Federico Glodowsky, @fede_glodo.
El “Supermartes” significó un voto de confianza de los
mercados hacia las políticas económicas del equipo económico. Con una
renovación del total del stock de LEBAC y ingreso incluso de nuevos tenedores,
el gobierno recibió un espaldarazo de fuste. Una suerte de victoria política
similar a la de las PASO 2017, que ratifica el rumbo y los objetivos de fondo
de las decisiones del ejecutivo.
El Supermartes marco un punto de inflexión en la política
argentina. Las fuerzas de poder volvieron a invertirse y la economía volvió a
determinar los destinos de las políticas públicas. Cuando se carece de planes
de gobierno, se libera espacio para que sea el mercado el que se ocupe de la
gestión.
En septiembre del año pasado se eliminaron los acuerdos
de precios liberando el mercado de los combustibles, los precios pasaron a
depender de la oferta y la demanda, no interna, sino la internacional. Dejaron
de ser relevantes los automovilistas, los transportistas, los fleteros, los
colectivos de larga distancia, todos los argentinos que utilizan combustible
para calefaccionarse y cocinar y hasta los productores agropecuarios que
utilizan combustible para sus maquinarias, quienes deberán pagarlo, ahora, a
precio dólar.
Desde la desregulación, el precio de la nafta aumentó un
29%. En menos de un año el incremento superó a cualquier paritaria acordada y a
cualquier índice de precios. Desde la Cámara de Empresarios del Combustible
todavía prevén un aumento del 20% para lo que resta del 2018.
En noviembre de 2017, la secretaría de comercio del
ministerio de Producción, mediante la Resolución
898-E/2017 el gobierno eliminó las licencias para la importación de
artículos electrónicos. Si bien esto implicaría, a diferencia de la
desregulación hidrocarburífera, una baja en los precios de los bienes
importados, por el momento, poco se tradujo a precios y parece más haber ido a
engrosar la rentabilidad empresaria. Por otro lado, con el último salto del
dólar a $25, las listas de precios de las cadenas comercializadoras también
debieron ajustarse.
Los electrónicos de producción nacional son los
principales perjudicados con el combo devaluación, quita de subsidios y
eliminación de barreras protectoras. Aquí el traslado a precios representa un
aumento considerable en el precio final de los bienes. Medidas que
no encuentran demasiado justificativo económico cuando se analiza el costo
social, el impacto en términos de empleos argentinos y aumento de la pobreza.
En el sector industrial sucede algo similar. En línea con
los tratados de libre comercio que impone la OMC, Comercio decidió mediante
la Resolución
5-E/2018 a principios de año, dar de baja 300 licencias no
automáticas que protegían a los productores locales de la importación de productos
como laminados de acero, aluminio semi elaborado, polipropileno,
poliestireno, PVC e hilados de algodón. Ahora los sectores implicados
producirán en desventaja en el mejor de los casos o deberán cerrar sus Pymes en
pos de la eficiencia económica y la “desburocratización” del Estado.
Para cuando a fines del 2018 se elimine por completo la
obligación de otorgar ">de “financiamiento para la producción e inclusión financiera” de acuerdo
a la ">disposición del BCRA, muchas Pymes verán cercado el camino para continuar funcionando,
debiendo competir con precios imposibles de países con costos insignificantes.
Las retenciones a las exportaciones cumplen la función de desacoplar los
precios internos de los externos, cobrando un impuesto que hace menos rentable
vender afuera y deja indiferentes a los empresarios acerca de dónde venden su
producción. Con precios internacionales más altos y en dólares, resulta más que
tentador colocar la mayor parte de la producción en el extranjero. El resultado
es un mercado desabastecido y/o con precios al mismo nivel que se paga por el
producto en el extranjero.
En diciembre de 2016, mediante el Decreto
1343/2016, el gobierno eliminó los derechos de exportación para casi todos
los productos exportables y bajó 5 puntos el de la soja y sus derivados, del 35
al 30 por ciento. Eliminó los derechos de exportación para bienes
industriales mediante el Decreto
160 de 2015 y para la minería mediante el Decreto
349/2016.
Las economías que dolarizan parte de su excedente
económico presentan una relación de largo plazo positiva entre fuga de
capitales y su nivel de ingresos. Históricamente Argentina ahorró en dólares y
dado que en la macroeconomía ahorro es igual a inversión, las rentas que
devengan esas inversiones deben ser suplidas con un monto de pasivos externos
creciente que asegure las divisas necesarias para, nuevamente, ser fugadas del
sistema económico. Un bucle sin final. En tal sentido, 2018 va camino a
convertirse en un año récord, en el que los argentinos más dolarizaron sus
ahorros.
Llevar todos los precios al nivel del dólar implica
relegar un grado de libertad en materia de independencia económica y constituye
un factor adicional en materia de volatilidad interna. En 2008 no estar
“integrados al mundo” nos preservó de los efectos devastadores de la crisis
Subprime comparado con economías más integradas globalmente.
Hoy volvimos al mundo no solo comercial sino
financieramente, pero de la peor manera; rematando espacios en el entramado
económico nacional, que ya estaban ocupados, aunque con dificultad, por actores
locales, que se encargaban de generar cientos de miles de puestos de trabajo.
Como resulta prácticamente imposible bajar salarios
nominalmente, es decir, reducir el número en el recibo de sueldo, se ha venido
dando una baja real, o sea, modificando los precios relativos al salario. En
noviembre de 2015 el sueldo mínimo era de US$ 590, el más alto en
Latinoamérica. En menos de tres años se redujo en un 35% a US$ 385, producto de
la transferencia de ingresos del sinceramiento de la economía y la dolarización
de los precios de su mercado interno.