo el mercado, gestionando las necesidades sociales desde una lógica economicista.
Por otro lado, las herramientas
de inclusión que no fueron eliminadas derivaron en meros instrumentos de
contención:
·
La AUH se convirtió en la principal variable
para evitar un estallido de los sectores populares, sin embargo, el rezago
frente al proceso inflacionario, sumado a la falta de oportunidades laborales
hizo menos probable el ascenso social[1][2].
Más grave aún, la principal política que alguna vez pretendió llevar algo de
alivio a sus beneficiarios y beneficiarias, gradualmente fue perdiendo la
capacidad de cubrir necesidades nutricionales básicas. Y al final del gobierno
de Macri apenas el 10% de los pibes cubría plenamente la Canasta Básica
Alimentaria:
Porcentaje de cobertura de la Canasta Básica
Alimentaria con AUH proyectado a diciembre 2019
Fuente: CEPA en base a INDEC y ANSES
·
El programa de becas PROGRESAR, que servía para incorporar
a la educación formal al grupo etario de 18 a 24 años, subvirtió su esencia
inclusiva al establecer un corte preselectivo con carreras prioritarias y
premio al mérito académico[3].
Sólo se convirtió en un estipendio pecuniario desactualizado respecto de la
inflación, aislado de la línea de AUH y del que muchos quedaron fuera por sus
nuevos requisitos.
Cantidad de jóvenes en el Plan Progresar. Período 2014
– 2019 (casos liquidados en promedio)
Poder adquisitivo de la transferencia de la Beca
Progresar entre 2015 y 2019 por niveles.
Base Promedio 2015 = $100
Fuente: CEPA en base a ANSES, IPC
CABA, IPC INDEC y REM BCRA
·
El programa Precios Cuidados, un acuerdo de
precios de referencia con productos de primeras marcas, fue reemplazado por una
canasta para pobres con segundas y terceras marcas[4].
Si bien el objetivo original del programa era desactivar la inercia
inflacionaria, en última instancia servía para incluir en el consumo a los
sectores más vulnerables, ya que, es ahí, donde la inflación tiene mayor
impacto, por destinar gran parte de sus ingresos en alimentos.
Cantidad de
primeras marcas por acuerdo
Ni siquiera fue una derecha que
tendiera a la tan mentada eficiencia. La aporofobia se combinó con el odio por
la equidad social y lejos de resolver el problema de la pobreza, lo
profundizaron. El otorgamiento de créditos a tasa usuraria por medio de la
ANSES, pareció intentar sumir a los sectores excluidos en una trampa de pobreza
vitalicia, perversa y garantizada por el mismo Estado que otrora, los supo
incluir socialmente, pero que ahora los incluía en la miseria.
En esta dirección se orientaron
las primeras medidas del gobierno de Alberto Fernández. Se establecieron 2
aumentos de suma fija para las jubilaciones mínimas de $5000, equivalentes al
35% del haber y un pago de $2000 para beneficiarios de AUH. Y además se redujeron las tasas de interés para
los que habían tomado créditos[5]:
del 42 al 31,5% para jubilados y del 48 al 36% para AUH, buscando reducir el
impacto del desdoroso endeudamiento. A su vez, se retrotrajeron los precios de
los medicamentos un 8%, se congelaron las cuotas de los créditos UVA y se
congelaron las tarifas de servicios públicos por 6 meses, lo que beneficia a la
población en su conjunto.
Con todo, se vuelve a poner el
acento en los más postergados garantizando un piso de igualdad para que el
crecimiento económico futuro no implique una polarización mayor en los ingresos
entre los que más y menos tienen. Es un punto de arranque y la voluntad
manifiesta de recuperar la esencia de las políticas inclusivas que fueron
desvirtuadas durante los últimos 4 años.